La fuerza de la opinión pública

EL 11 de julio, el buque británico Atlantic Fisher tenía que iniciar la operación de arrojar al mar, en la llamada fosa atlántica, a unas 700 millas de las costas gallegas, 4.000 toneladas de residuos radiactivos. La operación no ha podido ser llevada a cabo; el Atlantic Fisher sigue atracado en el puerto, sin tripulación siquiera para navegar, y el eficaz boicoteo de los sindicatos británicos convierte en improbable que otro buque de la marina mercante realice el trabajo de ensuciar las aguas internacionales.El año pasado, cuando el Gobierno británico llevó a efecto una operación semejante, se produjo, sobre todo en Galicia, una movilización popular importante: varios barcos, uno de ellos de la organización ecologista internacional Green Peace, se situaron en el lugar de los vertidos para impedir el normal desenvolvimiento de las maniobras. Sin embargo, esos arriesgados esfuerzos para obstaculizar la descarga de los desechos resultaron finalmente inútiles, y el cementerio marino recibió una nueva remesa de basuras radiactivas. ¿Qué hechos han tenido lugar desde entonces para que en la presente ocasión los residuos no hayan podido ser arrojados a la fosa? La razón esencial es que la opinión pública internacional ha tomado conciencia de los peligros que pueden derivarse de tales vertidos para el futuro de la humanidad; las explicaciones tranquilizadoras que se han dado a este propósito, en las que se comprometió el Gobierno Calvo Sotelo, no han convencido. Basta que subsistan dudas sobre lo que pueda suceder en el futuro con los residuos para que el peligro de su vertido en el mar resulte inaceptable para el sentido común. El papel de España en esa toma de conciencia es importante, y en particular el de Galicia, que siente más directamente la eventual amenaza, por la proximidad de sus costas a la fosa atlántica.

En enero de este año, la propuesta de España ante la convención celebrada en Londres para conseguir una moratoria en las operaciones de vertidos de residuos radiactivos fue aprobada por mayoría, con el voto en contra del Reino Unido, que quedó en una posición incómoda. La decisión no era vinculante, pero Holanda decidió modificar su actitud y anular sus vertidos en el Atlántico. El factor esencial que explica el cambio de actitud de los Países Bajos y las dificultades que el Gobierno británico encuentra para realizar la anunciada descarga en la fosa atlántica ha sido la amplitud y diversidad de la campaña de las organizaciones ecologistas. Las movilizaciones populares contra los vertidos británicos con motivo de la jornada internacional del 11 de julio, y de un modo directo contra la expedición del Atlantic Fisher, han sido decisivas para suspender la proyectada operación. En Galicia, Madrid, Alicante, Sevilla, Bilbao y en diversos países europeos se produjeron manifestaciones ante representaciones diplomáticas y consulares del Reino Unido, en las que participaron movimientos ecologistas, partidos de izquierda y sindicatos. La protesta contra la contaminación de los océanos desborda las fronteras específicamente políticas y es capaz de movilizar a los grupos juveniles. Por lo demás, la actitud de boicoteo de los sindicatos británicos, y marcadamente el de marineros, apoyado por los de transportes, ferroviarios, oficiales de marina mercante y aviación civil, ha sido decisiva para impedir que el Atlantic Fisher desatracara. El hecho merece ser destacado, porque sólo en casos muy excepcionales los sindicatos actúan en el Reino Unido en problemas no laborales.

¿Qué va a ocurrir con las 4.000 toneladas de residuos radiactivos británicos? De momento no han podido ser embarcados, y han sido trasladados a un depósito militar en Bicester, en el distrito de Oxford. El Gobierno Thatcher permanece callado, tanto ante las protestas oficiales de varios Gobiernos (España, Portugal, países nórdicos), que insisten en el respeto de la moratoria decidida en la convención de Londres, como ante las manifestaciones de la opinión pública. Se dice que la señora Thatcher podría encomendar a la Royal Navy la misión de arrojar los residuos en la fosa atlántica. No es descartable que el Gobierno conservador británico, desafiando a los significativos sectores de la opinión pública de su país y del resto de Europa, trate de forzar la situación mediante la adopción de esa grotesca medida de militarizar algo tan escasamente relacionado con la seguridad nacional como es el traslado de los desechos radiactivos al cementerio marino cercano a nuestras costas. Pero, independientemente de cuál sea el desenlace del conflicto en el Reino Unido, resulta necesario destacar, como principal novedad de esta experiencia, que la protesta contra los vertidos marinos de los residuos radiactivos ha sido expresada conjuntamente en diversos países europeos, en un movimiento de solidaridad, que ha desbordado las fronteras y ha situado la cuestión de la contaminación del océano en una perspectiva internacional. Aunque sería precipitado extraer de ese movimiento de rechazo conclusiones definitivas, bien merece la pena destacar el valioso esfuerzo de solidaridad y generosidad desplegado por los movimientos ecologistas en esta ocasión.