Los empresarios del cine y el vídeo denuncian el fraude y la piratería, que afecta al 80 % del sector

Las agrupaciones de empresarios del sector del cine y del vídeo y representantes de la Sociedad General de Autores de España han enviado al presidente del Gobierno, Felipe González, un telegrama en el que "exigen que el gobierno tome las medidas oportunas para evitar el flagrante fraude que supone la actual piratería del vídeo en España". Según los sectores denunciantes la defraudación por este sistema en el mercado videográfico español se evalúa en más de 100.000 millones de pesetas en 1982. En la actualidad el Consejo de Estado estudia una próxima legislación sobre reproducción y exhibición de material audiovisual.

Los representantes de la mayor parte de las empresas del sector del cine y del vídeo -que agrupa a producción, distribución, exhibición y vídeos legales- tomaron la decisión de dirigirse al presidente del Gobierno al término de una reunión de cuatro horas de duración celebrada a últimas horas del lunes pasado en la que se estudió la situación creada por la piratería en el mercado videográfico "que repercute gravemente en la sociedad española en general y en los sectores comerciales afectados, en particular". Según fuentes de los empresarios el 80% del mercado del vídeo en estos momentos en España se puede considerar como pirata y, por tanto, al margen de la legalidad.En el mismo frente de protesta se enmarcan las gestiones que están realizando en Madrid directivos de la Asociación Profesional de Empresas, Productoras, Distribuidoras, Importadoras y Exportadoras de Material Audiovisual (APSOVAM), con sede en Barcelona, a fin de trasladar a los responsables de este tema en los ministerios de Economía y Cultura las inquietudes en torno al tema de la piratería. Algunas empresas productoras de cintas de vídeo -como Scotch o Sanyo- han avisado públicamente estos días a los posibles usuarios de las falsificaciones de copias que existen en el mercado o de la utilización fraudulenta de las mismas.

Parecidas preocupaciones ha mostrado la junta directiva de la Sociedad General de Autores de España, que en diversas ocasiones ha pedido al Gobierno que se tomen medidas para bloquear el mercado pirata de películas de vídeo sobre todo a la vista de las manifestaciones de personas que tienen derechos de autor y de usuarios que han protestado por las malas condiciones de determinadas copias.

Legislación aplazada

El ministro de Cultura presentó, junto con el del Interior, hace ahora casi un mes, al Consejo de Ministros una propuesta de decreto ley sobre exhibición pública de material audiovisual que pretendería salir al paso de parte de estos problemas del vídeo pirata, pero el Consejo de Ministros aplazó la aprobación de este decreto y fue enviado, para su estudio por vía de urgencia, al Consejo de Estado ya que se querían estudiar otras implicaciones más estrictamente económicas del tema.Una vez que se conozca el dictamen del Consejo de Estado la posible legislación sobre el vídeo podrá diversificarse en dos formas: una a través del decreto -que tendría carácter inmediato y que no impediría una ley posterior- o una ley que abarcaría más aspectos del problema pero que tardaría en aprobarse por lo menos cinco meses.El mercado del vídeo pirata, que se centra fundamentalmente en la reproducción de películas de moda y que presumiblemente son muy taquilleras -especialmente extranjeras y de éstas las norteamericanas-, se ha disparado en los dos últimos años, según los empresarios hasta el punto de haber creado una economía sumergida de más importancia que la de los mercados legales.