AP no consiguió suavizar el duro informe del Senado sobre españoles desaparecidos

La posición inflexible de los grupos socialista y vasco hizo que no se aprobase ninguna de las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular para suavizar las críticas contra el Gobierno y los jueces de Argentina, por su involucración en las alrededor de 300 desapariciones de ciudadanos españoles ocurridas en dicho país, según el informe debatido y aprobado ayer por la comisión senatorial creada al efecto.

Entre otras cosas, el Grupo Popular pidió, sin éxito, la supresión de un párrafo del informe, de 50 páginas, en el que se citaba que FEDEFAM (Federación de Familiares de Desaparecidos), cifraba en 90.000 personas el número de desaparecidos durante las tres últimas décadas en Latinoamenca, por considerar poco riguroso el dato. En el párrafo que indicaba que al ser derrocado el presidente Allende la represión la sufrieron "los mílitantes de las clases populares", el portavoz popular Julio Ulloa solicitó que se cambiase por "todos los chilenos". El grupo socialista transigió con que quedase como recipiendario de la represión el "pueblo chileno", si bien apostillaron que era obvio que las verdaderas víctimas fueron las clases populares chilenas.De mayor calado fue la solicitud de AP, también derrotada, de que se suprimiese íntegro el apartado en el que se critica sin ambages la pasividad o complicidad en general de los tribunales argentinos en la represión, por juzgar que no se había investigado suficientemente el tema y que suponía una injusta generalización sobre la conducta de los magistrados de dicha nación. Tanto los senadores vascos como los socialistas recalcaron que en el texto se precisaba que "los recursos de habeas corpus y demás reclamaciones presentadas ante los tribunales no obtuvieron generalmente resultado alguno en cuanto a esclarecer la situación de los desaparecidos", matización que evitaba una condena a todos los magistrados argentinos.

Ante los intentos exculpatorios del senador popular Carlos Jaramillo, por considerar que los jueces argentinos no habían tenido ni libertad ni independencia, el portavoz socialista, Alfons Cucó, remarcó que la actitud del Poder Judicial durante la dictadura franquista, salvo excepciones de algunos colectivos democráticos de magistrados, no merece más respeto que la de la justicia argentina.

El senador popular Cástor Alonso solicitó infructuosamente la supresión de los párrafos que narraban que los intentos de la comisión senatorial de ir a Argentina para investigar sobre el terreno la desaparición de ciudadanos argentinos se vieron truncados ante la negativa de la embajada de ese país. Alonso manifestó que era lógico que el Gobierno argentino se negase a que una comisión extranjera le investigara, y estableció el siguiente paralelismo: "Si viene a España una comisión francesa a investigar, les diremos que vayan a investigar los camiones de patatas que se vuelcan allí".

El socialista Cucó, si bien concedió que hubo cierto error en el planteamiento de dicho viaje frustrado, se negó enérgicamente a asumir el punto de vista del Gobierno argentino y replicó al senador del Grupo Popular que si una comisión francesa viniese a investigar parejas violaciones de derechos humanos en nuestro territorio, el Grupo Socialista no sólo le daría la bienvenida, sino que la encabezaría.

Finalmente, tras culminarse el debate y aprobación de cada uno de los apartados, así como las conclusiones que integraban el documento, los distintos portavoces se autofelicitaron del nivel de concordia obtenido pese a todo sobre el documento, que se acordó debatir en un próximo pleno del Senado.