Profundas discrepancias entre los sectores confesionales de la enseñanza ante las líneas de la nueva ley de Centros

Las tradicionales discrepancias, hasta ahora de carácter meramente formal, entre la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la gran patronal del sector privado, y la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), podrían cristalizar en un enfrentamiento mucho más profundo, en vista de la radical diferencia de posturas con que ambas instituciones están afrontando hasta ahora el diálogo con la Administración socialista en torno a la futura ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, está a punto de someter a la consideración del Consejo de Ministros.

El presidente de la CECE, el sacerdote agustino Ángel Martínez Fuertes, parece estar seriamente empeñado en hacer realidad su oferta de diálogo y de negociación abierta con el Gobierno socialista, adquirido públicamente al día siguiente de conocerse los resultados de las últimas elecciones generales.Desde hace un par de meses, los responsables de la Administración educativa y altos dirigentes del PSOE mantienen con el presidente de la CECE un "diálogo ininterrumpido, con altibajos, pero siempre constructivo", según expresión literal de un portavoz del partido del Gobierno. Frutos de este diálogo son algunas de las fórmulas que intentan solventar desde la LODE el viejo contencioso que separa históricamente a los socialistas y a los empresarios católicos en torno a la interpretación de libertad de enseñanza en el contexto del principio de libertad de cátedra, o a la compatibilización entre el derecho a mantener un proyecto educativo o ideario y los límites que la financiación por el Estado puede poner a la autonomía del titular de las empresas educativas.

De los retazos que han trascendido de este proyecto de ley, al que el equipo del ministro José María Maravall da todavía en estos momentos sus últimos toques, parece desprenderse la adopción de fórmulas para cuestiones como la designación de disectores de los centros subvencionados ("concertados" en la nueva terminología de la LODE) que resultan radicalmente inaceptables para la FERE y la jerarquía católica, y que, aunque no entusiasman a Martínez Fuertes, parecen encontrar en él una actitud de moderado posibilismo.

A la FERE, y a los obispos les irrita la idea de que los directores de los futuros centros concertados, es decir los financiados por el Estado, vayan a ser designados por un consejo escolar de centro y no por su titular sin más, como venía sucediendo hasta ahora.

Aunque en dicho consejo escolar, el titular tiene una doble representación y, en el caso de que su elección no recaiga en persona de la plena confianza del titular, éste tendrá el derecho a proponer una terna para que el consejo designe al director, la FERE ve en este procedimiento un grave peligro para la coherencia del proyecto educativo o ideario del centro.

Esta fórmula, así como las relativas a la necesaria publicidad a que habrán de someterse en el futuro las vacantes de profesores en los centros concertados, para posteriormente ser cubiertas con una participación efectiva del consejo escolar de centro; la separación, dentro de las futuras subvenciones, entre lo que son salarios del profesorado y gastos de mantenimiento del centro; el sometimiento al control del consejo escolar de las decisiones relativas a posibles despidos de profesores, así como el pago casi directo por el Estado a los profesores, son algunos de los aspectos que la Comisión Episcopal de Enseñanza y la FERE advierten como serias amenazas para la "identidad cristiana de los centros", pero tales son las contraprestaciones, que el Estado va a exigir para financiar la oferta escolar privada.

Para los obispos de la Comisión Episcopal de Enseñanza, que el pasado martes se entrevistaron por última vez con las autoridades educativas, la actual omnímoda libertad del titular del centro para la designación de los directores y de sus profesores es materia innegociable.

Desde esta perspectiva, la interpretación que la Administración socialista quiere hacer del derecho de la comunidad escolar a la participación en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos (art. 27.7 de la Constitución) es visto por la jerarquía eclesiástica como un duro golpe al derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

En su último Boletín, la Federación de Religiosos de la Enseñanza advierte que "si sus centros se vieran abocados a tener que elegir necesariamente entre someterse acondiciones que les imposibiliten en la práctica mantener su identidad cristiana si quieren ser financiados o tener que renunciar a la financiación para mantener su identidad con la consecuencia inconcebible de no poder atender más que a las clases pudientes de la sociedad, se piensa y no se desearía pensar en ello, porque es un dilema tremendamente angustiosoque muchos provinciales optarían por cerrar sus centros".

La cuestión reside en saber cuál es la fuerza real de la FERE sin la solidaridad de los empresarios de la poderosa CECE, que agrupa a más del 80% de los colegios privados y que, al menos por el momento, no parece ver en la LODE los mismos peligros para la supervivencia de su modelo de escuela.