El Tribunal de Cuentas audita el Banco de España

Funcionarios destinados en el Tribunal de Cuentas, dependiente del Parlamento, han iniciado una revisión de los balances del Banco de España, considerada en algunos medios del Ministerio de Economía y Hacienda como una auditoría. De los resultados de esta investigación, así como del examen que podría hacer el Gobierno antes de aprobar los beneficios de la entidad en 1.982, pueden depender, según medios gubernamentales, posteriores actuaciones de la Intervención General del Estado. Un informe de la Subsecretaría de Presupuestos, elevado al Gobierno anterior, puso de relieve la resistencia del banco emisor a los intentos de control y propuso la no aprobación del balance y cuenta de resultados.

Esta actitud fue adoptada ya por el último Gobierno de UCD, que mantuvo varios meses en suspenso la aprobación de los resultados del Banco de España correspondientes a 1981, finalmente revisados al alza en casi 20.000 millones de pesetas, medida sobre la que no se supo nada en ningún momento. En junio último, la entidad emisora había anunciado a la Prensa que sus beneficios eran de 124.459 millones de pesetas. Ante el disgusto de Hacienda por este anuncio, hecho sin previo paso del balance por el Gobierno, éste dejó en suspenso su aprobación, hasta que la cifra fue elevada a 144.224 millones, no ingresados en las arcas estatales hasta septiembre. Según fuentes solventes, la corrección procedió fundamentalmente de eliminar unas provisiones para créditos de organismos públicos.Una de las pocas personas que conocía el asunto era el ex subsecretario de Presupuestos, el centrista canario Miguel Bravo de Laguna, quien, discretamente, con motivo de la comparecencia de altos cargos ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, hizo dos preguntas claves. Al gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, le interrogó sobre la oportunidad de que los presupuestos anuales del Banco fueran enviados a las Cortes, y el compareciente se mostró "absolutamente" en contra. El diputado repitió después la pregunta al interventor general del Estado, Juan Francisco Martín Seco, quien respondió que sería conveniente.

Propósito socialista

Se da la circunstancia de que el citado informe de Hacienda fue realizado por personal de la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público, a partir del balance y cuenta de resultados del Banco de España correspondientes a 1981, publicados hace casi un año, así como de las conclusiones de la comisión nombrada por el Consejo General del Banco para censurar dichas cuentas. Con el cambio de Gobierno, y después de que el PSOE anunció durante la campaña electoral una mayor vinculación del Banco de España al Gabinete, las recomendaciones elevadas al entonces ministro, Jaime García Añoveros, parecieron adquirir mayor vigencia.Aunque la Administración ha seguido varias conclusiones del informe, en especial las relativas al elevado coste de la política monetaria, gravosa para el Banco de España y beneficiosa para la banca privada, en lo relativo al control nada parece haberse avanzado, a juzgar por los medios gubernamentales consultados. En efecto, la Intervención General del Estado, encargada del control interno del gasto público, no se ha personado todavía, ante el hecho de que el banco emisor, por la ley de órganos Rectores, está exento del control financiero interno del sector público previsto en la ley General Presupuestaria.

Cambio de expectativas

Pero las expectativas de quienes propugnan una mayor dependencia del Banco de España con respecto a la Hacienda, mayoritarios entre los altos cargos del departamento, empezaron a cambiar esta primavera, cuando tuvieron conocimiento, en niveles muy restringidos, de que habían sido enviados al Banco varios funcionarios; del Tribunal de Cuentas, encargado del control externo (parlamentario) del gasto público. El Tribunal había intentado sin éxito investigar las cuentas del Banco de España, según fuentes de Hacienda.El citado informe de la Subsecretaría de Presupuestos es favorable a que el control financiero interno del gasto público se extienda al Banco de España, lo que supondría la entrada en el mismo de la Intervención General del Estado. Pero, de momento, debido a la polémica jurídica, quienes han esgrimido los argumentos del texto se conformarían con que, antes de aprobar los resultados de 1982, el Gobierno ordene algún tipo de comprobación para cerciorarse de que son correctos, pues parece que el Tribunal de Cuentas sólo ha llegado parcialmente a datos de 1981. El balance y resultados de 1982, que están siendo revisados por varias personas del Consejo del Banco, todavía no se han publicado, aunque se estima que los beneficios sobrepasarán ligeramente los 130.000 millones, con descenso de casi 14.000 millones sobre el año precedente.

Una constante del documento son sus referencias a la deficiente información proporcionada sobre 1981, ante lo cual la última recomendación dice textualmente: "En definitiva, y hasta tanto no se conozcan los datos indicados, no se deberían aprobar el balance y cuenta de resultados del Banco de España, al existir indicios suficientes respecto a una posible determinación del saldo de pérdidas y ganaticias superior al propuesto por los órganos directivos del mismo".

"Se debería pedir información", dice también, "sobre el coste implícito de los créditos concedidos a entidades bancarias en dificultades, y la situación de solvencia de los préstamos concedidos a las mismas sin garantías, así como las pérdidas que dichas insolvencias hayan podido ocasionar".

Frente a reiteradas alusiones a una supuesta bondad de la política del banco emisor con respecto al sector.privado -alto coste de la política monetaria, fuertes sumas de créditos blandos para resolver situaciones de tesorería o de insolvencia, carencia de garantías en algunas de estas operaciones-, el informe insiste en denunciar una preocupación excesiva del Banco de España por los créditos concedidos al sector público. Dice que a veces da "la impresión de que le ofrecen más garantías los créditos al sistema bancario".

Actitud 'patrimonialista'

Por ello, además de denunciar una actitud claramente patrimonialista en una entidad pública, a la luz del trabajo de los censores nombrados por el consejo general, califica de "inadmisible la permanencia en el balance de determinadas provisiones realizadas el año pasado para cubrir posibles insolvencias de organismos y entes públicos".Como elemento contradictorio, el informe apunta en otro lugar, al analizar diversas partidas confidenciales de créditos a las entidades de depósito con problemas de tesorería o de solvencia, que durante 1981 el riesgo del Banco de España se incrementó con las mismas en 68. 100 millones de pesetas, mientras que las garantías reales lo hicieron sólo en 27.200 millones de pesetas.

También los gastos salariales y de mantenirniento del banco emisor son criticados en el informe. El texto resalta que, mientras el Banco de España mantiene una línea partidaria de la moderación salarial y crítica del déficit público, el coste medio por cada uno de sus empleados fue en 1981 de 3.156.352 pesetas, frente a 1,2 millones de media salarial del Estado. Pero también sorprendieron a sus redactores los elevados gastos de conservación de edificios y "lo importante de las remuneraciones indirectas por la vía de créditos y anticipos, que tienen una cuantía considerable". El saldo vivo de los créditos para vivienda era de 4.002 millones (1,08 millones por empleado), y ese año, uno de cada 17 miembros de la plantilla obtuvo un crédito para vivienda. Además, uno de cada cuatro empleados consiguió anticipos reintegrables en cinco años y sin interés, resultando un volumen medio por cada anticipo de 650.000 pesetas.

Con todo, las críticas más extensas del informe se centran en la valoración de las operaciones en divisas y en la nueva valoración de las reservas de oro. Los criterios que se adopten al respecto, discutibles como cualquier norma contable, según se afirma en otro lugar del documento, pueden revisar al alza o a la baja los beneficios del Banco de España y, por tanto, el ingreso anual que aportan a los Presupuestos del Estado.

Precisamente por este motivo (véase EL PAIS de 3 de mayo pasado), en otoño pasado el Banco de España estimaba que sus beneficios de 1982 podrían descender hasta 22.000 millones de pesetas (es decir, en unos 122.000 millones). Sin embargo, la cifra de beneficios manejada actualmente, pendiente de su censura por tina comisión del Consejo General del Banco y luego de la aprobación del Gobierrio, asciende a 130.985 millones de pesetas. Gran parte de la desviación sobre los 22.000 millones procede de la fuerte depreciación de la peseta, que lógicamente aumenta las plusvalías de la cartera de divisas en manos del Banco de España.

Las operaciones interiores han sido otra vez altamente negativas, debido al elevado coste de la política monetaria, que puede ser reducido al menos en unos 50.000 millones de pesetas durante el presente ejercicio a raíz de las dos modificaciones de coeficientes y de la sustitución de recurso del Tesoro al Banco de España por deuda pública a corto plazo.