Un patrimonio moral

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha concluido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante el que será fijada la indemnización debida por cierre ilegal del diario Madrid decretado por el Gobierno franquista el 25 de noviembre de 1971.Se dará así cumplimiento a la sentencia de esa misma sala, de fecha 25 de octubre de 1976, recaída en el recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Consejo de Ministros de aquel régimen de 7 de enero de 1972. Esa resolución del Gobierno de El Pardo, invalidada por el Supremo, desestimaba el recurso de alzada contra la orden de cierre que dictó el Ministerio de Información y Turismo, regentado a la sazón por Alfredo Sánchez Bella. Con toda insolencia, después del solemne fallo judicial aquí referido, que declaró ilegal su acción, Sánchez Bella, en la revista Blanco y Negro correspondiente al 10-16 de agosto de 1977, se declaraba orgulloso de su proceder y dispuesto, en plena exaltación del desacato, a repetir su fechoría por la que no se le han exigido responsabilidades.

El trámite de ejecución de sentencia ha tenido un desarrollo accidentado. La vista se inició el 20 de enero pasado, con asistencia de más de 150 redactores y trabajadores del diario Madrid. El abogado de la empresa, Ramón País, expuso las bases de su demanda, que en aquella fecha ascendía a la cantidad de 3.644 millones de pesetas, donde se incluyen sumandos como el de gastos del exilio sufrido por Rafael Calvo Serer, presidente de la sociedad propietaria de Madrid, fijados en 40 millones de pesetas, y daños morales -aflicciones, disgustos, marginación social y conjunto de daños morales sufridos como consecuencia de su enfrentamiento con el Gobierno, y daños a su fama y honor como consecuencia del exilio sufridos por Rafael Calvo Serer- evaluados en 50 millones que se aducen justificados por notoriedad.

Aquel proceso de ejecución de sentencia quedó en suspenso tras la intervención del abogado del Estado, que argumentó de forma memorable y aplicó en su oferta una drástica rebaja hasta situar la indemnización en 70 millones de pesetas. El abogado del Estado aportó equivocadamente las declaraciones de la renta de un catedrático ya fallecido, confundiéndole con uno de los abogados de Calvo Serer. En cuanto a los trabajadores del Madrid, que defendieron las libertades democráticas y se encontraron en el paro, según el representante de la Administración, una vez proclamada la democracia han conseguido aquello por lo que luchaban y ninguna deuda queda con ellos. El abogado del Estado creyó reforzar su argumentación aportando una prueba certifica da de la Secretaría de Estado para la Información en relación con la plantilla de redactores del diario Madrid. Pero ese certificado vino a probar, por el contrario, que dos años después del cierre del diario sólo dos redactores había conseguido trabajo fijo en algún medio informativo. Da empleo a los náufragos del Madrid equivalía, en aquellos tiempos difíciles, a granjearse las iras gubernamentales.

Días después hubo otro simulacro de terminar el proceso de ejecución de sentencia, pero un oportuno certificado médico paró de nuevo el reloj para que la empresa y la Administración pudieran negociar un acuerdo. Fuentes cercanas al Gobierno, las únicas que han dado información a los trabajadores, afirman que los términos del pacto suponen la entrega de 600 millones, la asignación de un edificio para la edición del periódico y la apertura de conversaciones para la concesión de créditos en las instituciones oficiales. Los trabajadores, que apostaron en la defensa de la libertad su único patrimonio -el puesto de trabajo-, que no fueron aceptados como parte en el proceso por informe contrario del sindicato vertical, han recordado en recientes asambleas los compromisos pactados por la empresa y han reclamado su cumplimiento. Defraudarles ahora arruinaría el patrimonio moral acumulado con tanta generosidad.