Felipe González y Alfonso Guerra abren esta semana la ofensiva económica del Gobierno

Los discursos que tienen previsto pronunciar esta semana el presidente y el vicepresidente del Gobierno -hoy por la mañana Felipe González, ante los empresarios extranjeros convocados al foro del Herald Tribune, y el miércoles Alfonso Guerra, en la apertura del congreso de la UGT- abrirán una amplia ofensiva económica gubernamental. Al esbozar cómo se concretará el programa socialista, ambos marcarán los puntos de partida para una salida de la crisis basada en la reducción de costes empresariales (salariales, financieros y de Seguridad Social) y en el saneamiento de los sectores público y privado mediante las profundas reformas ya anunciadas, según fuentes administrativas. La oferta de concertar el ajuste, a partir de las próximas semanas, y el inmediato comienzo de la aprobación de normas y proyectos de ley encuadrarán la estrategia del Gabinete.

La ofensiva, anticipada en cierto modo durante su viaje a Estados Unidos por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, quien regresó ayer a Madrid, confirmará la vía del ajuste positivo preconizada por éste. Se trata de tina opción de austeridad y sacrificio que descarta definitiva mente las vías expansiva y estabilizadora, de acuerdo con las fuentes consultadas. Si bien la disparidad de auditorios -líderes sindicales e inversores extranjeros- requerirá el empleo de dos lenguajes diferentes, tanto Felipe González como Alfonso Guerra tienen previsto ratificar dicha política de reformas "quirúrgicas". Y pedirán para ella el necesario concurso de trabajadores, empresarios e inversores extranjeros.El refuerzo de la internacionalización de la economía española es considerado por el Gobierno tan necesario a medio y largo plazo como desde ahora mismo. Por eso, las palabras del presidente perseguirán un doble objetivo: conseguir inversiones que compensen la pérdida de reservas de divisas o las aumenten, y fijar como meta una estructura de costes empresariales y una inflación similar a la europea en el momento del ingreso en la CEE. Para ello, el Gabinete promoverá la moderación de los salarios, una financiación barata y a largo plazo, y la menor contribución de empresarios a la Seguridad Social por la reforma de ésta y la pronta adopción del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre el consumo, que aportará desde la imposición indirecta tanta recaudación como el de la renta (en torno a un billón de pesetas). Con el fin de que los capitales extranjeros no sólo mantengan o amplíen sus negocios, además de incentivos a la inversión y al empleo -a través de la mayor flexibilidad y movilidad-, el Gobierno está dispuesto a que las reprivatizaciones se extiendan a más empresas quejas de Rumasa. Hoy, el sector público supera la media docena de grupos: INI, INH, Patrimonio del Estado, cartera del Banco de España, empresas de transporte, y sociedades en manos del Fondo de Garantía de Depósitos. Más allá de la promesa de que no habrá nuevas nacionalizaciones, Miguel Boyer ha reiterado en la OCDE y en las conversaciones privadas durante su viaje a Estados Unidos que no se ampliará el sector público y que la preocupación es ahora sanear y reducir su absorción de recursos económicos.

La citada reducción de costes empresariales, junto a las reformas financieras y de la Seguridad Social, será favorecida también por el nuevo plan de reconversión industrial, igualmente gestado en los últimos meses.

Todo ello se orientará al objetivo de ganar competitividad mediante la reducción de los diferenciales de inflación, para poder exportar más. Las dudas suscitadas por el empeoramiento del comercio en enero y febrero, respecto a la meta de aumentar este año las exportaciones un 5% y reducir el déficit de la balanza de mercancías y servicios desde los 4.000 millones de dólares de 1982 a 2.500 o 2.700 en 1983, han sido disipadas con la mejora observada desde marzo.

Debido a la debilidad de la inversión y del consumo interior en los primeros meses del año, buena parte de las esperanzas de conseguir este ejercicio un crecimiento económico del 2% se basan en las ventas al exterior. Para años sucesivos se espera acentuar esta palanca con una reducción de inflación al 8% y unos salarios inferiores que compensen el efecto del previsible freno en la depreciación de la peseta, debido a la reducción del déficit por cuenta corriente y a la mayor entrada de capitales que lo financiará.

Medidas compensatorias

La perspectiva de mantener el peso del sector público y reducir cada año su déficit en un punto respecto al 6% del producto interior bruto exigirá al menos un aumento igual de la presión fiscal. Para contrarrestar el esfuerzo de los trabajadores en este campo, en el de los salarios y en el de las reformas en ciernes, el Gobierno anunciará una serie de medidas compensatorias, como la mejora de prestaciones y servicios, moralizar la sociedad y luchar contra el fraude fiscal y el contrabando. Si ahora hay una llamada al esfuerzo por la recuperación económica, se pretende dejar abierta la esperanza a una consiguiente redistribución.En este contexto, según fuentes de la Administración, Guerra podría distinguir durante su discurso ante la UGT sobre el papel que corresponde a los sindicatos con un Gobierno de derecha y con uno de izquierda. Asimismo es muy probable que aluda a las formas de articular una mayor participación de los trabajadores, en la medida en que son afectados por la herencia del pasado (un Estado abocado al déficit público por los datos conocidos y por otros que todavía no lo son) y por las salidas propuestas.

En lo relativo a la Seguridad Social, que sí no se reforma podría necesitar en 1986 transferencias del Estado por un billón de pesetas, más del doble que este año, la potenciación del tercer nivel (el primero será mínimo y general, y el segundo contributivo) podrá condicionarse también a la participación de los sindicatos y a decisiones de convenio colectivo.

Como otras reformas anunciadas (véase EL PAÍS del 15 de mayo), existe la intención de articularlas definitivamente después de las consultas para una posible concertación social, que se iniciarán en las próximas semanas con sindicatos y patronales.