Un informe interministerial del Gobierno de Madrid describe una situación catastrófica de la antigua colonia española

Cuatro años después del inicio de la cooperación española con Guinea Ecuatorial y 15 años después de que España descolonizara su antiguo territorio en la costa occidental africana, el Gobierno de Felipe González está a punto de tomar una decisión que ponga fin a una situación en la que ni política ni económicamente se ha conseguido más que una pérdida progresiva de influencia y de dinero, por lo general achacable a la falta de interés y sensibilidad por el tema de los Gobiernos del periodo de la transición, según la opinión presentada al presidente por una comisión interministerial.

El presidente del Gobierno tiene desde el pasado 2 de mayo en la mesa de su despacho un informe interministerial con dos alternativas a seguir, que se pueden resumir en la continuista o en la de cooperación con Francia. A raíz de la última crisis en Guinea, se espera otro informe de Asuntos Exteriores que no se espera cambie la opinión del anterior.Desde aquí, y siempre antes de que el Gobierno tenga que decidir sobre la ayuda económica a Guinea cuando se elaboren los Presupuestos Generales de 1984, en octubre, el Gobierno González tomará una decisión que, según las fuentes oficiales consultadas por EL PAIS, se inclina más por la segunda alternativa, un reparto de responsabilidades y de inversiones en la cooperación guineana con Francia.

Según los informes que han elaborado la Secretaría de Estado de Comercio y el Banco de España, y que en un principio ha sido también la opinión de Asuntos Exteriores, de quien depende desde 1981 la cooperación con Guinea Ecuatorial, se llega a la conclusión de que con el sistema de "cooperación puesto en práctica por España no se ha conseguido, prácticamente, nada positivo, excepto la salida de una situación de total emergencia".

Desde el derrocamiento de Francisco Macías, el 3 de agosto de 1979, hasta ahora, el coste de la cooperación asciende a más de 15.000 millones de pesetas, de los cuales unos 6.400 millones han sido donaciones, y el resto, créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), créditos comerciales y aportaciones de capital. El Gobierno acaba de aprobar para este año otro monto de ayuda por valor de 1.400 millones de pesetas.

Si en los aspectos económicos no se ha conseguido prácticamente nada, "en los restantes aspectos de la cooperación, políticos, integración social, desarrollo cultural y derechos humanos, la situación es igual o peor que hace tres años", afirma el informe interministerial al que ha tenido acceso este periódico.

La realidad con toda su crudeza

La realidad actual guineana que se ha presentado a Felipe González aparece con toda su crudeza. Desde un punto de vista político se dice: "No existe en Guinea Ecuatorial una clase dirigente capaz de dirigir al país hacia el desarrollo. No hay clase empresarial autóctona. No hay cuadros administrativos. Hay una casta tribal que detenta el poder y es incapaz de ese liderazgo. No existe conciencia de nación ni de Estado, ni existen ambos. El país está dividido en seis zonas geográficas separadas y en etnias".

Desde el punto de vista económico: "La casta dirigente ha llevado al país a una situación económica peor a la que había en agosto de 1979. Entre los problemas interiores de la economía se destaca el exceso de trabas administrativas motivadas por el intervencionismo distorsionante y arbitrario del Gobierno, la existencia de un doble mercado para la moneda local, que actúa en contra de las actividades productivas, que deben ceder las divisas obtenidas por la exportación a la paridad oficial (una peseta = dos bikueles) y en cambio deben satisfacer en sus compras de divisas la paridad del mercado negro (una peseta = diez bikueles)".

Entre los problemas exteriores de la economía se destaca "el despilfarro de la abundante reserva de divisas (en agosto de 1979: 19 millones de dólares) y la importante deuda externa, con gran cantidad de vencimientos a corto plazo. La deuda externa se calcula en el equivalente a 150 millones de dólares, de los que la tercera parte son con España". El informe estima que el déficit de la balanza de pagos correspondiente a 1983 será de 19 millones de dólares. Ante la situación expuesta anteriormente, sigue diciendo el informe, en manos de la Presidencia del Gobierno, Ia única solución válida es una reducción drástica de la ayuda española y, como mucho, que la ayuda se limite al sector educativo y el sanitario". Ello supondría la retirada de los representantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que entre las dos no superan el centenar de hombres, la finalización de la ayuda alimentaria, el otorgamiento de financiación sólo para proyectos muy específicos y bien estudiados por parte española, y retiradas de las oficinas bancarias de Guinextebank y Focoex.

"Además, dadas las perspectivas a corto plazo de adhesión de Guinea Ecuatorial a la zona del franco, este país tendrá garantizada la convertibilidad de su moneda, a la vez que se asegurará una disciplina monetaria, presupuestaria y comercial, como sucede en sus países limítrofes". El informe se refiere a la decisión adoptada el 18 de diciembre pasado en Yaundé (Camerún) de aprobar en principio la adhesión de Guinea Ecuatorial a la Unión Aduanera y Económica de Africa Central (UDEAF), en la que están también Gabón, Congo y República Centroafricana.

La opción continuista, es decir, la continuación de la presencia de España en Guinea como la principal potencia extranjera, implicaría, a juicio del informe, "el desbaratar los, intentos franceses de incluir a este país en su zona de influencia y el estar dispuesta o respaldar con divisas españolas la convertibilidad del ekuele".

"Esta medida sería de evidente mente difícil implementación técnica, toda vez que conllevaría la necesidad de un control españo de la definición y ejecución de la política cambiaria guineana, al mismo tiempo que exigiría un férreo control económico y político del país y la asunción de los costes que en la práctica serían pérdidas netas, y que vendrían determinados por la suma del déficit de la balanza de pagos (entre 150 y 18 millones de dólares) más los costes de la cooperación", dice el informe.