Los grupos Popular y Centrista defenderán la devolución del proyecto de ley del aborto, y el PCE, un texto nuevo

El Pleno del Congreso inicia mañana el debate sobre la despenalización del aborto. Serán sometidas a discusión las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presentadas por los grupos Popular y Centrista -que piden su devolución al Gobierno- y la que formula el PCE, que propone un texto alternativo. Defenderá la enmienda del Grupo Popular su líder, Manuel Fraga, quien invocará razones constitucionales para oponerse a la despenalización proyectada por el Gobierno. Es probable la intervención del ministro de Justicia, Fernando Ledesma y por parte del Grupo Socialista contestará Javier Sáenz de Cosculluela.

La decisión sobre las enmiendas que se consideran a la totalidad -y que, por tanto, podrán ser discutidas en el Pleno del Congreso que comienza mañana- es de competencia de la Mesa de la Comisión de Justicia, que preside el socialista Pablo Castellano. En una reunión celebrada la semana pasada, la Mesa citada resolvió comunicar al presidente del Congreso que sólo las tres enmiendas mencionadas tienen la consideración de a la totalidad.Una de las exigencias reglamentarias para que una enmienda sea estimada a la totalidad de un proyecto de ley es que sea presentada por un grupo parlamentario. En el caso de la formulada por los cuatro diputados comunistas, formalmente ha sido planteada por el Grupo Mixto, y así ha sido aceptada por la Mesa de la Comisión de Justicia.

En cambio, se ha desestimado la pretensión de totalidad para la formulada por tres diputados de la Minoría Catalana -Joaquím Xicoy, Josep Antoni Durán y Llibert Cuatrecases-, a título individual. Los propios enmendantes explican que cuentan con la conformidad del grupo a los efectos de permitirles su defensa, pero que no puede prejuzgarse la posición de cada uno de sus miembros, que en este tema gozarán. de plena libertad para pronunciarse, "mediante el ejercicio de su voto, de acuerdo con su conciencia".

Fraga propone un referéndum

En la argumentación jurídica de la enmienda a la totalidad que defenderá Fraga pesará la interpretación del artículo 15 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida de "todos", palabra en la que el Grupo Popular entiende que debe darse por comprendida no sólo la persona, sino también el feto. Otra línea arguínental será la de que la despenalización del aborto es contraria a la tradición moral y jurídica española y al sentir de la mayoría del pueblo español. Para que, en todo caso, pueda comprobarse esta, afirmación, Fraga propondrá que el Gobierno socialista, dado que no hay duda de que se trata de una "decisión política de especial trascend&ncia" (como prevé el artículo 92 de la Constitución), la someta a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Centrista -que ayer no había decidido todavía quién intervendrá en su nombre- justificará su petición de devolución del proyecto de ley al Gobierno en la consideración de que el aborto no es un medio lícito para resolver los abortos no deseados. Según su enmienda, los diputados centristas, en la línea de la reforma del Código Penal proyectada por UCD durante la anterior legislatura, propugnan que la protección de la vida humana debe hacerse compa tible con la realidad social de nuestro tiempo, para atender la cual debería crearse una red de centros de orientación familiar insertos en la Seguridad Social, en los que los ciudadanos obtengan la información necesaria sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, en evitación de que "muchas mujeres acudan a la decisión límite y desgarradora de la interrupción de su embarazo".

El PCE considera "inútil" el proyecto de ley

La enmienda a la totalidad presentada por los diputados comunistas, que es casi seguro que defenderá Santiago Carrillo, estima que el proyecto gubernamental "es de todo punto inútil" para resolver los dos problemas fundamentales que debe abordar una despenalización: poner fin a la lacra social del aborto clandestino y acomodar la legislación penal al respeto de los derechos fundamentales de la mujer y de la pareja.

Según el PCE, con el sistema que se contempla en el proyecto de ley no se despenaliza más que un ínfimo número del total de abortos voluntarios estimados, mientras que "más de un 85% o 90% de los abortos que hoy se practican serán mantenidos en la clandestinidad y bajo la amenaza del Código Penal".

El PCE propone un texto alternativo basado en el sistema de los plazos y según el cual no será punible el aborto voluntario practicado por un médico dentro de las 12 primeras semanas del embarazo, sin necesidad. de que concurran las indicaciones terapéutica, ética o eugenésica exigidas por el texto proyectado por el Gobierno.