El debate de la enmienda, centrista se convirtió en una discusión sobre la política de UCD.

La condición de subsecretario de presupuestos en el último Gobierno de Calvo Sotelo del portavoz actual del Grupo Parlamentario centrista, José Miguel Bravo de Laguna, y las reiteradas alusiones del actual Gabinete a la pesada carga heredada de la anterior Administración, convirtió el debate a la enmienda centrista a la totalidad de los presupuestos del Estado para 1983 más en una discusión sobre la gestión presupuestarla del último gabinete de UCD que en el examen del proyecto de ley en tramitación.

El propio Bravo de Laguna resumió su intervención en las siguientes palabras: "Esto no es un presupuesto de continuidad, ni de ruptura, no es socialista ni conservador. Está previsto para medio año, está fraccionado en su discusión; no contiene medidas reales de contención. del gasto público; no detiene el déficit sino que lo incrementa; crecen los gastos corrientes más que los de inversión; aumenta exageradamente la presión fiscal y es contrario, por las transferencias a los municipios, a una política de redistribución territorial, favoreciendo a las grandes concentraciones urbanas, industriales y de capital".Antes había acusado al Gobierno de haber engordado el déficit de 1982 para enmascarar el incremento del previsto para este año en su relación con el Producto Interior Bruto. El ministro de Economía, Miguel Boyer, recordó al ex subsecretario que en su época como responsable de Hacienda se obligaba a CAMPSA a adelantar los ingresos de enero y febrero para disminuir el déficit del ejercicio anterior, y que el Gobierno socialista había tenido que asumir un déficit de gestión de la Seguridad Social heredado de 150.000 millones de pesetas.

El portavoz centrista dijo que no era admisible que los ayuntamientos recibieran trasferencias por valor de 211.424 millones, lo que supone un incremento del 41,1% sobre 1982, mientras que porcentualmente se recortaba la participación sobre el gasto total de casi todos los departamentos: pensiones y Seguridad Social, Educación, Sanidad, vivienda, Agricultura y ganadería, Industria, Energía, Comercio y Defensa. Las aportaciones a los ayuntamientos, añadió Bravo de Laguna, "suben más que todo el presupuesto del Estado".

El ministro de Economía defendió la política presupuestaria de contención del gasto y dijo que estas aportaciones a los ayuntamientos eran necesarias para completar el saneamiento de los municipios y que en un futuro pudieran afrontar a través de la futura ley de Financiación de Haciendas Locales, sus respectivas necesidades de gasto.

Los criterios de distribución que priman a los municipios de Madrid y Barcelona se han establecido por sus mayores necesidades, para obras de infraestructura y atención social.