Un Presupuesto razonable

EL PRESUPUESTO de las Administraciones públicas, elaborado por vez primera por un Gobierno socialista, ha sido entregado por fin al Congreso de los Diputados. Como antesala del debate parlamentario, el ministro de Economía y Hacienda ha informado de las principales características de las cuentas del Estado, la Seguridad Social, los entes autonómicos y locales y los organismos autónomos de carácter administrativo y comercial. El gasto inicialmente estimado para 1983 en las Administraciones públicas es de 7,39 billones de pesetas, equivalente a un 33% de los 22,53 billones de pesetas que representará el valor de la producción de bienes y servicios en España durante el año. Los ingresos (impuestos y cotizaciones de la Seguridad Social) serán del orden de los 6,29 billones de pesetas. Así, el déficit inicial queda fijado en 1,11 billones de pesetas, por debajo del 5% del Producto Interior Bruto.Estas cifras desvanecen en principio los temores de que el déficit de arranque alcanzara 1,35 billones de pesetas. Recortes en el gasto por valor de unos 240.000 millones, realizados casi en vísperas del envío de los presupuestos a las Cortes, contribuirán a este empeño y son un tributo al realismo y un gesto de buena voluntad del Gobierno de Felipe González. No obstante, las tuberías que desembocan en el gasto público están llenas de tensiones inflacionistas. Como advierten los propios elaboradores del Presupuesto, la ejecución de gastos extraordinarios actualmente en tramitación incrementarán las cifras iniciales hasta llegar a los 1,35 billones de pesetas, es decir, el 5,99% del PIB. El Gobierno pretende, de esta forma, cumplir su promesa de que el déficit no supere el 6% del PIB, nivel en el que todas las alarmas comienzan a sonar estrepitosamente. De la corrección de los cálculos establecidos depende en gran parte el éxito en este importante empeño.

La elaboración de los Presupuestos ha sido demasiado larga y obligará a que el Pleno del Congreso no los pueda debatir probablemente hasta junio. Aparte motivaciones electoralistas cara a las municipales, el Gobierno sólo puede utilizar como excusa su inexperiencia en el poder y su empeño por iniciar el cambio económico con un programa propio de gastos e ingresos. En esa demora ha podido influir también el contacto con la dura realidad de la vida económica, que ha rebajado las iniciales expectativas socialistas de un relanzamiento de la actividad basado en un elevado déficit presupuestario. El déficit de 1982 había alcanzado ya un 6% del PIB, sin producir efectos favorables sobre el crecimiento económico y el empleo. Ese déficit -que se nos anuncia ha de repetirse en el ejercicio en curso- repercutió de manera poco saludable en las cuentas con el exterior y los niveles de inflación. Por otra parte, la velocidad del crecimiento del déficit respecto a los años anteriores quitaba cualquier margen de maniobra a una política monetaria capaz de reducir los tipos de interés y estimular la inversión. La influencia perturbadora del déficit se manifestó en que, pese a la devaluación de la peseta y la absorción de unos 120.000 millones mediante el alza del coeficiente de caja de las entidades bancarias, no se consiguió la tranquilidad en el frente exterior. La consecuencia fue la reciente nueva depreciación de la peseta, al abrigo del ajuste de paridades de las monedas europeas, y la retirada adicional de otros 150.000 millones de pesetas mediante la subida en un punto del coeficiente de depósitos obligatorios remunerados de la banca y cajas de ahorro. La salida de divisas parece, por el momento, contenida, lo que permitirá prestar mayor atención al crecimiento de la producción y el empleo.

En la estructura presupuestaria se observa una contención en el capítulo de personal, con un crecimiento de la masa salarial del 9,8% respecto a 1982 (según se informa en el cuadro número 9 de la memoria del Ministerio de Economía y Hacienda sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1983), lo que contrasta con los elevados incrementos acordados en algunas empresas públicas deficitarias (como la Renfe) y constituye un argumento en favor de los empresarios que desean mantener las alzas salariales en el extremo inferior de la banda acordada en el Acuerdo Interconfederal. Aunque el aumento de la masa salarial negociado con los funcionarios fue del 12%, el Gobierno sólo garantiza a cada trabajador un 9%, que se le abonará con carácter de anticipo retroactivo inmediatamente, y el resto se redistribuirá atendiendo a criterios de generación de empleo, productividad y compensación de los sueldos más bajos. Las transferencias corrientes -233.000 millones para la cobertura del desempleo, 473.000 millones para la Seguridad Social y 211.000 millones para los ayuntamientos- crecen por encima de la media del gasto y representan el 38,5% de los 4,57 billones de los gastos del Estado. Las inversiones reales y las transferencias de capital crecen, en su conjunto, por debajo de la media. Los gastos de Seguridad Social crecen también por debajo de la media del gasto, público, elogiable novedad que habla en favor de la voluntad del Gobierno de corregir una evolución al alza imposible de financiar.

Quizá la nota más destacada del nuevo Presupuesto sea la forma ideada para financiar el déficit inicial. La apelación al Banco de España es sustituida por la solicitud directa al ahorro de los ciudadanos y de las empresas. Los 1,11 billones de pesetas serán cubiertos de la siguiente manera: 140.000 millones de deuda exterior, 240.000 millones en deuda amortizable a medio plazo y 650.000 millones en deuda del Tesoro a corto plazo. La apelación al Banco de España se reduce a 81.196 millones de pesetas, frente a los 800.000 millones de 1982. El empeño no es de realización fácil. La apelación al Banco de España durante los cuatro primeros meses de 1983 sobrepasa ya los 200.000 millones de pesetas. O sea que será preciso que el ahorro de los particulares y las disponibilidades de los bancos experimenten una notable mutación y sean capaces de financiar, a través de los instrumentos de deuda pública, el déficit estatal. Las bolsas de valores sufrirán una fuerte presión y quizá resulte preciso que el Estado favorezca la inversión en riesgo mediante mayores desgravaciones fiscales.

En definitiva, el Gobierno, heredero de un incómodo legado financiero, ha enviado al Congreso un presupuesto razonable, cuya dosis de modernidad en la financiación y su voluntad de contener el déficit deben ser aplaudidas. Sobre algunos aspectos concretos -educación, defensa, aumento de la presión fiscal- merecerá la pena extenderse en días venideros. Por lo demás, el impacto de los Presupuestos en la vida económica dependerá en gran medida de la capacidad del poder para mantener las previsiones y conseguir que el gasto público no se desboque ante demandas sociales de muy diverso tipo. De otra forma, las repercusiones en los niveles de inflación y equilibrio exterior provocarían nuevas correcciones en la conducción de la política monetaria y en la cotización de la peseta. En cualquier caso, la estructura definida del gasto y la todavía considerable magnitud del déficit obligan a mantener una política monetaria poco propicia a la formación de capital productivo, con lo cual las expectativas de creación de puestos de trabajo siguen siendo pobres. El aumento de la producción y del empleo exigen elevar nuestra tasa de inversión desde el 18%20% actuales hasta el 24%-25% de períodos anteriores. Economías maduras, como Alemania, invierten el 23% de su renta nacional, y Japón todavía dedica el 31% a la inversión productiva. Sólo un cambio de esta naturaleza, que implica dar esperanzas de rentabilidad a la inversión, logrará situar a la economía española en el camino adecuado para recuperar su dinamismo y combatir el paro.