El Ministerio discute con los sindicatos la futura ley de Financiación de la Enseñanza

Representantes del Ministerio de Educación y Ciencia iniciaron ayer conversaciones sobre la futura ley de Financiación con los dirigentes de los sindicatos con implantación en el sector privado de la enseñanza. Conversaciones que "no tienen carácter de negociación", según precisó el subsecretario del departamento, José Torreblanca, quien explicó que la reunión de ayer se enmarcaba en el contexto de las que se vienen manteniendo también con los empresarios, la Comisión Episcopal de Enseñanza y la FERE (Federación de Religiosos de la Enseñanza).La reunión, aunque coincidente con el actual proceso de discusión del III Convenio Estatal de la Enseñanza Privada, no guarda relación con el mismo, pues estaba prevista de antemano. Añadió el subsecretario que algunas vicisitudes de este proceso habían llevado al Ministerio al convencimiento de que en adelante tiene que asumir plenamente las consecuencias que se derivan del hecho de que los salarios del profesorado de los centros subvencionados dependen directamente de él, aunque, mientras no se modifique la actual situación, no cabe la menor posibilidad de que los convenios sean discutidos "a tres bandas", es decir, con la participación de la Administración en la mesa.

José Torreblanca aludió al crédito especial de 427 millones de pesetas destinado a garantizar un incremento salarial del 12% para todos los profesores con independencia del módulo de subvención a que estén acogidos los centros, dado que la patronal CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) había puesto en duda la posibilidad de comprometerse a un incremento salarial de ese tenor, si la subida de las subvenciones se producía linealmente. Con este crédito el Ministerio ha querido evitar que, en el caso de los centros que no están subvencionados al 100%, fueran las familias quienes tuvieran que hacer frente al incremento de los salarios del profesorado.

Por otra parte, el subsecretario reiteró la intención ministerial de revisar el monto de las subvenciones a partir de octubre próximo, pero precisó que de ninguna manera podía anticiparse porcentaje alguno.

En cuanto a las conversaciones con los sindicatos sobre las líneas de la futura "ley de desarrollo del artículo 27 de la Constitución" (el subsecretario no dio ningún nombre concreto a este proyecto legislativo, que se pretende enviar al Parlamento a mediados del próximo mes de mayo), uno de los puntos que se iban a tratar en la reunión de ayer era el relativo a los criterios de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos.

A este respecto, el criterio de la Administración socialista es llegar a un grado de objetivación máxima, de modo que la planificación y programación de la oferta de puestos escolares se encuentre en absoluta coherencia con la demanda real existente en las zonas rurales o urbanas de que se trate.

El Ministerio quiere abordar también con los sindicatos representativos de la enseñanza privada las diversas fórmulas de financiación que pueden adoptarse, la reglamentación de los órganos de participación en los centros sostenidos con fondos públicos, la designación de sus directores y selección del profesorado.

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que determinados centros privados se conviertan voluntariamente en públicos, el subsecretario dijo que el Ministerio tenía la mejor disposición, pero que todavía no estaban claras las fórmulas que podrían servir para este supuesto, de gran complejidad jurídica.