El futuro del gas natural en España depende del éxito de las negociaciones hispano-argelinas

Hoy se reanudan en Madrid, a nivel técnico, las negociaciones hispano-argelinas sobre el suministro de gas natural a España. En medios oficiales españoles se tiene la convicción de que un fracaso de estas conversaciones, abiertas a nivel político tras el viaje del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, a Argelia, supondría un importante e insalvable obstáculo en el desarrollo del gas natural dentro de la estructura de energía primaria española y, probablemente, su abandono definitivo como un recurso válido alternativo al petróleo y a la energía eléctrica durante los próximos diez años.

Aunque tanto Madrid como Argel han expresado, a través de declaraciones al más alto nivel, su firme voluntad política de llegar a un acuerdo, medios familiarizados con el problema del gas natural consideran como muy escasas las posibilidades reales de alcanzar un entendimiento que satisfaga plenamente todos los intereses involucrados. Es más, algunas fuentes no descartan una eventual ruptura de las negociaciones, que muy bien podría venir tras la denuncia por parte española de la relación contractual que une a España y Argelia en este asunto desde 1974.El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, reconoció el pasado viernes, al término de su entrevista con su colega argelino de Energía y Petroquímica, Belkacem Nabi, que la falta de un acuerdo entre ambas partes supondría el fin definitivo de las expectativas de desarrollo del gas natural en España. Solchaga vino a decir que sólo un acuerdo que reconozca las dificultades coyunturales españolas para desarrollar de forma inmediata el consumo de este hidrocarburo en España podría ser viable para nuestro país. Esto, a juicio de expertos, supondría la reducción de las cantidades de suministro acordadas a un precio que garantice la competitividad del gas frente a otras energías.

Los acuerdos de 1974

El suministro de gas natural argelino a España está regulado por unos acuerdos firmados entre la Empresa Nacional del Gas (Enagas) y la argelina Sonatrach. Este contrato fue firmado originalmente el 4 de marzo de 1974, pero fue revisado el 14 de agosto de 1975 y adecuado, de nuevo, en julio de 1979, especialmente en lo referente al capítulo precios.Los contratos han sido calificados por algunos medios de excesivamente ambiciosos en lo que se refiere a las altas cantidades de suministro que contemplaban (5.000 millones de termias en 1976, 30.000 millones en 1978 y 45.000 millones a partir de 1980) y sobredimensionadas respecto a las posibilidades de consumo españolas. Pero si se tiene en cuenta el momento de la firma, meses después del primer choque petrolífero, y los ambiciosos planes de desarrollo de la empresa Enagas, las críticas resultan menos convicentes. El gas natural suponía en 1975 el 2% de la energía primaria consumida en España (frente a un 17% de media en Europa), y estaba previsto que se alcanzara hasta el 5% a finales de la década.

Pero, además, el contrato de gas presentaba otros problemas. El buen precio acordado en aquellos momentos -y, mucho mejor, años después, con el segundo choque petrolero- era compensado por España con la concesión de 300 millones de dólares en créditos a bajo tipo de interés, cuyo diferencial sobre el existente en el mercado de capitales era cubierto por Enagas. Esta financiación estaba destinada, precisamente, a las inversiones que Argelia debía realizar para poder suministrar las cantidades acordadas de gas a España, con el compromiso de que parte de los bienes de equipo se compraran en nuestro país.

Las dificultades surgidas en la política de inversiones y en la comercial de Enagas, que algunos atribuyen a la ausencia de una política gubernamental real y efectiva, impidió, sin embargo, que se materializaran las favorables expectativas de desarrollo de este hidrocarburo en España. Las presiones argelinas para modificar el precio acordado terminaron, en 1979, por paralizar aún más este proceso, que entró ya en barrena en 1980, cuando Enagas, por la clausula de taje o pay que contenía el acuerdo de gas, ni podía retirar los 45.000 millones de termias acordadas y, mucho menos, pagarlas.

En algunas fuentes informadas se tiene la convicción de que en este tema del gas siempre ha existido una mano negra con intereses muy concretos que defender, que ha dificultado un desarrollo feliz de las relaciones hispano-argelinas, de un lado, o la creación de una infraestructura gasística adecuada. De hecho, el consumo de gas natural en España es ridículo para la media europea (23.000 millones de termias en 1982, apenas un 10% del consumo francés o italiano), y es comprensible, en este sentido, que las autoridades energéticas españolas traten ahora de corregir una situación anacrónica cuya responsabilidad quizá tenga nombres y apellidos.

En cualquier caso, medios familiarizados con la negociación no descartan que, incluso con la voluntad política que dicen profesar las dos partes, el estrecho margen de maniobra que apenas permite la posición antagónica de las dos partes dé lugar a un acuerdo político cuya traducción técnica sea inviable. En este caso puede darse la situación anacrónica de que, incluso con un acuerdo, sea poco rentable seguir comprando gas en el exterior, precisamente en una situación de sobreequipamiento y sobreproducción en otros subsectores energéticos.