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Ruptura de las negociaciones pesqueras entre España y la Comunidad Europea

Andrés Ortega

Con la ruptura de las negociaciones hispano-comunitarias sobre el plan español de pesca en aguas de la Comunidad Económica Europea (CEE) para 1983, el día de ayer llenó de nubarrones las relaciones entre Madrid y Bruselas. El escollo de las actividades de los palangreros -que la CEE quiere equiparar en las licencias a los arrastreros- echó el barco a pique. El problema tiene que pasar ahora al nivel político, ya que no hay otra solución. Y la CEE es un club de trueques, donde no se da nada gratuitamente.

"La CEE utiliza con España en el tema pesquero un lenguaje autenticamente colonial", declaró ayer el secretario de Estado de Relaciones con la CEE, Manuel Marín, que se encontraba en Bruselas por motivos relacionados con la negociación para la adhesión española, que tampoco va por buen camino. El fracaso de ayer supone la interrupción de las actividades pesqueras españolas en la CEE a partir del primero de abril, salvo que la negociación se recupere en los días inmediatos, ya que la prórroga de las licencias de 1982 se agota el 31 de marzo.Las cuestiones técnicas empañaron las negociaciones pesqueras, si es que se pueden a estas alturas llamar técnicos estos problemas. Hasta ahora la CEE, para cada licencia otorgada, equiparaba a tres palangreros con un arrastrero. La multiplicación de los anzuelos en las líneas de aquéllos han producido un escollo en la negociación, en la que la CEE se muestra intransigente, presionada especialmente por el Reino Unido e Irlanda. Es más, la CEE quiere reducir en un 15% o 20% -de 114 a 96- el número de las licencias de pesca a los españoles. Con la cuestión de los palangreros, la reducción sería de hecho aún mayor en el esfuerzo pesquero español.

Ante el fracaso de los funcionarios españoles encabezados por el director general de Pesca, Juan Prat, la cuestión ha de pasar ahora -la próxima semana- al nivel político, donde son posibles los cambalaches entre sectores aparentemente inconexos (coches contra pescado en el caso británico). Hay, sin embargo, prisa. La actual prórroga pesquera otorgada a España expira el 31 de marzo y varios países de la CEE no están dispuestos a ampliarla, lo que podría llevar a una ruptura en las actividades pesqueras.

Juan Prat declaró ayer que Ias posturas inflexibles de algunos Estados miembros de la CEE han imposibilitado la labor de la comisión, que tenía unas posturas más próximas a las españolas. La mayor parte de la propuesta de la CEE es inaceptable y produciría un quebranto del esfuerzo pesquero español, superior a la prevista reducción de la cuota".

Una cuestión venenosa

La cuestión pesquera está envenenado las negociaciones de adhesión. Ahí queda el colonialismo al que hizo alusión Marín. La Comisión Europea debía haber elaborado para esta semana un informe sobre la aplicación de la nueva Política Pesquera Comunitaria (PPC) a las negociaciones para la adhesión de España. Los funcionarios ni lo, habían preparado. Y se trataba tan solo de poner al día el acervo comunitario tras el nacimiento de la PPC. Ayer tuvo que intervenir la dimensión política de los comisarios para exigir que estuviera listo para ser debatido por la Comisión Europea la próxima semana. No puede sorprender, por tanto, que Marín señale que "la votación política de la CEE no se corresponde con la realidad de la negociación" para el ingreso de España.

Sí resulta más sorprendente que, a estas alturas, Marín sospeche que la CEE quiere desarmar a España rápidamente en el terreno industrial para imponer largos períodos de adaptación en otros sectores, como la agricultura. De una ingenuidad se ha pasado a otra. Pues, entre otras cosas, de eso trata la propuesta en la que ahora, en una estrategia global española que poco tiene de novedosa, los capítulos sobre textiles y restricciones cuantitativas se han convertido en los rehenes de cara a la búsqueda de un período de transición generalizado para toda la adhesión, es decir, no aceptar una táctica del salami por parte comunitaria que fijaría los períodos de transición sector por sector sin referencia al total, en palabras de Marín.

Por otra parte, para preparar la ampliación de la CEE, la Comisión Europea presentó ayer formalmente sus propuestas ya conocidas para reformar los reglamentos comunitarios que afectan a las frutas y hortalizas y el aceite de oliva. Este, en el caso de España, tendría un período de transición de diez años para integrarse plenamente en la Comunidad: durante dieciocho meses ha estado debatiendo estos temas el Consejo de Ministros de la CEE sobre propuestas similares sin llegar a un acuerdo. Los ministros de Agricultura de los diez dedicarán una reunión especial los días 8 y 9 de marzo a estos, productos mediterráneos.

Tras la adhesión, según la propuesta de la Comisión, el mercado del aceite español quedaría aislado del exterior durante un período que en ningún caso podría superar el total de diez años, durante el cual España podría beneficiarse de las ayudas comunitarias a la producción.

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