España es uno de los países de la UE que más ajuste fiscal deberá hacer por el envejecimiento
El país necesitaría una reestructuración adicional de sus gastos equivalente al 6,3% del PIB para 2045, cuando está previsto que termine el impacto de la generación del ‘baby boom’ en las pensiones
España se enfrenta a un desafío presupuestario significativo para las próximas décadas, impulsado principalmente por el envejecimiento de su población. En concreto, el país necesitará realizar un ajuste fiscal adicional equivalente al 6,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2045, que es la década en la que está previsto que se termine el impacto de la generación del baby boom. Esta reestructuración será necesaria para hacer frente a los crecientes costes asociados al envejecimiento de la población, como las pensiones y los gastos en salud, y para mantener sus finanzas públicas en línea con las reglas fiscales de la Unión Europea. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe presentado este jueves por el centro de análisis Bruegel, titulado Cómo afectará el cambio demográfico a la sostenibilidad de la deuda en los países de la UE. El ajuste toma en cuenta el déficit estructural primario (es decir, que descarta los intereses que genera la deuda por pagar) que según la Comisión Europea es del 0,8% del PIB en 2024. De esta forma, si se suma la actual situación de déficit al futuro gasto, se concluye que para lograr un equilibrio en las cuentas habría que alcanzar esta tasa superior al 6% del PIB.
Aunque la situación fiscal de España ya requeriría ajustes en el corto plazo (más del 4% del PIB entre 2024 y 2031), el impacto del envejecimiento será aún más pronunciado en las décadas siguientes, pues se prevé que en la década de 2040 se termine de jubilar el grupo poblacional más grande que existe a día de hoy, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el centro estadístico calcula que los mayores de 65 años supondrán el 30,5% de la población en torno a 2055. En consecuencia, los costes asociados irán aumentando y esto obligará al Gobierno o bien a recortar las partidas presupuestarias de otras áreas, como la inversión en infraestructuras, educación, defensa, o incluso la propia Administración pública, o a aumentar los impuestos de manera significativa. Las simulaciones del centro de análisis europeo muestran un impacto en todas las economías comunitarias, pero España sería el tercer país más afectado para esta década, solo por detrás de Rumania y Eslovaquia, que parten de un esfuerzo fiscal muy alto.
El envejecimiento de la población es un fenómeno demográfico imparable en el Viejo Continente. Con una baja tasa de natalidad y una esperanza de vida cada vez mayor, el número de personas en edad de jubilación crece mientras la población activa disminuye. Esto crea un desbalance en las cuentas públicas, ya que menos trabajadores tienen que sostener a más jubilados. El organismo asegura que si los Estados no toman medidas adicionales para mitigar los costes asociados a esta ola de jubilaciones y asistencia sanitaria, tendrán que hacer ajustes en otras áreas de sus presupuestos para cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europea —que fijan un 3% del PIB en el caso del déficit y del 60% para la deuda—. Esto implica correcciones fiscales del 2,8% del PIB de aquí a 2052 de media para los países del bloque, según Bruegel.
Sin inmigración, se proyecta que la población de la UE caerá de 451 millones en 2022 a 406 millones en 2050, una disminución del 10%. Aún más preocupante es que la cantidad de personas en edad de trabajar (20 a 64 años) se reduciría un 21%, pasando de 264 millones a 207 millones. Mientras tanto, la población de mayores de 65 años aumentaría en 32 millones, y la población joven caería en más de 20 millones. Este panorama no solo aumenta la tasa de dependencia de la tercera edad, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de bienestar y las finanzas públicas.
España tendrá que ajustarse el cinturón al menos por los próximos 30 años. La estimación del organismo contempla un ajuste del 6% del PIB entre 2024 y 2052, el periodo total analizado. Países como Francia, Italia y Polonia también deberán realizar ajustes de entre el 4% y el 5% de su PIB. Rumania y Eslovaquia, por su parte, tendrán que llevar a cabo ajustes más drásticos, superiores al 7% del PIB. A nivel general, el envejecimiento afectará de manera desigual, en función de sus posiciones fiscales actuales y sus proyecciones demográficas.
En el caso español, el lastre no es tanto la situación económica como el problema de tener una pirámide poblacional invertida. En general, el problema en el continente se agudiza porque las proyecciones actuales no contemplan medidas paliativas, entre las que podría estar aumentar la edad de jubilación o mejorar los sistemas de salud. Pese a que los expertos coinciden en que estas reformas podrían aliviar la carga fiscal, el documento enfatiza que “la aplicación por parte de los países de la UE sigue siendo deficiente” y existe un sesgo porque “evitan casi por completo las recomendaciones relacionadas con la inmigración y la fertilidad, a pesar de la abundante literatura académica en estas áreas”.
Para evitar reducir el gasto crítico y al mismo tiempo mantener la deuda sostenible, “los países de la UE tendrán que tomarse más en serio las reformas, y la Comisión y el Consejo deben mostrarse más audaces a la hora de ampliar el perímetro de las áreas de política que abordan en sus recomendaciones”, añade el informe. Entre las recomendaciones más extendidas está aumentar la participación de la fuerza laboral, centrando los esfuerzos en mujeres, jóvenes, personas desfavorecidas e inmigrantes. Por otra parte, los consejos para mejorar los sistemas de pensiones apuntan a limitar las jubilaciones anticipadas, aumentar el empleo entre los trabajadores mayores y ajustar la edad de jubilación según la esperanza de vida. También se sugiere igualar la edad de retiro entre hombres y mujeres en aquellos países, como Rumanía o Austria, en los que todavía es diferente, unificar los diferentes regímenes de pensiones, revisar cómo se actualizan las pensiones y mejorar las pensiones mínimas. A ello se suma fortalecer los fondos privados de pensiones y fomentar el ahorro personal para la jubilación.
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