Los sindicatos cargan contra el rechazo político a sus acuerdos: “El Parlamento no puede secuestrar derechos”

A los jefes sindicales no les ha gustado nada que los grupos políticos que sostienen la mayoría del Gobierno rechacen, de momento, el acuerdo para reformar las pensiones que ha suscrito este miércoles el Ejecutivo. “Sería bueno que la vida política dejase los fuegos artificiales. Una cosa es el artificio y otra las cosas de comer, como lo que hemos firmado hoy”, ha indicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha señalado que “el 1 de enero habría personas afectadas si esto no sale adelante, y los grupos iban a tener que explicarlo”. En la misma línea, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha dicho: “Pedimos seriedad, esto no son hilos de Twitter”. “Que los grupos parlamentarios sepan que vamos a defender nuestro acuerdo. España no puede ser rehén de las diferencias políticas que hay en nuestro país. El Parlamento no puede secuestrar derechos de los trabajadores, que normas que han sido pactadas por los agentes sociales no vean la luz”, ha agregado Álvarez en la sede de su sindicato, en una rueda de prensa conjunta con el líder de CC OO.

La respuesta desde el Congreso no se ha hecho esperar y esta tarde el diputado de ERC, Jordi Salvador, ha reivindicado las competencias de los grupos en esta negociación. “Nunca he dicho ni una palabra en contra de los sindicatos, creo que son insustituibles y muy importantes, pero hay cosas que pasan por el Congreso y la soberanía popular también es importante”, ha indicado este diputado. Es más, ha manifestado un profundo respeto por las centrales y por el acuerdo social pero, a cambio, ha pedido “el mismo respeto para los partidos que nos declaramos defensores de la clase trabajadora”. Y ha añadido una advertencia: “Los partidos tenemos derecho a negociar y enmendar las cosas, no siempre va a haber un (Alberto) Casero de turno”, en referencia al diputado del PP que con su equivocación al votar permitió que se aprobara la reforma laboral que habían rechazado algunos socios del Gobierno de coalición en la pasada legislatura.

Los diputados de ERC, Bildu y BNG ya expresaron la semana pasada sus dudas sobre el acuerdo de sindicatos, patronales y Gobierno para la última parte de la reforma de pensiones, que introduce cambios en la jubilación parcial y en la modalidad de retiro activo; un nuevo procedimiento para establecer los coeficientes para adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones penosas o peligrosas; y un nuevo esquema de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, derivado del último pacto de convenios que firmaron los agentes sociales.

El lunes fueron más allá y afirmaron a este periódico que, si no hay cambios sustanciales en el texto, rechazarán el acuerdo, aunque tenga el beneplácito de las patronales y sindicatos más representativos. Es más, se quejaron por la escasa participación que se les da, a su criterio, en el diseño de las políticas laborales. “Se supedita la discusión sobre políticas laborales al diálogo social, con la coletilla de que no se puede tocar ni una coma. Vemos la intención de hurtar al legislativo el derecho de discutir, plantear enmiendas. ¿No podemos opinar del modelo laboral y de pensiones?”, denunció el diputado de ERC Jordi Salvador. En la misma línea, Néstor Rego (BNG), critica que “se sacralice lo que se acuerde en el diálogo social; se traslada la capacidad legislativa fuera del Congreso”. También critican el contenido del acuerdo, sobre todo por el nuevo rol que otorga a las mutuas, entre otros detalles.

Este miércoles fuentes de Podemos, con cuatro diputados decisivos para la mayoría, también han criticado el pacto: “Este es un acuerdo exclusivamente del Gobierno, que no ha contado con el Parlamento. Podemos estudiará y analizará en detalle cuando se traslade a las Cortes. Sí podemos adelantar que nuestra organización no apoyará ningún recorte en los derechos de las personas pensionistas, especialmente de las más vulnerables, y tampoco respaldará medidas que contribuyan a la privatización de la sanidad”. El PP también rechaza este acuerdo, así que ahora mismo el Gobierno no tendría votos suficientes para sacarlo adelante.

El jefe de CC OO ha insistido: “Cuidado con descartar la importancia de lo que hemos presentado hoy. Podemos tener un lío en algunos sectores productivos, que no se renueve el contrato de relevo afectaría a miles de trabajadores. Son medidas muy concretas, como el refuerzo de la cotización de los fijos discontinuos. Si decae tendrán que explicarlo”. “Me cuesta entender que diputados de comunidades tan afectadas por el contrato de relevo tomen esta posición”, ha agregado Álvarez, que, sin mencionarla, ha hecho referencia directa a ERC: “Hay partidos que han estado gobernando en alguna comunidad autónoma y no han hecho nada para cambiar lo que ahora rechazan”.

Sordo ha extendido su queja a la falta de definición de los partidos respecto a la reducción de jornada: “No nos vamos a poner la venda antes de la herida, pero además del proceso de movilización [para reclamar a la patronal que acuerde el recorte de tiempo de trabajo] vamos a dirigirnos a los partidos políticos para pedirles que se definan. Nos vamos a dirigir a todos menos a la extrema derecha, que no se caracteriza por exceso de trabajo. Estamos en el tiempo en que parece que la política va de narrativa, pero lo que aprobamos tiene efecto en mucha gente. Ellos sabrán a lo que juegan”. Además, ha dicho: “No daría por sentado que no hay los números para que no salga [la reducción de jornada]. Puede tener costes políticos”, en referencia al gran respaldo demoscópico de la medida, tanto a izquierdas como a derechas.

El jueves 26 de septiembre tendrá lugar la primera protesta de los sindicatos frente a las sedes de la CEOE repartidas por España, para denunciar la “estrategia de bloqueo” que los sindicatos advierten en la forma en que está negociando la patronal. Este miércoles las centrales han celebrado una asamblea informativa conjunta al respecto en la sede central de UGT en Madrid.