El Estado ocupa actualmente el primer puesto en el 'ranking' del sistema financiero español

La expropiación decretada sobre los dieciocho bancos que componían la división bancaria de Rumasa, y el traspaso de la titularidad de los mismos al Patrimonio del Estado, ha supuesto que el sector público se coloque en el primer puesto del sistema financiero español. Esto es así, si se tienen en cuenta los activos totales que aparecen en los balances die los dieciocho bancos del holding de la abeja y los del Banco Exterior de España. Si a estas cifras se suman las correspondientes a la Caja Postal de Ahorros y las de la banca oficial, la distancia entre la parte pública del sistema financiero y cada uno de los grupos bancarios privados se incrementa en cantidades importantes.

Los datos recogidos por el Consejo Superior Bancario, correspondientes al balance del ejercicio de 1982, muestran cómo, si se suman los activos totales de los dieciocho bancos de Rumasa a los del Banco Exterior de España, resulta un cifra que supera los 2,1 billones de pesetas, que representa el 10,73% del total de la banca privada en España.El porcentaje de participación de los siete grandes que más se acerca es el del Banco Central, con el 10,44%, que corresponde a 2,08 billones de pesetas.

Estos cálculos no tienen en cuenta la participación en el total de activos de los bancos filiales de los siete grandes, lo que incrementaría de forma significativa la concentración de activos en ellos pero al no incluirse tampoco los correspondientes a los bancos oficiales -Hipotecario, Industrial Agrícola, Local y Crédito Social Pesquero- y a la Caja Postal, las comparaciones para establecer que el Estado se ha situado en el primer lugar del ranking pueden valer.

1.200 oficinas bancarias

El ministro de Economía y Hacienda afirmó en la conferencia de Prensa que celebró para explicar las razones de la expropiación de las empresas del grupo Rumasa que lo normal sería que, una vez que se tuviera un conocimiento real de la situación y se procediera al saneamiento de los activos contabilizados, se produjera una cierta cadena de fusiones e integraciones entre los bancos del grupo Rumasa. Esta no debería ser incompatible con la posibilidad, también reconocida por el ministro de Economía y Hacienda en la misma conferencia de Prensa, de que algunas empresas vuelvan al sector privado, una vez se haya conocido y, en su caso, restablecido su situación patrimonial.

En estos momentos la tarea en la que se concentrarán los nuevos administradores del grupo de balncos de Rumasa será establecer la validez de los apuntes contables y de balance que hasta ahora han venido siendo aceptados. Intentar clarificar su real situación, como se afirmaba en el comunicado de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), hecho público después de la conferencia de Prensa de Boyer, y dar los primeros pasos para que disminuya la concentración de riesgos, será otro de los objetivos.

Pero una vez que esto se haya conseguido, e incluso antes, el Estado contará con una red de sucursales bancarias de casi 1.200 oficinas, a las que hay que añadir la correspondientes al Exterior. Ello le proporcionará una operatividad comercial importante, con la que no contaba hasta ahora y que forma parte de los planteamientos a medio plazo que recogía el programa electoral del Partido Socialista.

En dicho programa se afirma que el sector público tiene que jugar un papel importante y creciente en el conjunto del sistema financiero, compitiendo directamente con la banca privada, tanto en la captación de pasivo en las mismas condiciones de la banca privada -para lo que necesita una red de sucursales de implantación nacional-, como en poder participar en el conjunto del negocio bancario, no limitando su actividad a proporcionar fondos para financiar los circuitos privilegiados de crédito o las actividades exportadoras de los diversos sectores de la econornía española.

En este sentido se encuadraba el anuncio de la nueva política del Banco Exterior de España, que se centra en conseguir una mayor implantación en el territorio nacional para captar clientes y abrirse a nuevos servicios bancarios y las reiteradas declaraciones de los responsables del Crédito Oficial de transformar estas entidades en lo que se refiere a utilización de fórmulas para crecer en recursos ajenos como para unir más estrechamente a los beneficiarios de créditos oficiales a interés privilegiado con los propios bancos públicos.

Días antes de que se produjera la expropiación de Rumasa, en al gunos medios de la Administración se estimaba que era necesario que el Estado ejerciera el derecho de tanteo sobre alguno de los bancos administrados en la actualidad por el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero ello no significaba que fuera el Banco Exterior de España el que tuviera que adquirir el Banco de Levante o los correspondientes al grupo de Banca Catalana que no se adjudicaran a instituciones privadas.

El derecho de tanteo

Tenía que ser el Patrimonio del Estado el que ejerciera el derecho de tanteo sobre los bancos en crisis y se encargara, en una primera etapa, de sanearlos y ponerlos en funcionamiento normal.

Los actuales bancos oficiales no podrían hacerse cargo de los adquiridos mediante este procedimiento, en tanto en cuanto no se produjera en su seno la modernización de sus estructuras, que se pretende esté prácticamente terminada en el ejercicio actual. Estas tesis podrían empezar a concretarse antes de lo que estas fuentes de la Administración pensaban, y con una fuerza mayor de la prevista, dada la diferencia entre el número de sucursales con que cuenta el Banco de Levante -implantado a nivel nacional- o el del grupo de Banca Catalana -mayor, pero localizadas la mayoría en Cataluña- y las de los dieciocho bancos de Rumasa, con sus casi 1.200 oficinas.