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Editorial:

La nacionalización de Rumasa

LA EXPROPIACIÓN por parte del Gobierno del grupo bancario de Rumasa y de todas las sociedades del holding es imposible de ser analizada con rigor y corrección en base a la escasa, por no decir ninguna, información que el Gabinete ha ofrecido hasta ahora. Es, de hecho, la primera nacionalización decidida por el Gobierno socialista, que se presentó a las elecciones con un programa calificado por los observadores de socialdemócrata y hasta de neoliberal, y que no incluía una política nacionalizadora en ningún caso. Si se considera que Rumasa, según fuentes del propio holding, controla alrededor del 1,8% del producto interior bruto y se contempla la realidad de las instituciones financieras españolas, puede llegarse a la conclusión de que con esta medida el Estado se convierte en el primer banquero del país. Y empresas tan dispares como Loewe, las Mantequerías Leonesas o las chocolatinas de la Trapa, para no hablar de las bodegas y los hoteles de Rumasa, son desde hoy propiedad pública.Desconocemos a la hora de escribir este comentario las características del decreto nacionalizador. Parece que afecta a todas las empresas del grupo, pero no se saben las condiciones de la expropiación, la indemnización y la concreción de la titularidad estatal de la propiedad y gestión de lo expropiado. Fuentes gubernamentales aseguran que habrá una oferta a la iniciativa privada para que recupere algunas de las empresas, pero es preciso decir que al habitual desprecio por la información diáfana que el actual Gabinete viene demostrando se ha sumado en esta ocasión el silencio por motivos de estrategia política y económica. Eso ha hecho que los propios directivos del holding se enteraran de la decisión gubernamental al mismo tiempo que el resto de los españoles, a través de las cámaras de televisión. Este detalle, que podría ser nimio o anecdótico, no lo es si se contempla la inaudita batalla emprendida hace unos días por el ministro de Economía y Hacienda contra el grupo presidido por Ruiz-Mateos, al comentar públicamente sus dificultades y amenazar con enviar a los inspectores del Banco de España si Rumasa no reemprendía las auditorías. Lo insólito de la actitud ministerial, que ha tenido que servir inevitablemente para hacer crecer la desconfianza entre los depositantes de los bancos de Rumasa, no paró ahí. La petición hecha pública por el propio Ruiz-Mateos, y no desmentida por Boyer, de que la firma de auditorías Arthur Andersen enviara informes al Banco de España directamente, sin la presencia del cliente auditado, habrá dejado atónitos a todos los expertos en finanzas. Nada de eso significa que el Gobierno no tenga razones que avalen la medida, pero la eventual corrección de la misma no exculpa lo irregular del comportamiento del ministro. Otros detalles no deben pasar inadvertidos, como el hecho de que Boyer hablara en nombre del Banco de España, cuando no puede hacerlo, pues éste goza de una legislación de autonomía. Pero el Gobierno tendrá que explicar en cualquier caso qué ha sucedido en los últimos cuatro días que le haya llevado a tomar ahora, y no antes, esta decisión. Sin discutir por eso lo oportuno o no de la misma, pues desconocemos sus características, es preciso señalar la incómoda sensación de que este acto de autoridad, de consecuencias todavía difícilmente previsibles, viene enmarcado en un desafío público a uno de los ministros más representativos del Gobierno y en medio de una arbitraria política financiera dictada, según todos los indicios, no por el gobernador del Banco de España, sino por el subgobernador, Mariano Rubio, que aparece como el hombre fuerte en las decisiones de la política económica del Gabinete.

La crisis de Rumasa es la número treinta de las crisis bancarias declaradas en este país desde que en 1978 el Banco de Navarra fuera intervenido por el de España. Puede decirse que ni una sola ha recibido tratamiento igual o paritario, y que el aparente ensañamiento -hasta en las relaciones personales- con que se ha comportado en este caso, al margen los contenidos estrictos de la medida, contra esta con la delicadeza habida, incluso en período electoral, con temas como el de Banca Catalana o la peculiaridad de la solución dada al asunto Urquijo Hispano.

Todo esto no empaña la sospecha de que por otra parte Rumasa se haya venido comportando de manera cuando menos heterodoxa, lo mismo en sus relaciones con el Banco de España que en el desarrollo y crecimiento del grupo. Lo que el Ejecutivo tendrá que demostrar hoy con pruebas, y no apelando simplemente a la fe en sus capacidades, es si la repuesta dada a las eventuales irregularidades del holding es la adecuada y la prudente, y si no se ha establecido un trato discriminatorio. También merece la pena preguntarse por las repercusiones en el exterior. Y en todo caso es incomprensible e innecesaria la prepotencia formal con que la propia expropiación se ha llevado a cabo. No era preciso añadir a la dureza de la medida la del gesto.

De lo que declaren hoy los responsables económicos del Gabinete podrá deducirse, por lo demás, si la medida es acorde con el marco socieconómico constitucional y con el programa electoral del propio PSOE. Sólo si son convincentes a la hora de probar que esta era la única manera de defender los puestos de trabajo y de evitar daños a terceros, y que había motivos de verdadera utilidad pública, podremos saber que la decisión no es, al menos en parte, fruto de la fuga hacia delante de un ministro que no podía seguir siendo ministro sin intervenir Rumasa después de sus declaraciones del viernes pasado. Y, sobre todo, después de la propia fuga hacia delante de Ruiz-Mateos en su reciente conferencia de Prensa. La incómoda sospecha de que el principio de autoridad pueda haber primado a la hora de tomar decisiones económicas que merecen alguna templanza sólo puede ser despejada por el propio Boyer. Si logra hacerlo, habrá que convenir que el Gabinete de Felipe González ha tomado una decisión discutible pero valiente. Tan valiente que, si no logra justificarla, habrá sembrado la semilla de descrédito y desconfianza empresarial más grande que se recuerda en la reciente, y no tan reciente, historia económica de este país.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de febrero de 1983