El Gobierno expropia los bancos y todas las empresas del Grupo Rumasa

"Las razones de esta decisión del Consejo de Ministros, añadió el portavoz del Gobierno, entran de lleno en las consideraciones de utilidad pública e interés social previstas en el artículo 33 punto 3 de nuestra Constitución". El texto de este artículo, en el apartado citado, dice: "Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes". "Con esta medida", prosiguió Eduardo Sotillos, "el Patrimonio del Estado se hace cargo de dichas entidades, asegurando así, absolutamente, los derechos de depositantes y de empleados". "El Gobierno", concluyó, "ha cursado también instrucciones para que, a partir de las ocho horas del jueves 24 y hasta las ocho horas del lunes 28 de febrero, permanezcan cerra das todas las oficinas bancarias del grupo Rumasa y se suspenda hasta nueva orden la cotización en Bolsa de las acciones de las empresas de grupo". La expropiación de Rumasa es la noticia económica más importante de los últimos años y tiene una enorme trascendencia política por el procedimiento empleado y por la entidad económica y social de la decisión. Los ministros de Economía, Industria y Agricultura explicarán hoy a la opinión pública los presuntamente graves motivos que han impelido al Gobierno a adoptar esta medida. El presidente y fundador del grupo de empresas Rumasa, José María Ruiz-Mateos, quien al parecer tuvo conocimiento de la noticia a través de Televisión Española, no hablará hasta después de conocer el contenido de la conferencia de prensa del Gobierno. Tras la noticia, fue prácticamente imposible comunicar con los miembros del Gobierno ni con las autoridades monetarias del Banco de España. A primeras horas de la madrugada, en la sede madrileña del Boletín Oficial del Estado no se había recibido el texto del real decreto ley, por lo que algunos altos directivos bancarios de Rumasa declararon a este periódico que de no producirse la comunicación oficial, intentarían abrir sus sedes. El presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, calificó anoche la decisión del Gobierno de "sorprendente y grave". Pedro Schwartz, uno de los portavoces económicos del Grupo Popular, declaró que la oposición presentará una interpelación parlamentaria.

"Las razones de esta decisión del Consejo de Ministros, añadió el portavoz del Gobierno, entran de lleno en las consideraciones de utilidad pública e interés social previstas en el artículo 33 punto 3 de nuestra Constitución". El texto de este artículo, en el apartado citado, dice: "Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes". "Con esta medida", prosiguió Eduardo Sotillos, "el Patrimonio del Estado se hace cargo de dichas entidades, asegurando así, absolutamente, los derechos de depositantes y de empleados". "El Gobierno", concluyó, "ha cursado también instrucciones para que, a partir de las ocho horas del jueves 24 y hasta las ocho horas del lunes 28 de febrero, permanezcan cerra das todas las oficinas bancarias del grupo Rumasa y se suspenda hasta nueva orden la cotización en Bolsa de las acciones de las empresas de grupo". La expropiación de Rumasa es la noticia económica más importante de los últimos años y tiene una enorme trascendencia política por el procedimiento empleado y por la entidad económica y social de la decisión. Los ministros de Economía, Industria y Agricultura explicarán hoy a la opinión pública los presuntamente graves motivos que han impelido al Gobierno a adoptar esta medida. El presidente y fundador del grupo de empresas Rumasa, José María Ruiz-Mateos, quien al parecer tuvo conocimiento de la noticia a través de Televisión Española, no hablará hasta después de conocer el contenido de la conferencia de prensa del Gobierno. Tras la noticia, fue prácticamente imposible comunicar con los miembros del Gobierno ni con las autoridades monetarias del Banco de España. A primeras horas de la madrugada, en la sede madrileña del Boletín Oficial del Estado no se había recibido el texto del real decreto ley, por lo que algunos altos directivos bancarios de Rumasa declararon a este periódico que de no producirse la comunicación oficial, intentarían abrir sus sedes. El presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, calificó anoche la decisión del Gobierno de "sorprendente y grave". Pedro Schwartz, uno de los portavoces económicos del Grupo Popular, declaró que la oposición presentará una interpelación parlamentaria.