La Generalitat y los partidos políticos se reafirman sobre la 'ley de las rebajas'

La constitucionalidad de la ley de Regulación de Estructuras Comerciales y Ventas Especiales, aprobada recientemente por el Parla mento de Cataluña y puesta en en tredicho por un informe jurídico del profesor Eduardo García de Enterría, fue defendida ayer por la Administración autonómica y por representantes de las distintas fuerzas parlamentarias catalanas El informe de García de Enterría hecho público el domingo califica la ley de las rebajas como inconstitucional, al infringir, en su opinión, algunas de las libertades básicas reconocidas por la Constitución.Estos supuestos, sin embargo, fueron puestos en entredicho por el secretario general técnico de la Conselleria de Comercio y Turismo de la Generalitat, Andreu Gispert, quien aseguró que en la elaboración de la ley se habían tenido en cuenta las limitaciones derivadas de la propia legislación mercantil, de la ley sobre la Defensa de la Competencia y de la unidad de mercado. Gispert mostró también sus dudas sobre la vigencia del informe de García de Enterría:

El portavoz de Convergència i Unió (GU) en la Cámara catalana, Antoni Subirá, explicó a este diario que los aspectos constitucionales que cita el profesor García de Enterría fueron tenidos en cuenta en la tramitación de la ley, y recordó que este criterio fue compartido por los principales partidos del Parlament, incluida la oposición socialista y comunista, que votó favorablemente el texto.

En parecidos términos se expresó la comunista Assumpció Sellés, del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), quien, tras insistir en la constitucionalidad del proyecto, aseguró que la Generalitat gozaba de competencias en comercio interior. Sin embargo, la representante comunista en la comisión que dictaminé el proyecto explicó que en el fondo del debate se encontraba la polémica ya desatada por García de Enterría con la ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Los partidarios de esta ley -agregó- creen que las comunidades autónomas no pueden legislar sobre sus competencias si no existe una ley de bases estatal, criterio que no comparte el PSUC.

Términos de mayor dureza empleó el portavoz de Esquerra, Republicana de Catalunya (ERC), Albert Alay, para comentar el informe de García de Enterría. Tras dejar sentada la constitucionalidad de la ley, Alay dijo que el profésor "debería explicar primero qué concepto tiene de las autonomías, extremo que yo ya presupongo desde que elaboré el célebre informe sobre la concertación".

Para Alay, la ley no es contraria ni al derecho mercantil ni a la unidad de mercado, sino que se limita a regular unas "modalidades comerciales que son perfectamente legítimas".

Los socialistas catalanes, a través de su portavoz parlamentario, Lluís Armet, declararon que ellos, después del dictamen del Consell Consultiu, ayudaron a la elaboración de textos consecuentes con el dictamen, que indicaba peligros de inconstitucionalidad en la redacción inicial. En relación al informe del profesor García de Enterría, Armet señaló: "Sería prudente y necesario que dictámenes de eminentes juristas no salgan a la luz pública sin indicar la persona o entidad que los han encargado. En temas de inconstitucionalidad es necesaria una extremada prudencia y un respeto escrupuloso en relación al organismo que es competente: el Tribunal Constitucional. Entrar en diatribas jurídicas basandose en diversas personalidades más o menos acreditadas es una vía de creación de incertidumbres que nosotros intentaremos evitar".