La Generalitat emitirá 2,000 millones de deuda para salvar a la Cooperativa de Reus

El Consell Executiu de la Generalitat presentará próximamente al Parlament de Cataluña un proyecto de ley de ayuda al sector cooperativo agrario que prevé la emisión de 2.000 millones de pesetas de deuda pública para refinanciar las deudas de las cooperativas en crisis. La nueva ley está pensada principalmente para la Unión Agraria Cooperativa (UAC) de Reus, con más de 120 cooperativas locales con un volumen global de ventas próximo a los 8.000 millones de pesetas, que recibiría 1.600 millones para afrontar parte del endeudamiento de 2.600 millones que soporta la entidad a causa de unas pérdidas anuales de trescientos millones, lo que representa un pesado lastre de carga finaciera.

Jordi Planasdemunt, conseller de Economía y Finanzas, departamento que ha elaborado el citado proyecto de ley, ha condicionado la concesión de estas ayudas a la asunción por parte de las cooperativas de una serie de compromisos, con el propósito de estimularlas a buscar soluciones alternativas a sus problemas y con el objeto, al mismo tiempo, de garantizar un empleo responsable del dinero público.La situación de la UAC es especialmente delicada si se tiene en cuenta que la mayor parte de sus deudas las tiene contraídas con la Caja Rural Provincial de Tarragona, que tiene su sede principal en Reus, lo que ha motivado una atenta vigilancia de esta última entidad por parte del Banco de España. Tras la inspección realizada en el verano pasado, el Banco de España ha asegurado que la caja goza de buena salud, a pesar de haberle abierto tres expedientes administrativos.

El banco emisor y el conseller de Economía han acordado una solución, que cuenta con la bendición del vicepresidente económico del Gobierno, Miguel Boyer. Esta solución prevé que la Generalitat actúe como intermediario, y tiene por objetivos financiar las deudas de la cooperativa y reducir los riesgos contraídos por la entidad de ahorro.

El procedimiento concreto consistiría en que con la deuda pública emitida, la Generalitat se haría cargo de las deudas de la UAC, que serían reembolsadas por la cooperativa en un plazo de veinticinco años y a un bajo interés, entre el 5 y el 6%, y simultáneamente la Caja suscribiría la misma cantidad de deuda pública. Esta fórmula de triple toma y daca permitiría a Unión reducir sus cargas financieras en más de cincuenta millones anuales, ya que el interés que paga actualmente por sus créditos es del 13,5%, y la desligaría, además, de la situación de ahogo que supone la renovación anual de los préstamos.

Planasdemunt recomienda

Jordi Planasdemunt no ha ocultado que "en definitiva esta operación es una subvención a las cooperativas", que costará a la Generalitat unos quinientos millones de pesetas por la diferencia de intereses durante los veinticinco años de su duración. Pero ha insistido en que el mecanismo empleado obliga a las cooperativas a adquirir serios compromisos "que les obligan a administrar los fondos públicos recibidos con la máxima responsabilidad".En este sentido, el conseller de Economía ha recomendado a la UAC una serie de medidas encaminadas a sanear su economía. Entre ellas destacan la aportación de un millón de pesetas por cada una de las 120 cooperativas integradas en la UAC, de los que ya se han recaudado 81 millones y la entrega del uno por ciento del valor de las ventas de las cooperativas a la UAC durante diez años, cantidades que serían devueltas al finalizar el período y la liquidación de las secciones más deficitarias, como es la de vinos.

El progresivo endeudamiento de la Unión Agraria Cooperativa con la Caja Rural Provincial llamó la atención del Banco de España, que en su inspección ordinaria del verano pasado descubrió que en aquellas fechas las deudas superaban los 1.600 millones de pesetas, lo que creaba una situación de excesivo riesgo para la entidad de ahorro.

Inspección del banco emisor

A raíz de la investigación, el Banco de España ha abierto tres expedientes administrativos dirigidos, respectivamente, contra la Caja Rural, la antigua Junta Rectora, integrada por las mismas personas que la de la UAC, y el director de la entidad de ahorro, Jordi LLuís.Posteriormente, el Banco emisor envió una carta a los responsables de la Unión, en la que señalaba que el excesivo endeudamiento se había originado por posibles irregularidades en las actuaciones de los directivos de la UAC "poco respetuosas con la legalidad vigente".

En las conversaciones mantenidas con los representantes del Banco aparecieron como principal responsable de la mala gestión, el antiguo director comercial, Josep Roig Magriñá, ex conseller de Agricultura de la Generalitat, fugado repentinamente al Brasil con su secretaria en un fogoso lance de pasión, que significativamente comenzó cuando se inició la auditoría de la entidad.

Sin embargo, con independencia de la resolución que en su día recaiga sobre los expedientes, un portavoz del Banco de España ha señalado que "no ha intervenido ni tiene intención de intervenir la entidad, ya que los únicos problemas que se han planteado han sido originados por la existencia de avales con garantías poco sólidas".

La antigua Junta Rectora estaba presidida por Julián Olivella Ràfols, presidente, asimismo, de la Cooperativa de Arboç del Penedés. Juan Solé ocupaba el cargo de vicepresidente; Feliciano Cochs Cogull actuaba como secretario, siendo al tiempo presidente de la Cooperativa de la Selva, una de las que más se ha beneficiado de la Unión, y el actual presidente ostentaba el cargo de tesorero.

El hasta ahora director, Jordi LLuis ha sido cesado del cargo fulminantemente por la nueva Junta Rectora elegida el pasado 29 de agosto. De momento continúa disfrutando unas largas vacaciones y fuentes próximas a a la UAC especulan que su caso podría liquidarse con una sustanciosa indemnización en reconocimiento a los servicios prestados.