Insólita intervención del fiscal para justificar su actitud en el juicio por el caso Crimidesa

El fiscal de la Audiencia Provincial de Burgos solicitó ayer que se impusieran un total diez años de prisión y 420.000 pesetas de multa a los nueve mineros de Crimidesa por los supuestos delitos de atentado, detención ilegal y daños. El fiscal retiró las acusaciones contra el sindicalista de CCOO Maximino Luaces, para quien se pedían cinco años de cárcel. Esta petición fue formalizada ayer por la mañana en el transcurso de la tercera y última sesión del juicio oral, que ha quedado visto para sentencia.

Algo está cambiando. El pasado jueves nueve mineros y un líder sindical de CC OO se sentaron en el banquillo de los acusados, procesados por unos incidentes acaecidos en octubre de 1980 en Cerezo del Río Tirón. El fiscal solicitaba para ellos una pena total de 52 años y nueve meses de cárcel. Ayer, sábado, el fiscal pidió disculpas a los procesados."Lo siento si en algo les he afectado", les dijo.

Con estas palabras el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Burgos cerró un apasionado parlamento con el que justificó el papel del ministerio público en este sumario. Fue un discurso inesperado, seguido con cierta sorpresa por el público que llenaba la sala. "Me siento con una profunda tristeza porque en realidad lo que está pasando aquí es que está siendo juzgada la propia justicia y no unos hechos. Es triste que se nos diga que este juicio es una lucha contra la clase obrera...", dijo el fiscal refiriéndose a las críticas vertidas por "determinada prensa", a los casi 3.000 telegramas de apoyo a los procesados que se han recibido en la Audiencia y a unas declaraciones de Marcelino Camacho a los medios radiofónicos.

Perplejidad e indignación

Hubo en las palabras del Ministerio Fiscal una cierta perplejidad e indignación, porque gran parte de su vida la había dedicado a la clase obrera y porque "¿no soy yo mismo un obrero?". "Me siento profundamente atacado y no tolero que se me ponga en el brete de que no siento el problema de la clase obrera", continuó afirmando el fiscal, al tiempo que añadía que no actuaba al servicio de clase alguna. "¿Qué creen ustedes, que los hombres de la justicia no tienen su corazón?", añadió.Algo está cambiando, cuando un representante del Ministerio Público habla de esta manera. No es un hecho usual en los tribunales de Justicia de este país. Sería un error pensar que las palabras de este fiscal y la modificación de las peticiones de penas para los acusados estaban motivadas por esas presiones oficiales a las que se refirió el funcionario. Hay un hecho indiscutible y es que en el transcurso de las últimas sesiones del juicio se habían ido corroyendo poco a poco los argumentos de la acusación. Lo que en principio era un juicio, contra los mineros de Crimidesa y contra un líder sindical, se convirtió el jueves por la tarde en un juicio contra la propia patronal.

La acusación particular

Las declaraciones de los dos ex gobernadores civiles y la del propio capitán de la Guardia Civil ayudaron a dar un giro a una vista que se aseguraba difícil y polémica. Las afirmaciones de los ex gobernadores defendiendo a los obreros y asegurando que la culpa del conflicto era de Crimidesa fueron argumentos que el fiscal debió de sopesar en el momento de tomar la decisión de modificar la pena de los acusados.La actitud sorprendente del fiscal produjo una reacción en cadena. El primer afectado fue el propio abogado querellante, quien modificó de igual manera la petición contra los acusados. La modificó y añadió que "su intervención en la causa tenía como único objeto el esclarecimiento de los hechos por el cauce de la justicia. Sin ir más allá de las apreciaciones del fiscal, en aras de dejar patente la ausencia de animadversión contra cualquiera de los procesados, en beneficio de las relaciones laborales y ciudadanas de Cerezo de Río Tirón".

Estas declaraciones causaron una gran perplejidad sobre todo teniendo en cuenta los duros términos con los que se habían referido a los procesados los directivos de la empresa en el momento de sus declaraciones. Sin embargo, y según uno de los portavoces de la empresa, Ramón Manuel de la Mora y de Planell, director de Relaciones Laborales, la actitud de Crimidesa siempre había sido esta, e "incluso habíamos decidido colocar en situación de excedencia a los trabajadores que por esta causa hubieran podido entrar en prisión".

Ramón Manuel de la Mora fue delegado comarcal del sindicato de la CNS de Cornellá (Barcelona), hasta 1975. Era uno de los hombres de confianza del equipo sindical de José María Socías Humbert y de Rodolfo Martín Villa. A través de Ramón de la Mora y de la delegación de la CNS de Cornellá, se llevó a término una de las últimas experiencias sindicales del viejo régimen.

Se abrieron las puertas del sindicato, se dejó entrar a los obreros, y se llamó incluso a negociar a los líderes de las organizaciones clandestinas para poder resolver así los conflictos importantes de la comarca. Ramón Manuel de la Mora cesó en 1975 con la llegada de la democracia. Ahora es director de Relaciones Laborales de Crimidesa. Vive en Cerezo de Río Tirón.

Mohedano matiza

José María Mohedano fue el primero de los abogados defensores en hablar. Reclamó la libre absolución para los procesados. El informe de Mohedano estuvo lleno de matizaciones. Matizó que aquel tribunal no tenía nada que ver con el TOP, que lo acaecido en Crimidesa no es un modelo de relaciones laborales y que cada uno debería entonar su mea culpa.Hubo también una insinuación al Movimiento Comunista, que había criticado la manera de llevar la defensa. Y hubo también una larga referencia al director general de Crimidesa, a quien calificó de "capitán de un barco que por sus propias acciones está a la deriva". José María Mohedano, Javier Cerón y Mariano Olalla, pidieron la absolución para los mineros.

En el transcurso del juicio, se produjo la declaración de varias decenas de testigos, entre ellos dos exgobernadores civiles.