Hoy comienza en Burgos el juicio contra nueve mineros de Crimidesa

Hoy serán juzgados en la Audiencia Provincial de Burgos nueve mineros y un sindicalista de Comisiones Obreras, acusados de los delitos de atentado, coacciones, daños y detención ilegal por los hechos ocurridos en la factoría Crimidesa (Criaderos, Minerales y Derivados, SA) el 28 de octubre de 1980, dentro de una situación laboral conflictiva.El fiscal solicita para Ladislao Alcalde Barrasa la pena de siete años y tres meses y un día de privación de libertad y multas por un total de 170.000 pesetas. Para Angel y Florentino Riaño Muera, la misma cantidad de multa, una indemnización a Crimidesa de 60.135 pesetas y cinco años y tres meses de cárcel. Para los restantes acusados, José Javier Miguel Espinosa, Alberto Miguel Busto, Juan María Toquero Zuazo, Alejandro Zaradain Martínez, Miguel Abajo Torres y Máximo Luaces Ramírez, el fiscal pide cinco años de prisión menor y 40.000 pesetas de multa, por un delito de detención ilegal.

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Vuelve la tensión laboral a Crimidesa

Más de veinte personas han sido citadas como testigos al juicio, y prestarán declaración, entre otros, los ex gobernadores de Burgos Antolín de Santiago y Manuel del Hoyo.

La defensa de los procesados ha sido encomendada a los abogados José María Mohedano, Mariano Olalla y Javier Cerón. El acusador particular pide penas similares a las solicitadas por el fiscal y difiere ligeramente en el relato de los hechos contenido en las conclusiones provisionales.

Ciento cinco trabajadores de la factoría Crimidesa, situada en Cerezo de Río Tirón (Burgos), iniciaron una huelga el 12 de abril de 1980. Al no lograrse un acuerdo total en las negociaciones con la empresa, los servicios de mantenimiento cesaron el 4 de junio por iniciativa de los trabajadores y, quince días más tarde, se declaró conflicto colectivo.

Treinta trabajadores fueron despedidos y readmitidos después, excepto tres de los procesados, y esto agravó la tensión entre los obreros. Así, el 28 de octubre fue interceptado y volcado el automóvil del ingeniero de la Delegación de Industria, que pretendía examinar el servicio de mantenimiento. También se levantaron barricadas para impedir la salida de camiones cargados de material y los directivos de la empresa fueron retenidos en las oficinas de la factoría durante doce horas.

Más información en la página 51

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