Guatemala y la española Monteverde

LAS AUTORIDADES de Guatemala tratan, al parecer, con cierto respeto a la ciudadana española María Magdalena Monteverde Ascanio y a su compañero de acusación, el súbdito de Estados Unidos Michael Glenn Ernst. Venden este respeto, y la posibilidad de una liberación acompañada de expulsión del territorio, como una muestra de la intención de los militares en el poder de restablecer o aproximar las relaciones con España, rotas desde que la Embajada en Guatemala fue brutalmente asaltada, violando todos los fueros diplomáticos, y sin que hasta ahora se hayan reconocido las culpabilidades de una barbarie de Estado ni efectuado las reparaciones consiguientes. Y no sin antes haber producido su detención, sin que hasta ahora la acusación haya presentado pruebas suficientes; por el contrario, las informaciones de fuente diplomática española mantienen lácreencia de que María Magdalena Monteverde es inocente de los actos de terrorismo que se le imputan. Da escalofríos pensar qué sin una intervención española rápida y sin un cierto interés de los militares guatemaltecos en el tema estaría ya enfrentada a los tribunales defuero especial establecidos por la ley marcial, de una triste celebridad por la forma expeditiva de pronunciar penas de muerte. Y aun los acusados que son llevados ante estos tribunales especiales pueden considerarse con algunas probabilidades de salvar su piel; otros son víctimas inmediatas de las fuerzas que se llaman del orden o de los grupos paramilitares, como el denominado Ejército Secreto Anticomunista.La supuesta pacificación del país realizada por el presidente Efraín Ríos Montt se ha hecho sobre millares de cadáveres, no ya de guerrilleros o de terroristas, sino de campesinos indios, a los que se ha liquidado por meras sospechas de. ayudar a las guerrillas marxistas, más o menos unificadas bajo las distintas siglas de EGP (Ejército de la Guerrilla de los Pobres), FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes), ORPA (Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas) y PGT (Partido Guatemalteco de Trabajadores). Es un axioma que una pacificación -en este caso irreal- realizada por medios que desbordan los más elementales derechos humanos no es una pácificación. Ríos Montt trata de montar este espectáculo y de blanquear su régimen mediante unas prometidas elecciones absolutamente libres, que no se celebrarán hasta que no quede nadie en condiciones de votar en contra del reformador social. Sobre esta farsa, el admirador de Ríos Montt, Reagan, que acepta la teoría de la pacificación, monta la doctrina de que más firme y segura será la paz en ese país si recibe más armas de Estados Unidos. El Congreso se opone; en 1977 anunció la suspensión de ventas de nuevas armas a Guatemala en razón de las barbaries conocidas entonces, que no eran mayores que las que se conocen ahora. Reagan pretende que puede vender a Guatemala piezas de armamento, en lugar de armas montadas, sin necesidad de que el Congreso dé permiso.

El respeto a la detenida española -visitada frecuentemente por su cónsul y, al parecer, bien tratada-, unido a condiciones similares para el norteamericano Glenn Ernst, forman parte de este cuadro de clemencia y bondad que trata de mostrar en estos momentos el régimen guatemalteco, al que un reconocimiento del Gobierno español o una simple reanudación de las relaciones rotas, por el significado ético que tiene un Gobierno socialista, sería de enorme ayuda. La forma en que las autoridades están llevando el caso, mezclando respeto y buen trato con la amenaza permanente del tribunal especial, que no se ha disipado todavía, indica una especie de negociación muy, emparentada a la de los secuestradores.

En cualquier caso, España está, sobre todo, en condiciones de exigir que su súbdita sea puesta en libertad inmediatamente: no hay ninguna garantía de que la justicia de Guatemala responda a los límites mínimos que son exigibles para discriminar culpabilidades o inocencias.