El País Vasco, entre el pesimismo y la esperanza

MIENTRAS LOS vecinos de Irún expresaban ayer en las calles su condena por el asesinato de dos guardias civiles perpetrado por ETA Militar el pasado día 29, las Gestoras Pro-Amnistía y otros grupos del nacionalismo radical convocaban en Bilbao una manifestación en favor de los presos por actividades terroristas. El dramático contraste entre los vascos comprometidos con las instituciones democráticas y las vías pacíficas, que obtuvieron en las urnas el 28 de octubre una aplastante mayoría, y la minoría fanática que justifica los atentados terroristas, pide amnistía para los asesinos (dispuestos a retomar las armas nada más salir de prisión) e invita al crimen con el espeluznante grito de ¡ETA, mátalos!, muestra tanto el enconamiento de heridas aún no suficientemente cicatrizadas como la profundidad con que se han materializado, en el cuerpo social del País Vasco, los llamamientos irracionales a la violencia.Los 210.000 guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses y navarros que votaron a Herri Batasuna el 28 de octubre pasado, aunque sólo representan el 14% de los sufragios emitidos y no siempre sean conscientes de las implicaciones sangrientas de su respaldo electoral, constituyen, de esta forma, el escudo tras el que se protegen las bandas armadas para autoperpetuarse. La importancia de ese dato, tan hiriente como indiscutible, y el recuerdo del decisivo papel que las indiscriminadas represiones del pasado han desempeñado en las desgracias del presente hacen inimaginable que el Gobierno de Felipe González pudiera caer en la trampa de aceptar las sinuosas sugerencias de la derecha autoritaria y las descaradas provocaciones del nacionalismo radical para que los socialistas pongan sus diez millones de votos populares al servicio de una normalización a la argentina del País Vasco, que uniría a sus características de crimen contra los derechos humanos la condición de error político destinado a agravar irreversiblemente el conflicto. Prestando oídos sordos a esos interesados consejos y a esas burdas provocaciones, el Gobierno de Felipe González, que cuenta en el País Vasco con colaboradores tan excelentes como José María Benegas y Ramón Jáuregui, tendrá que continuar, en estrecha colaboración con el Parlamento y el Gobierno de Vitoria, por el difícil camino de aunar las medidas policiales con la batalla política e ideológica para socavar las bases sociales de apoyo de los terroristas.

Es evidente que el dolor de los familiares y amigos de los presos de las diversas ramas de ETA está siendo fríamente instrumentado por quienes, simultáneamente, acumulan los obstáculos para hacer imposibles las medidas de gracia a medio plazo y calumnian a los dirigentes de Euskadiko Ezkerra y de la autodisuelta ETA VII Asamblea por sus gestiones en favor de la excarcelación de procesados o condenados sin delitos de sangre sobre su conciencia que han renunciado a la violencia. En estas condiciones, la exigencia de amnistía para quienes están dispuestos a seguir matando una vez puestos en libertad equivale a una burla casi obscena y atenta contra el sentido común y los derechos humanos. Pero esa cruel utilización de los sentimientos de solidaridad con los presos para proteger a los asesinos que andan sueltos por las calles del País Vasco francés se volverá algún día contra quienes, al tiempo que organizan gestoras para una amnistía hoy imposible, condenan a la población penal etarra a una situación que sólo un dilatado período de paz y el abandono de las armas por las bandas terroristas podría primero aliviar y luego solucionar definitivamente.

La liberación de Saturnino Orbegozo, de otro lado, ha puesto de manifiesto la complementariedad entre las medidas policiales y las medidas políticas para combatir la violencia terrorista. El brillante servicio realizado por la Guardia Civil en Donamaría fue posible gracias a la colaboración ciudadana en una zona de Navarra profundamente vinculada, lingüística y culturalmente, con. la comunidad autónoma vasca. Son cada vez más numerosos los ciudadanos de las cuatro provincias que están hartos de desayunarse con bombas, secuestros y muertes, que han curado las heridas de las represiones indiscriminadas de hace una década y que confían en las instituciones del nuevo sistema democrático; y ese proceso, todavía lento, irá ganando en rapidez y extensión a medida de que el pueblo vasco acabe de quitarse de encima el miedo a ETA y que el Gobierno socialista desarrolle su programa de garantía de los derechos humanos. La protesta ciudadana de Rentería contra el ametrallamiento por ETA Militar de tres trabajadores, las sucesivas manifestaciones en Zumárraga y Urretxo en favor de la liberación de Saturnino Orbegozo, la espléndida respuesta de los trabajadores de la Factoría Orbegozo al estúpido comunicado denigratorio de ETA VIII Asamblea contra las centrales sindicales y la valiente salida a la calle de los vecinos de Irún para rendir homenaje a los dos guardias civiles asesinados por ETA Militar son la mejor prueba de que el debilitamiento del temor hacia los terroristas camina en paralelo con la vigorización de los sentimientos de desprecio hacia esos profesionales del crimen, para quienes la ideología política sigue desempeñando, sin embargo, la función de una coartada, aceptada como tal por un sector minoritario pero significativo de la población vasca.