Los empresarios piden a Maravall clarificación del modelo educativo y más subvenciones
"Para conseguir un sistema educativo coherente, realista y constitucional, con la integración de todos los alumnos, es preciso y posible llegar a un acuerdo general que clarifique el modelo educativo, lo articule y marque objetivos claros en el tiempo y el espacio". Esta es la propuesta global contenida en el amplio documento que una delegación de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), entidad que agrupa la mayor parte de las empresas privadas del sector, entregó el martes al ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall.
La patronal de la enseñanza privada afirma en el texto luchar "por una escuela libre, democrática e igual para todos, que parte del derecho de los padres, o en su caso de los alumnos, a elegir un tipo de educación, sin discriminaciones", y afirma que "si los poderes públicos no garantizan la igualdad de condiciones de acceso a toda clase de instituciones docentes, no garantizan la libertad de enseñanza"."Somos nosotros, los titulares de los centros de la CECE", añade el informe, "los que nos resistimos a que nos conviertan en una red de enseñantes de ricos o en educadores de una determinada opción ideológica o confesional ( ... ). Necesitamos que el Gobierno se convenza de que nuestra red es un instrumento de la libertad y para la libertad de los españoles. Es, por ello, necesario que las promesas de gratuidad de la enseñanza obligatoria se hagan realidad, pese a que comporte un notable esfuerzo financiero".
Salarios y subvenciones
La CECE asegura que desea colaborar con las autoridades educativas, pero reafirma su voluntad de no hacer dejación de lo que estima son sus derechos, señalados por la Constitución. En este sentido, la patronal de la enseñanza privada enumera las cuestiones que considera pendientes de solución y pide una atención prioritaria a la política salarial para terminar con los agravios comparativos. "El sueldo de EGB debe pasar de 60.669 pesetas a 75.487 si, como se prevé, el de los profesores públicos pasara de 78.487 a 93.168 pesetas, lo que supone un aumento lineal para unos y otros de 14.718 pesetas".Además, la CECE pide resolución de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 1982 y una nueva convocatoria para el de 1983; urgente tramitación de una línea de crédito para sacar adelante todos los expedientes de interés social resueltos o en fase de tramitación; racionalización del sistema de becas, dedicando la máxima cantidad de fondos para ayudas a los niveles de BUP y preescolar, a fin de permitir un respiro a su situación; cancelación de la deuda de 1981 de 1.400 millones de pesetas a los centros subvencionados y disposición urgente del gasto de los fondos del Patronato de Formación Profesional para poder pagar completo el último trimestre del ejercicio económico en curso (según el informe, Galicia ha recibido a cuenta de este concepto menos del 60%).
En cuanto a los presupuestos para el ejercicio 1983, la CECE considera que el Ministerio de Educación y Ciencia debe tomar en consideración los siguientes criterios: dotación de subvenciones para EGB en base al coste del puesto escolar en centros público, tal como lo señala la legislación vigente; inclusión de ayudas a preescolar y BUP, destinadas a paliar la angustiosa situación de estos niveles; incremento de las subvenciones a Formación Profesional y ayuda al fondo del patronato; consignación de inversiones para la iniciativa social en una doble vertiente, en concepto de subvención a la inversión, por un montante no inferior a 3.000 millones de pesetas, y en forma de créditos públicos suficientes, previa declaración de interés social, y un tratamiento más justo y transparente de los fondos del Patronato de Igualdad de Oportunidades.
Todo lo expuesto, señala el documento, "tiene un claro objetivo: establecer una relación entre los conceptos de módulo, personal, analogía, gastos generales, edades obligatorias, etc.... para conseguir ( ... ) un tratamiento justo y transparente de las subvenciones y de la financiación".
"La CECE entiende que se inicia una nueva etapa para la vida española, que debe estar abierta a la participación de todos", indica la nota de la patronal de enseñanza privada. "Y que una sociedad democrática debe asentarse necesariamente en una escuela libre y participada como la que señala nuestra Constitución".
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