Desastre y reconstrucción en la economía valenciana

El número de municipios comprendido en el área inundada es de 54, con una extensión conjunta de unos 3.000 kilómetros cuadrados, habiendo sido afectadas más de 275.000 personas y unas 50.000 viviendas. Si prescindimos de la Hoya de Buñol-Chiva y la Safor, por el reducido número de sus municipios siniestrados (cuatro en total), en el resto de las comarcas señaladas cabe considerar dos grupos en base a sus diferentes características socioeconómicas. El primero lo componen el valle de Ayora y la Canal de Navarrés, comarcas menos densamente pobladas, con una dinámica demográfica regresiva, con una preponderancia de la agricultura de secano, que da ocupación a cerca de un 45% de la población activa, y en donde la industria y los servicios apenas adquieren importancia. El segundo grupo lo integran la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Costera, comarcas demográficamente progresivas, en las que se combina una agricultura intensiva de regadío (preferentemente exportadora) con una industria cuya especialización viene determinada, en gran medida, por esta última; con un alto grado de urbanización, destacando dos grandes centros seriamente dañados (Alcira y Carcagente), generadores de gran parte de los servicios de la zona.Acometer una cuantificación de los daños ocasionados en tales comarcas nos exige considerar, a un tiempo, aspectos tan amplios y heterogéneos como: las consecuencias derivadas del desastre sobre los servicios públicos primarios (educación, sanidad, luz, agua, teléfono, etcétera); su incidencia en las infraestructuras básicas comarcales (carreteras, puentes, vías férreas, canales de riego, etcétera); los daños ocasionados en los distintos sectores productivos (agricultura, industria y servicios); los efectos sobre los equipamientos privados (edificios, muebles, enseres, vehículos, electrodomésticos, etcétera), sin olvidar el drama de las irreparables pérdidas humanas. Por todo ello, las valoraciones realizadas hasta el presente, necesariamente sectoriales o parciales, no han podido contemplar este amplio conjunto de efectos interrelacionados producidos por la catástrofe, estimándose unas pérdidas que, a nuestro juicio, quedan alejadas de la auténtica magnitud del desastre.

Al margen de todo ello, tampoco hay que olvidar una amplia serie de efectos directos inmediatos sobre la calidad de la vida cotidiana de los habitantes de estas comarcas. Así, por ejemplo, sólo recientemente las personas afectadas han vuelto a disponer de servicios tan vitales como el agua potable, la luz, el teléfono, los comercios y los centros escolares. Persisten, y desgraciadamente persistirán por algún tiempo, los problemas relativos a la insalubridad general de las viviendas (humedad) y de las vías urbanas (polvo, malos olores, etcétera). Por algún tiempo también seguirá latente en la mente de estas personas el trauma psicológico derivado de la sensación de haber perdido tantas cosas (algunas de ellas irrecuperables, como los objetos de valor sentimental). Junto a todo ello, existe una falta de confianza y una desmoralización generalizadas (las ayudas hasta ahora se juzgan reducidas y, al mismo tiempo, no parece que vayan a llegar nunca). Por otra parte, en algunos sitios, superados los primeros momentos de la catástrofe, se observa una cierta falta de unidad y de solidaridad entre los propios afectados, quizá como consecuencia, en parte, de la falta de coordinación y de organización sentidas hasta el momento por los interesados en la resolución de sus problemas.

La tarea de reconstrucción

La magnitud de los daños causados por la inundación del 20 de octubre y la propia importancia de las comarcas afectadas para la economía del País Valenciano obliga, desde luego, a no dejar transcurrir más tiempo para iniciar una tarea que, en bastantes casos, es de auténtica reconstrucción. Las medidas adoptadas hasta ahora (si bien insuficientes) no pueden ser consideradas ciertamente despreciables, ya que todas ellas, o al menos su inmensa mayoría, abren posibilidades que es necesario no dejar de utilizar. La información y el asesoramiento sobre estas posibilidades a los afectados es imprescindible y urgente. Diversos organismos (asesorías comarcales de la Diputación, Cámaras de Comercio, Colegio de Economistas, Caja de Ahorros, universidad, etcétera) han ofrecido e iniciado su colaboración en este sentido. Sin embargo, por múltiples razones, la necesaria coordinación entre los citados organismos e instituciones no ha sido posible. La tarea a realizar a corto plazo resulta realmente considerable y, por ello, la exigencia de esa interrelación es imprescindible de cara a conseguir una máxima eficacia y evitar innecesarias y costosas duplicaciones.

Ahora bien, con este bloque de actuaciones se cubren las necesidades más inmediatas de información de una serie de colectivos (agricultores, pequeños industriales, establecimientos comerciales, servicios privados, etcétera), de cara a la solicitud de las ayudas aprobadas hasta el momento, pero la tarea pendiente rebasa el estrecho, aunque importante e imprescindible, marco de las actuaciones a corto plazo. Las exigencias legales de indemnizaciones precisan unos estudios previos que permitan una cuantificación de la magnitud del desastre si se quiere una seriedad en el reparto y una eficacia a la hora de atender las necesidades y las pérdidas reales creadas por la inundación. El reparto igualitario de las ayudas puede constituir un mecanismo impreciso y en muchos casos injusto, pero la alternativa al mismo pasa por la realización de un inventario ajustado de los daños producidos.

Todavía hay más. Resulta imprescindible que por parte de la institución competente se plantee, con carácter de urgencia, la realización de un auténtico e integral Plan de Ordenación para las Comarcas Afectadas, si no queremos que se reproduzca la estructura socioeconómica preexistente con los posibles defectos estructurales que pudiera tener. Unicamente a través de un plan de este tipo se podrá intentar la reconstrucción de estas comarcas, evitando caer en las deficiencias precedentes y sentando unas bases mucho más coherentes y racionales para el desarrollo futuro. Dicho plan exigiría un replanteamiento, en la medida de lo económicamente posible, de la actual ordenación comarcal (infraestructura, equipamientos colectivos, estructura económica, etcétera), al objeto de conseguir una mayor racionalización en la utilización de los recursos y una mayor eficacia.

En resumen, y como conclusión, a nuestro juicio resulta imprescindible que se acometa con carácter de urgencia:

1. La tarea de coordinación de todos aquellos esfuerzos desplegados por múltiples organismos e instituciones para resolver la problemática más inmediata.

2. La elaboración de un Plan de Ordenación para las Comarcas Afectadas lo más completo posible, que posibilitara tanto una justa distribución de las indemnizaciones como el diseño de un marco de referencia en el que basar toda la tarea de reconstrucción.