La subida de la gasolina

EL HÁBIL truco de filtrar primero la noticia de que la gasolina súper se pondría a noventa pesetas, para informar más tarde de que sólo serían 86, apenas ha servido para evitar la indignación popular por una medida que, sin embargo, parecía inevitable. A nadie le gusta una subida de precios de esta categoría, pero no se puede negar, por otro lado, que el Gobierno ha tenido un coraje inusual a la hora de tomarla. Parece como si Felipe González quisiera hacer cuanto antes, y de forma indubitable, las drásticas operaciones que tiene que llevar a cabo para el saneamiento económico de este país, en la suposición añadida de que el rechazo popular no llegará tan lejos que le perjudique en las elecciones municipales y de que dos años malos al principio de su mandato le pueden garantizar mejores perspectivas cara a la segunda mitad del mismo.La continua revaluación del dólar durante el año que expira ha venido manteniendo en vilo a los consumidores sobre el cuándo y cuánto de una elevación de los precios de la gasolina. En julio parecía inminente su llegada, pero el Gobierno de UCD demoró de forma indefinida el alza de los carburantes. La devaluación de la peseta, aprobada por el Gabinete el fin de semana pasado, impedía nuevas demoras. El incremento medio del 20,5% en los carburantes y combustibles está así estrechamente ligado al valor en dólares de estos productos y la sucesiva paridad real de la peseta.

En julio de 1981, el dólar se cotizaba a 97,5 pesetas y en diciembre de 1982 se cotiza a 127 pesetas. En las mismas fechas, el precio medio del barril de petróleo era de 35 y 32 dólares, respectivamente. Esto significa que el valor de la tonelada de crudo ha pasado de 25.116 a 29.911 pesetas; por tanto, se ha producido un incremento de unas 4.800 pesetas por tonelada, que equivale a un 16%. El alza decretada por el Gobierno socialista incluye, sin embargo, un componente adicional fiscal para el año 1983. Es decir, el Gobierno socialista ha aumentado con esta medida la presión recaudatoria a través de los impuestos indirectos. Una medida de clara regresividad respecto a cualquier programa social, que es de suponer no gustará a los votantes del PSOE, pese a que estén dispuestos a entender su inevitabilidad.

Si la devaluación de la peseta con relación al dólar sirve para justificar la elevación de los precios de los productos petrolíferos, hay además otras razones complementarias. La primera y más importante es la necesidad de mantener una política de ahorro de energía sin discontinuidades. En España se consume actualmente el 25% más de energía que cuando se inició la crisis en 1973, mientras que los grandes países industriales han contenido el consumo a los niveles de entonces. La razón fundamental es que estos países han sido mucho más contundentes y han conseguido efectuar todo un proceso de sustitución de crudos por otras energías, proceso que España ha iniciado hace solamente dos años. En todo este proceso de ahorro, la política de precios tiene un papel decisivo, y sería de todo punto imposible pensar en una recuperación de la economía sin reducir el consumo de energía general y del petróleo en particular. Junto a esta razón existe otra importante, como es la de reducción del déficit del sector público.

La subida de los precios energéticos generará a su vez la de otros precios en una cadena casi interminable sí no se le pone coto de alguna forma. El Gobierno va a encontrarse con las peticiones de los impenitentes demandantes de subvenciones y con la lógica presión social de unos ciudadanos que han escuchado de la boca de Felipe González que se pensaba mantener la capacidad adquisitiva de los salarios en el futuro. Ahora parece que la política devaluatoria y este serio empujón dado a los precios de la energía apenas servirán de nada si el Gobierno se ve incapaz de resistir las presiones de los diversos sectores en demanda de subvención, o si las empresas públicas o bajo tutela pública -grandes consumidoras de carburantes y combustibles- y con monopolios en su sector tratan de reducir sus déficit mediante la traslación directa de los precios a los consumidores. En una palabra, un control de precios parece necesario de una u otra forma, y también medidas que eviten que se desboquen los salarios. Algo muy parecido a un plan de estabilización. Un Gobierno socialista tiene, no obstante, la necesidad y el deber de hacer que paguen más los que más tienen y de repercutir a medio plazo los beneficios de un menor déficit público y una economía estatal más saneada sobre las clases sociales más bajas mediante la creación de servicios comunes que justifiquen los sacrificios que ahora se exigen. Pero si Felipe González no es fuerte frente a la presión social que se le puede ya vaticinar, será harto difícil que el Gobierno pueda realizar su compromiso de mantener los niveles de inflación en una tasa del 12% para el próximo año.

En resumen, gran parte del inmenso capital político Con el que los socialistas han llegado al poder va a comenzar a ponerse en entredicho con las medidas económicas adoptadas. Su realismo no impide su dramatisrno. Y el conocimiento de que todos somos más pobres -todos, y no sólo unos cuantos- debe ser demostrado con hechos contundentes por el Gobierno. Medidas complementarias, en definitiva, que esperamos se hagan públicas cuanto antes.