Banca Catalana: una crisis carísima

EL DESENLACE de la crisis de Banca Catalana ha llevado la tranquilidad al grupo que, gracias a las grandes ayudas recibidas, escapa de los peligros de la suspensión y de la quiebra. De nuevo, un banco de dimensión media, por su volumen de depósitos, es saneado con dineros del Estado y del resto de los establecimientos bancarios.Desde que en enero de 1978 se planteó el problema del Banco de Navarra, donde, como en el caso de Catalana, el pasivo superaba los activos realizables, funciona una serie de mecanismos de salvaguardia para reparar las vías de agua que se abren en no pocas instituciones de crédito españolas, evitando así que vayan a la quiebra. Pero, en cambio, no se han dictado unos preceptos claros y contundentes que permitan limitar y controlar la expansión del crédito y de la actividad vertiginosa del negocio bancario, evitando de antemano estas grandes catástrofes.

En muchos países industriales existen normas de regulación que determinan el volumen posible de préstamos de los bancos en función del capital propio. Una proporción generosa podría situar esta relación en uno a quince (quince millones de disponibilidades crediticias por cada millón de capital). Aplicado este porcentaje al caso de Banca Catalana, hubiera significado que, con un capital próximo a los 6.000 millones de pesetas, los créditos concedidos no habrían superado los 90.000 millones.de pesetas. En la realidad han rebasado, a nivel de todo el grupo bancario, los 200.000 millones, de los que entre 60.000 y 70.000 millones son irrecuperables. Por otra parte, de haber existido una limitación como la apuntada, la Administración habría sido mucho más cuidadosa.

Por poner otro ejemplo concreto, en Alemania Occidental, país gobernado por los socialdemócratas durante los tres últimos lustros, las normas bancarias son rigurosamente objetivas. No pueden rebasarse, ni existe ninguna capacidad discrecional por parte de las autoridades. Además, la claridad en las definiciones facilita la intervención de la justicia: el incumplimiento o la temeridad es camino seguro de la cárcel. Palabra ésta que, por cierto, para nada aparece entre los temores de los responsables de estas grandes quiebras encubiertas en España.

Las enormes pérdidas de Banca Catalana, así como las de otros bancos con problemas, se deben, en gran parte, a la crisis industrial y a un fracaso específico en el sector de la construcción. En el sistema financiero español, a través de testaferros o de sociedades interpuestas, es fácil sortear las prohibiciones sobre concentración de riesgos, incluidos los de las propias empresas de los bancos. Las conexiones camufiadas entre administradores de entidades de crédito e inmobiliarias facilíta un método para burlar la prohibición existente de que un banco posea ínmuebles por un valor superior al de sus recursos propios, es decir, a su capital. La prohibición que impone el Código de Comercio a la autocartera, es decir, la compra de sus propias acciones por el banco, con dinero de los depositantes, también se conculca una y otra vez, aunque sea difícil o imposible de probar.

La legislación financiera actual todavía procede, en su mayor parte, de los años 1968-1969, época en la que los intereses públicos y determinados intereses privados estaban íntimamente solapados. Y pese a que la actual legislación penal permitiría aplicar las figuras de los delitos o faltas como estafa, abuso de confianza, negligencia grave, etcétera, los tribunales se inhiben casi siempre porque dicen no entender estas complejidades financieras. El resultado es que, como decimos, los delincuentes de cuello blanco de las crisis financieras no pagan por el delito que cometen, míentras que los ladrones de coches (o de bicicletas) y los rateros atestan las comisarías y los centros de reclusión.

Una ayuda frecuente en este género de fraudes que el Gobierno ha convenido en llamar "irregularidades bancarias" son las licencias de estilo en la elaboración de balances, mediante el expediente de realizar anotaciones contables que no están respaldadas por níngún activo real. Estos activos ficticios ascienden a 16.000 millones en el caso de Banca Catalana. Si además se le añaden 45.000 millones de activos fallidos y 11.600 millones de activos no rentables, se comprende que el Fondo de Garantía de Depósitos se vea obligado a sanear la entidad con 60.000 millones de ayudas y otros 15.000 millones más si tiene que suscribir en su totalidad el capital que debe reponerse.

Los accionistas de Banca Catalana han perdido su capital. Las acciones de mil pesetas valen simbólicamente una o cinco pesetas, según la serie. En la junta general extraordinaria celebrada el 17 de noviembre, los accionistas han aceptado con serenidad su destino. Incluso la petición de responsabilidades a los administradores ha sido rechazada, porque los que estaban en contra superaban a quienes exigían explicaciones. Queda, naturalmente, abierta la vía del expediente administrativo, que instruirá la autoridad monetaria para determinar si existen o no responsabilidades de los antiguos consejeros.

Además de las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, el Banco de España -como proclamó el secretario del Fondo actual y administrador de Banca Catalana- ha anticipado 86.000 millones de pesetas para cubrir los déficít de tesorería que se han originado en la entidad desde que se hicieran patentes los síntomas de crisis. La cantidad en su conjunto es enorme, y no sale de la nada, sino del bolsillo del contribuyente en gran parte. Supone, además, un drenaje inadmisible en las ya mermadas posibilidades de inversión que tiene este país. Un fracaso como el de Banca Catalana justificaría que, en adelante, si un banco cualquiera necesita una aportación de tesorería superior al 6% (por ejemplo) de sus recursos ajenos, su entrada en el Fondo de Garantía de Depósítos sea automática. Se evitarían así, en el futuro, las dudas de si los condicionamientos políticos pueden o no retrasar las medidas de saneamiento financiero, como parece que ha podido suceder en el tema que comentamos por la proximidad de las elecciones y la personalidad de algunos de los protagonistas. Entre otras razones porque una solución más rápida es siempre más barata, y lo exigible en estos casos no es tanto generosidad cuanto celeridad.