La creación y la difusión de la cultura

UNO DE LOS mensajes de clara raigambre regeneracionista transmitidos por Felipe González durante la campaña electoral fue el llamamiento a una mayor participación en la vida pública de los hombres y mujeres dedicados a tareas creativas (artistas, escritores e intelectuales en general) y la promesa de ampliar las posibilidades de los ciudadanos de acceder a los bienes culturales. La generalidad de esa propuesta apenas permite establecer con precisión las expectativas respecto al cambio.La palabra cultura es irremediablemente ambigua, y los intentos de definir su significado abarcan desde las amplísimas concepciones de la antropología hasta las exquisitas interpretaciones de quienes la conciben como el regalo que los dioses hacen a sus escasos y autodesignados elegidos. De otro lado, el mundo de la cultura desborda las fronteras convencionales asociadas al departamento ministerial que lleva su nombre o a las actividades de creación más o menos tradicionales y se extiende, en un sentido lato, al trabajo desarrollado en la soledad de las bibliotecas, en los ámbitos de investigación y en los centros de enseñanza.

Aunque la terminología de la economía de mercado pueda ofender a las personas dedicadas a tareas intelectuales, el empleo de términos tales como oferta y demanda culturales o producción y consumo de bienes de esas características resulta extraordinariamente útil para clasificar problemas según se instalen en el lado de la creación o en el terreno de la recepción. El Gobiemo socialista tiene un amplio campo de actuación posible, tanto para proteger y ayudar las ofertas culturales como para promover su difusión por todo el tejido social, sin caer en el dirigismo o el intervencionismo. No cabe olvidar que se ha transferido -o se ha de transferir- a las Comunidades Autónomas buena parte de las competencias ministeriales en el ámbito cultural. Por lo demás, la positiva labor realizada por algunos Ayuntamientos de izquierda en este terreno pone de relieve las ventajas de un acercamiento de los centros de decisión a los ciudadanos. Se comprenden así las razones de los socialistas para replantearse, a medio plazo, la supervivencia del Ministerio de Cultura como departamento administrativo homogéneo. Una parte de sus competencias están siendo transferidas a los entes autonómicos, ciertas atríbuciones serían gestionadas con igual o mayor eficacia por ministerios como el de Educación, y algunas áreas -como el Deporte- son de localización imprecisa en cualquier organigrama estatal. Todo hace prever pues que, si hay un ministro o ministra de Cultura en el inminente gabinete será por la voluntad ya expresada de no provocar cambios administrativos apresurados antes de ernprender una reforma de este género en profundidad y con mayor sosiego para su estudio.

El futuro Gobierno socialista se propone prestar mayor atención a los problemas de los artistas, escritores e intelectuales con la doble finalidad de promover el desarrollo de sus potencialidades y de hacerles compartir moralmente las responsabilidades de lá vida pública. Se podría formar una nutrida biblioteca con las discusiones en torno a las relaciones de los intelectuales y el poder, tormentosas salvo cuando el intelectual se convierte en funcionario, no mal pagado y poco trabajado, o cuando la Administración actúa como un rey mago dispensador de generosas mercedes. Si un cambio es previsible y deseable en este terreno es el de que no se de traducir la voluntad socialista de ayuda a la creación cultural en un programa de mecenazgo sectario o clientelista en beneficio de los que se den más prisa o tengan mejores contactos.

La mayor parte de la actividad cultural discurre en nuestro país por cauces privados, y se organiza con independencia de la intervención del Estado. La producción de películas, la edición de libros y la fabricación de discos son industrias culturales con importantes cifras de negocios, población empleada y volumen de exportación e importación. Las demandas de apoyo de esos sectores, que se enfrentan con manifestaciones específicas de la crisis económica, participan de su condición de empresas mercantiles (por lo general, medianas y pequeñas) y de centros de organización de la oferta cultural. Los editores viven con la pesadilla de las devaluaciones y suspensiones colectivas de pagos de las repúblicas latinoamericanas, su mercado de exportación natural, padecen la tercermundista situación de nuestras bibliotecas públicas y la falta de promoción de los escritores españoles en los demás países de habla castellana. Los libreros necesitan una profunda reconversión de la estructura de su sector. Los productores cinematográficos, arrinconados por la poderosa competencia de las multinacionales, piden mayor rigor en el control de taquillas, la promoción de nuestras películas en el extranjero, la participación de Televisión en coproducciones y un sistema más eficaz de protección compensatoria. En el teatro la Administración se verá obligada a combinar las subvenciones a compañías privadas con la potenciación de los centros financiados íntegramente con fondos públicos. Todavía más imprescindible será la ayuda directa al mundo musical, desamparado tradicionalmente por la cobertura presupuestaria incluso cuando el propio Estado es el empresario. La creación plástica, conectada con la sociedad a través del mercado de compradores privados de obras de arte, puede recibir una eficaz e indirecta protección de la demanda institucional para construcciones y centros oficiales y de un mejorado plan de museos. De una futura ley de Propiedad Intelectual cabe esperar, finalmente, la garantía de los derechos de los escritores sobre los frutos de su trabajo.

Pero las expectativas de cambio giran también en torno a la creación de oportunidades para que la demanda potencial de bienes culturales se haga realidad y la sociedad española tenga un acceso más fácil y más barato a los mismos. En este terreno, las posibilidades del futuro Gobierno son enormes y no tienen más límite que los techos -ahora ridículamente bajos- presupuestarios. La política de bibliotecas debe acercar la cultura impresa a los pueblos, a los barrios de las grandes ciudades y a los centros de trabajo. Sólo el aumento de las facilidades y la gratuidad para acceder a los museos y a los monumentos, en manos públicas o privadas, permitirán a los españoles familiarizarse con su pasado y enorgullecerse de sus tradiciones. La restauración y la recuperación del patrimonio artístico sigue siendo tarea prioritaria a fin de acabar con el despojo de sus restos. Los medios de comunicación estatales, especialmente la Televisión, deben ser instrumentos decisivos para ese cambio que se espera. La descentralización y multiplicación de la oferta cultural más allá de las grandes capitales no tiene por qué ser incompatible con la continuidad de la políticade grandes muestras y exposiciones, una de las cosas de la legislatura anterior que en vez de cambiar deben continuar. La colaboración de las instituciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos será por último imprescindible para esa salida a la calle de la cultura.

En definitiva un cambio la cultura es de hecho el cambio más profundo y serio que puede esperarse del traspaso de poderes. Se trata de un cambio en los criterios de participación de los ciudadanos, en los arcaicos esquemas mentales de las instituciones culturales, en los obsoletos mecanismos que configuran eso que se llama la cultura oficial y que en gran parte solo es alcanfor y burocracia: todo lo contrario de lo que se entiende por creación y libertad.