Sanear y revitalizar el cine español

El análisis realizado por el Partido Socialista sobre la situación del cine español da resultados pesimistas. De acuerdo con estos análisis, la financiación del cine español es deficiente y carece de continuidad; la distribución está supeditada a los intereses de multinacionales; el acceso del cine español al mercado internacional es prácticamente inexistente; la penetración del cine extranjero en el mercado nacional alcanza un porcentaje que, si bien no llega a los apabullantes 90% y 80% del Reino Unido y la RFA, sí se aproxima a un 40%; las prácticas industriales vigentes para la fabricación de cine son arcaicas; la televisión no facilita el desarrollo del cine español ni da salidas a sus productos, y, finalmente, la situación administrativa del cine en España no sólo no ha favorecido a la solución de estos problemas, sino que los ha complicado.Para contrarrestar estas deficiencias, el futuro Gobierno socialista partirá de la exigencia a todos los sectores de la industria cinematográfica de una condición previa inexcusable: el estricto cumplimiento de las leyes vigentes, sobre todo en lo relativo al capítulo de cuotas de taquilla y de distribución, así como un escrupuloso cumplimiento del control de taquilla.

También está prevista la implantación de un sistema de financiación de filmes -según el modelo francés- por anticipos sobre ingresos en taquilla, con objeto de así agilizar los créditos industriales. Se pretende igualmente llegar a la redacción de un estatuto que regule las futuras relaciones entre el cine y la televisión. Este estatuto, en las previsiones del partido del Gobierno, abarcará varias figuras posibles de colaboración entre TVE y la industria del cine, que comprenden desde acuerdos de financiación hasta de emisión de filmes por la pequeña pantalla, pasando por la regulación de la producción y la coproducción de filmes con participación de Televisión Española.

Se prevén medidas destinadas a subvencionar la distribución de filmes españoles y a lograr la reconversión del organismo Cinespaña como distribuidora oficial del cine español en el extranjero. Si tal reconversión no diera los resultados prácticos apetecidos, la futura Administración crearía una distribuidora nacional de nueva planta.

Otras previsiones de la futura política cinematográfica son la implantación en España de dos fórmulas ya experimentadas en Europa occidental: la contratación a porcentaje y el depósito de taquilla. Se prevén además medidas administrativas como la desgravación de la exportación de filmes españoles; la creación de un organismo difusor del cine español en el extranjero; fomento a la construcción de estudios cinematográficos; fomento a la recuperación de locales de exhibición; estímulos para la conservación de las pequeñas industrias colaterales al cine, hoy en trance de desaparición, y, a medio plazo, la creación de un ente o centro autónomo democrático del cine, para cuya fundación habría que convocar a todos los estratos de la profesión y la industria cinematográficas a unos estados generales del cine.

Las previsiones legislativas en materia cinematográfica comprenden una ley general del cine, probablemente para 1984; una nueva reglamentación para la red de cine-clubs; una reglamentación para la Filmoteca Española; correcciones en la actual reglamentación de las salas de exhibición; reglamentación para un instituto de investigaciones y experiencias cinematográficas, y, finalmente, una nueva normativa para la clasificación de filmes.