La crisis acorta el margen de maniobra

Las cuentas del Estado presentan cada año unas cargas fijas que sólo pueden ser ligeramente retocadas, como ha ocurrido en los últimos años, si no se toman medidas extraordinarias. Es el caso del pago al millón largo de funcionarios, las transferencias a la Seguridad Social y al desempleo, el dinero para las corporaciones locales, las ayudas al sector privado por diversas vías, entre ellas la reconversión industrial, etcétera. Gran parte de estos gastos han crecido mucho gracias a la crisis económica, que tiende a acortar a la vez los ingresos del Estado y de la Seguridad Social.Aun cuando se estabilizara el paro y no aumentaran las coberturas -el PSOE va a extenderlas-, las estimaciones elaboradas por la Administración indican que las aportaciones del Estado (el 40%, pues otro 60% procede de cuotas) deberían crecer desde los actuales 135.625 millones de pesetas a 213.102 millones el próximo año, 249.147 millones en 1984 y 288.482 millones al siguiente. Todo ello con una inflación que bajara del 12% al 10% y sin contar el déficit del sistema, superior por término medio a los 100.000 millones de pesetas anuales.

Todavía más deberá aumentar el apartado de transferencias corrientes del Estado a la Seguridad Social: de los 358.000 millones de pesetas actuales a que lo disparó el ANE, a 456.000 el próximo año, 571.431 millones en 1984 y 710.000 millones el siguiente. Y eso para una inflación del 12% para este año y el que viene, 11% al siguiente y 10% el otro, contando un 3,5%, de crecimiento vegetativo de los casi cinco millones de pensionistas, quienes se acercan a consumir dos terceras partes del presupuesto de la Seguridad Social.

Asimismo, la deuda viva interior y exterior requiere amortizar y pagar en intereses casi un cuarto de billón de pesetas en cada uno de los próximos años (véase EL PAÍS de 17 de octubre). Además, las corporaciones locales, empresas públicas y organismos autónomos necesitan cubrir pérdidas acumuladas o futuras, de las que sólo aparecen en el cuadro anterior las del FORPPA.

Frente a este panorama, los impuestos indirectos tienden a igualar su participación estructural con los directos, tras eliminar el margen conseguido por la reforma fiscal. Entre estos últimos sólo el de la renta parece ser bastante flexible, aunque en el último año ha dado síntomas de agotamiento de capacidad. Pero su potencialidad puede estirarse con la recuperación de ilusión tributaria y la lucha contra el fraude preparada por el PSOE.

En general, la crisis ha tenido un fuerte impacto en el sector público español, que era antes y es ahora más pequeño que el de otros países de su entorno. Según un estudio de José Barea, en el período 1973-1980 los gastos de redistribución de la renta y de consumo público han incrementado 9,2 puntos su participación en el PIB, mientras los ingresos no financieros crecieron 4,6 puntos, lo que explica la asfixia del ahorro público y la aparición del déficit.

No obstante, los ingresos, incluidas cotizaciones a la Seguridad Social, supusieron aquí todavía el año pasado un 25,6% del PIB, frente a más del 40% de media en la CEE y al 36% en la OCDE, según estimaciones de esta organización.

El déficit de las administraciones públicas está por encima de la media de los países industrializados (2,5% desde 1978), en niveles análogos al Reino Unido y la República Federal de Alemania, mientras otros países han tendido a reducirlo.

Entre otros factores, el mayor paro y la menor población activa que hay en España complican más la evolución de los gastos y de los ingresos. Se tiende así a afianzar la absorción del PIB por parte de las pensiones (tres puntos en los ocho años indicados), prestaciones de desempleo (dos puntos), subvenciones de explotación (un punto), sanidad y servicios sociales (otro punto), educación (medio punto) y producción de servicios por las corporaciones locales.