Los Presupuestos del Estado serán prorrogados varios meses, mientras se definen objetivos de salarios y precios

Una de las primeras decisiones preparadas por el PSOE es prorrogar los Presupuestos del Estado durante varios meses, mientras se definen los objetivos de salarios y precios que han de condicionarlos. La situación de las cuentas del Estado deja al Gobierno socialista que tome posesión dentro de un mes poco margen de maniobra en política económica. Por ello, el partido ganador de las elecciones piensa explicar con detalle la difícil situación de la Hacienda que recibe, al tiempo que perfila las principales medidas correctoras. Parece quedar excluido así, al menos por ahora, cualquier plan global de estabilización.

Estimaciones realizadas por la Administración indican que, si se mantienen las tendencias apuntadas por las obligaciones del Estado, el déficit público crecerá tanto como en años anteriores, con sus consiguientes secuelas en la financiación necesaria para que también se recupere la actividad privada.Sólo una serie de actuaciones decididas, que algunos llaman plan de estabilización, puede cambiar el panorama a medio plazo.

El consejo de quienes predican este plan, radicados sobre todo en el sector bancario, es que se aproveche ya mismo el gran capital político obtenido en las urnas para explicar los lastres del pasado y adoptar rígidos y temporales controles de salarios, precios y dividendos, así como otras medidas para cebar la bomba de la actividad con ayudas a la exportación, complementarias a la ganancia de competitividad que se consiga acortando el margen de inflación.

Acuerdos, no estabilización

Sin embargo, en medios de responsabilidad del PSOE se trata de desmitificar los mecanismos globales de estabilización -incluso dicen descartar la devaluación, aunque venga de herencia- y se detecta una clara preferencia por la concertación social como indicador de posteriores actuaciones, si bien tienen previsto también, entre sus objetivos prioritarios, relanzar las exportaciones y no sobrecargar el déficit público.Por ello, una vez decidida la demora de los Presupuestos Generales del Estado -la ley General Presupuestaria prorroga los vigentes por doceavas partes, siempre que no hayan sido aprobados los nuevos en enero-, prefieren explicar al país qué herencia reciben y, paralelamente, concretar la concertación para después recoger en el proyecto de presupuestos los grandes compromisos (salarios, inflación, inversión pública, transferencias a la Seguridad Social y otros probables acuerdos simultáneos con los empresarios).

El objetivo del PSOE se centra al respecto en conseguir cuanto antes -a finales de noviembre o principios de diciembre- un acuerdo tipo ANE o AMI, preferiblemente parecido al primero. Entre tanto, las urgentes medidas que se adopten pueden tener más efectos psicológicos que presupuestarios, pues la corrección del déficit público tendencial exige actuaciones en ingresos y gastos.

El anteproyecto de Presupuestos del Estado para 1983 elaborado por el Gobierno de UCD era, en la práctica, una prórroga de los actuales (véase EL PAÍS de 19 de junio pasaso). Las obligaciones contraídas iban a hacer crecer el déficit presupuestado en más de 200.000 millones de pesetas. Y quedaba poco margen para que el esfuerzo de los contribuyentes sirviera para impulsar realmente la inversión pública y privada con el fin de generar empleo.

Pese a que los Presupuestos en vigor para 1982 y el proyecto para 1983 fueron elaborados a partir de datos que la realidad ha considerado subestimados, el déficit del Estado iba a suponer un 3,6% de la producción nacional de bienes y servicios al final del presente ejercicio, y un 4,14% en 1983. Siguiendo las mismas tendencias (véase cuadro adjunto), el déficit crecería hasta el 4,41% en 1984 y hasta el 4,55% en 1985, según las estimaciones de la Administración a las que ha tenido acceso este periódico. Se mantendría así la progresión, que partió desde el 1,1% de 1973 y, tras un breve paréntesis en 1975-1976, se aceleró luego, por su propio peso y por efecto del menor aumento anual del Producto Interior Bruto.

En efecto, la Administración económica ha trabajado durante el último año y medio con un cuadro tendencial para el período 1982-1985 que ya quedó desbordado en la primavera pasada. Había previsto que el paro se estabilizara, el PIB creciera a un ritmo medio anual del 3% (volvería a estar por encima del promedio en los países industrializados), las exportaciones ganaran cuota de mercado y se incrementaran al 6%, las importaciones lo hicieran al 4% (así, el sector exterior contribuiría con 0,4 puntos al PIB), la balanza corriente se equilibrara al terminar 1984 y la inflación bajara del 12% en 1982, a un ritmo medio anual del 9 o 10%, dos o tres puntos por encima de la media de la OCDE. Esto no haría perder competitividad a España y sólo conllevaría una ligera caída de la peseta.

La realidad ha empezado a ir por otros caminos. Según el reciente informe elevado al Gobierno por el Banco de España, la economía crecerá en el conjunto del año la mitad (1,5%) y terminará a un ritmo del 1%, la inflación va casi tres puntos por encima (14,5%-15%), las exportaciones cuatro o cinco puntos menos, etcétera. Asimismo, la OCDE acaba de indicar que el PIB aumentará el 2%, los precios el 13,5% y el paro hasta el 17,4%.