La población reclusa mantiene expectativas ante el nuevo Gobierno y la llegada del Papa

El Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de octubre, sea de derecha, de centro o de izquierda, deberá enfrentarse, como uno de los problemas más inmediatos a resolver, con la situación de las cárceles españolas. Las expectativas que confluyen en los primeros días de noviembre en el ámbito penitenciario, como consecuencia, por una parte, de la elección de nuevo Gobierno, y, por otra, de la llegada del Papa a España, pueden dar lugar a una explosión generalizada de la población reclusa, apenas contenida en los últimos tiempos con promesas de "medidas urgentes" en gran parte incumplidas.

El próximo Gobierno (todos los partidos políticos, con mayor o menor intensidad, han anunciado medidas que directa o indirectamente tienden a mejorar la situación en las cárceles) deberá dar inmediatamente alguna prueba de que está dispuesto a actuar en este terreno, con tanta mayor urgencia cuanta más intensa será en aquellas fechas la creencia, evidentemente errónea, entre los reclusos de que la venida del Papa puede ser la ocasión para un indulto generalizado.La supresión de los indultos generales por la Constitución -tras el irresponsable abuso de estas medidas de gracia por el franquismo, que llegó a la aberración de indultar a personas procesadas y no condenadas en el caso Matesa- fue una decisión justa y coherente con la filosofía política del Estado de Derecho, pero en la práctica ha resultado lesiva para la población reclusa, al no haber sido acompañada de la puesta en vigor de otras medidas previstas por el Parlamento, fundamentalmente la elaboración de un nuevo Código Penal y la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mientras estas medidas han permanecido congeladas en la legislatura que acaba, otras de carácter restrictivo se pusieron en vigor, como la que limitó las facultades de los jueces para otorgar la libertad provisional. Esta medida, propuesta por el Gobierno y aprobada por el Parlamento en 1980, bajo la presión de la campaña alarmista sobre el aumento de la delincuencia desatada en aquellas fechas, contribuyó realmente a que el índice de la delincuencia iniciase un leve descenso que se mantiene hasta la fecha, pero al mismo tiempo se convirtió en uno de los instrumentos que más ha contribuido al hacinamiento actual en las cárceles españolas. Con esta política, los Gobiernos de la última legislatura no hicieron sino trasladar los problemas de orden público desde la sociedad al mundo penitenciario. Pero estos problemas siguen existiendo, y el nuevo Gobierno se enfrenta irremediablemente al reto de liquidar lo más honrosamente posible esta difícil herencia. La Asociación Pro Derechos Humanos de España, en un informe reciente, ha dado un grito de alarma sobre el estado de malestar general y de crispación de la población reclusa.

Además de la elaboración inmediata de un nuevo Código Penal, que establezca un sistema de penas de menor duración y más efectivas, y de una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los trámites judiciales, el nuevo Gobierno deberá promover un serie de medidas inmediatas, aunque sólo sea con el objetivo político de contener la situación explosiva de las cárceles.

Entre ellas, el informe elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos enumera las siguientes: tramitación preferente por los tribunales de las causas pendientes con presos preventivos; duración máxima de un año de la situación de prisión preventiva; potenciación del sistema de régimen abierto; exigencia del cumplimiento del reglamento penitenciario no sólo en sus aspectos disciplinarios, sino también en los que obligan a la Administración a determinadas prestaciones; agilización, por parte del Ministerio de Justicia, del estudio y resolución de las peticiones de indulto particulares, y concesión por parte de los poderes públicos de medidas excepcionales de gracia que no contravengan la Constitución.