Visto para sentencia el juicio contra los presuntos responsables del fraude de la carne

El fiscal de la Audiencia de Lérida (Lleida) elevó a definitivas las conclusiones provisionales y, por tanto, la petición de penas para los seis procesados por el comercio clandestino de carne de animales muertos y enfermos que era destinada a consumo humano. Por su parte, los tres abogados defensores mantuvieron también su petición de absolución para sus clientes. La causa quedó vista para sentencia a mediodía de ayer.El ministerio fiscal solicitó un total de 42 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública y por falsificación de documentos oficiales. La declaración de unos cuarenta testigos en la vista oral no ha arrojado demasiados datos nuevos sobre el asunto. Especialmente oscuros han quedado aspectos como el suministro de los animales y la posterior comercialización de la carne.

El presidente del tribunal calificó de muy importante, sin embargo, la declaración del veterinario que inspeccionó la carne de la sala de despiece clandestina los días 31 de julio y 3 de agosto de 1981. Durante estos cuatro días, si bien las dependencias quedaron selladas, las cámaras frigoríficas no dejaron de funcionar.

No cabe, pues, la posibilidad de que el deterioro de las 120 canales de cerdo pudiera deberse totalmente al calor, hipótesis que la defensa de los cuatro hermanos Escrivá Salvadó, propietarios del matadero, había apuntado. Según el veterinario inspector, la carne no era apta para el consumo humano y presentaba manchas verdosas y sanguinolentas. Se ratificó el facultativo en su declaración inicial, que los análisis posteriores confirmarían, en el sentido de que la mayoría de las canales intervenidas contenía una carga microbiana muy importante.

También declararon durante la tarde del miércoles y la mañana del jueves, al menos, seis veterinarios y cuatro personas relacionadas con el sector de frigoríficos. Si bien coincidieron en subrayar la profesionalidad del veterinario procesado, Palau Segarra, quedó perfectamente demostrada la inoperancia del sistema del control veterinario: la entrega de guías sanitarias en blanco y firmadas por el veterinario ha aparecido como práctica usual en fábricas de embutidos e instalaciones frigoríficas.

Otro bloque de declarantes se apresuró a subrayar que el otro procesado, José Franco Causanillas, gerente de Frigoríficos Urgel, SA, no controlaba totalmente la actividad que en la empresa se realizaba. De acuerdo con las declaraciones, esta responsabilidad recaía frecuentemente en dos de sus empleados, Francisco Albá y Ramón Parramona. Este declaró que había entregado a los hermanos Escrivá un talonario de guías firmadas en blanco por el veterinario interventor sanitario, Palau Segarra, y que lo hizo sin comunicárselo a dicho veterinario ni tampoco al gerente de la empresa, Franco Causanillas. Según las diversas versiones que aparecieron en la vista oral, era perfectamente posible entrar y sacar carne de las cámaras frigoríficas de almacenaje de Frigoríficos Urgel, SA, sin que el gerente ni el veterinario se enteraran.

Por otra parte, dos aspectos que en la elaboración del sumario adquirieron un cierto relieve han sido analizados de: manera muy somera durante toda la vista oral. En este sentido, únicamente un comprador de la carne ilegal declaró ayer. Se trata del representante de Embutidos Mayoral, de Barbastro (Huesca), quien dijo que compraba unos cien mil kilos de carne al año a los hermanos Escrivá Salvadó y que nunca apreció en el género ninguna deficiencia sanitaria. Asimismo indicó que en algunos casos, durante 1981, las guías que acompañaban la carne únicamente tenían la firma del veterinario, sin estar rellenadas.

El otro punto apenas analizado es la red de proveedores del matadero clandestino que suministraban a los hermanos Escrivá las reses. Un ganadero intermediario declaró que en una ocasión había vendido a los Escrivá cinco terneros "que padecían del pulmón". Asimismo, otro testigo, administrativo de una empresa, declaró haber avisado a los Escrivá para que recogieran unos cerdos muertos, operación que fue realizada sin que "los viésemos" y por la que los Escrivá no cobraron nada.