Criterios favorables y reticentes al jurado, en un seminario de la UIMP en Santander

La articulación de la participación ciudadana en la administración de justicia penal en España, más conocida por ley del jurado, que se establecería a partir del desarrollo de lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución, ha sido el tema central de un seminario organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

Catedráticos de Derecho, fiscales, magistrados, abogados y procuradores han expuesto sus puntos de vista en torno a la institución del jurado, cuya necesidad e importancia, aparte de su consideración como elemento dinamizador de la justicia, fue defendida por el abogado y presidente de la Asociación Pro Jurado, Gustavo López-Muñoz.

Estableció el ahogado López-Muñoz una relación directa entre la precariedad de recursos económicos que sufre actualmente la administración de justicia y el alejamiento de ésta del poder político, situación que se da a la inversa en los países de tradición juralista, "que son prácticamente la totalidad de los europeos, a excepción de Turquía y España".

Rechazó que la institución del jurado tenga un carácter antijudicialista, sino que con ella "el juez adquiere mayor prestigio, influencia en la sociedad y mayor remuneración; el jurado", añadió, "no excluye el papel del juez, ya que el inculpado puede optar indistintamente por una de las dos formas de ser juzgado, siempre que la pena solicitada sea superior a tres años", al menos de acuerdo con las bases elaboradas para una nueva ley del jurado por la Asociación Pro Jurado.

Coincidencia con las etapas democráticas

El conferenciante señaló que históricamente la institución del jurado se implanta en las etapas democráticas y es derogada por los regímenes dictatoriales y precisó que el jurado refuerza los aspectos de moralidad, inmediación y publicidad del acto judicial.En sentido diferente se manifestó en el citado seminario, el fiscal excedente y magistrado de Trabajo, Francisco Javier García González. Para éste, el tema del jurado "ni es urgente ni excesivamente importante", decántandose por un orden de prioridades que pasaría antes por la definitiva remodelación de todo el aparato de la administración de justicia.

En su opinión, "el esquema tradicional sobre el que la institución se montó en su día, se ha revelado, inválido". Señaló que la ocasión actual ofrece una "valiosa oportunidad de aplicar una lección que la historia ha dado en términos categóricamente abrumadores".

Para García González, sin un arraigo popular real y profundo de las ideas y principios que inspiran la democracia "cabe temer, en primer término, que el ciudadano observe una absoluta renuncia a asumir las cargas e inconvenientes que su designación como jurado le impondría, en cuanto significaría una grave distracción de sus inmediatas preocupaciones y un pesado e incómodo compromiso con su propia conciencia en la realización de una labor que no es, contra lo que algunos sostienen, nada amena".