La polémica sobre el Fondo de Compensación Interterritorial / y 2

Otro bloque de críticas al proyecto de reparto de la inversión pública según el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) harían referencia a varios aspectos, y que brevemente podríamos simplificar en las siguientes:a) Tomar como base de cálculo la renta de un año, sea cual fuere, puede inducir a desviaciones importantes, especialmente en algu nas comunidades con un peso agrario superior, ya que las cifras se verán influidas por las variaciones en las cosechas, y debemos pensar que las fluctuaciones climatológicas de los últimos años incidirán en los cálculos futuros, eso sí, con un desfase de cuatro o cinco años por término medio, con lo que les impide que al menos tuvieran un cierto contrapeso coyuntural.

b) No parece justificable en sí mismo que se adopte el criterio de media migratoria para repartir nada menos que el 20% del Fondo, ya que, si bien por un lado nos está identificando grosso modo unos desequilibrios en la dinámica económica de cada comunidad (y que en último extremo se superpondrían a los del tramo renta), por otro, no es menos cierto que las comunidades receptoras precisan inversiones cuantiosas para hacer frente a las necesidades de infraestructura y reequipamiento social con las que atender a los contingentes migratorios, elevando con ello sus necesidades de inversión.

Distribución según tasas de paro

c) La distribución en base a las tasas de paro existentes adolece de un defecto realmente curioso. Únicamente las comunidades con tasas superiores a la media pueden percibir inversiones por ese concepto y son recogidas para el cómputo. Con ello, si la media es de 14,36%, como la establecida para los cálculos el presente año, la comunidad que tenga una tasa del 14,37% entra en el reparto proporcional, mientras que la que tenga 14,35% no, circunstancia cuando menos curiosa. Además, recibe idéntico tratamiento una comunidad autónoma que tenga una tasa de paro, del 14,35%. que aquella que tenga un 3% o un 4%, por ejemplo, nueva circunstancia realmente destacable. ¿Por qué no se utiliza una proporcionalidad, directa en este caso, como con la renta? Todavía hay más; no existe ningún mecanismo que recoja el paro no estadístico, formado por los contingentes de desalentados.

d) El reparto en base a la extensión tampoco parece muy defendible. Más vale que sólo representa un 5% del Fondo, y no estamos en países como Argelia o EE UU, con fuertes desequilibrios espaciales y grandes espacios vacíos. En cualquier caso, no parece un criterio exportable como mecanismo de redistribución regional.

e) Finalmente, la aceptación de la discriminación y marginación resultante.

Vemos cómo el cambio de base de cálculo de 1982 a 1983 lleva a un reparto tan dispar que resulta inadmisible técnicamente. No parece.muy defendible que la evolución de la renta en el período 1977-1979 y el paro en 1981 justifiquen una mejora relativa en el reparto del 8,77% de Madrid, o del 3,49% de Cataluña, por no citar los casos de Ceuta y Melilla, mientras que Extremadura pierde un 6,42%. Castilla-León un 5,56%, Valencia un 8,25%, Asturias un 11,87%, Rioja un 15,33%, o Navarra nada menos que un 20,86%.

Las discrepancias abiertas tienen su origen en la base estadística y en la metodología adoptada, y cualquier justificación con la evolución económica parece producto de una caprichosa coincidencia. El actual método de reparto, al menos si tomamos en consideración los datos disponibles, está perjudicando a las comunidades intermedias en beneficio de los dos extremos.

Ello nos explica que una comunidad autónoma intermedia, como la valenciana, cuya renta per cápita regional resulta ser sensiblemente similar a la media española (103% según cálculos del INE para 1979) y que genera un 10%, aproximadamente, de la renta nacional, perciba únicamente un 5,86% de las inversiones del FCI, esto es, un porcentaje que viene a ser un 58% de su peso específico en la renta total, mientras que otras comunidades con rentas per cápita superiores a la valenciana realicen un esfuerzo relativo inferior, como Aragón y Baleares.

El indicador de renta

Si la distribución pretende ser lo más justa y equitativa posible, el indicador renta debería ser el único adoptable, eso sí, procurando de inmediato todo el cúmulo de mejoras que precise nuestro deficiente sistema estadístico.

A título indicativo, se refleja en el cuadro número 3 cómo podría ser el reparto del FCI distribuido en base exclusivamente a la renta regional per cápita del Banco de Bilbao. La razón de aceptar las estadísticas del Banco de Bilbao y no las del INE estriba en que, a mi juicio, algunas de las estimaciones que aparecen en los datos del INE resultan discutibles, por lo que la aceptación de las del Banco de Bilbao, aun reconociendo sus debilidades, nos coloca en la senda de todos los estudiosos de la economía regional, que siempre han utilizado esta base como referencia de la insularidad; tampoco debe ser utilizable como criterio de reparto de las inversiones públicas, ya que nos lleva a la paradoja de que Extremadura o Andalucía estén financiando inversiones en Baleares, cuya renta per cápita, según el INE, era en 1979 un 83% superior a la de Extremadura y un 49% superior a la de Andalucía.

El camino para obviar o paliar estas situaciones no es, en líneas generales, el FCI, y si en algún caso específico se exigiera una inversión diferencial, producto de su específica condición de insularidad, existe un 60% de las inversiones públicas con las que podría acometerse tal proyecto con carácter preferente.

Revisar la metodología

En definitiva, una metodología de cálculo que es capaz de llevarnos a unos resultados tan independientes de la situación real como la actual debe ser urgentemente revisada. El cuadro número 3 recoge la distribución del FCI para 1983 si se hubieran utilizado los mismos porcentajes que los aplicados para 1982 y su comparación con los actuales.

Los resultados pueden ser fácilmente criticables. En cualquier caso, no lo son menos que los obtenidos por el procedimiento actual, y nos ponen en evidencia lo ya dicho anteriormente: la fuerte discriminación que están soportando en la actualidad las comunidades intermedias, y que con el cálculo de la inversa de la renta se pone de manifiesto con meridiana claridad.

A mi juicio, cualquier cosa que no sea respetar tal criterio nos lleva a la casuística y al subjetivismo negociando ponderaciones, la inclusión o no de unas variables u otras, etcétera; en definitiva, la eterna polémica, ya que si este año las discusiones han aumentado de tono habrá que pensar lo que que puede suceder en el futuro si la actual trayectoria se confirma.

Ciertamente, los partidos alcan zaron en su día un acuerdo sobre los porcentajes y sobre las variables, pero no puede cerrarse para siempre la discusión si, tal y como parece, existen argumentos que hagan sospechar su equivocación. Los números son muy tercos y la lógica debe acabar por imponerse. ¿Por qué no ahorramos algunas discusiones futuras ahora que todavía hay tiempo?