El Consejo Superior del Ejército analizará asuntos relacionados con la sentencia del 23-F

A primera hora de la tarde de hoy se reunirá en Madrid el pleno del Consejo Superior del Ejército bajo la presidencia del jefe del Estado Mayor (JEME), general Ramón Ascanio Togores. Las agencias de prensa mencionan entre las cuestiones a tratar en el orden del día: los incidentes ocurridos el 17 de junio en el Consejo Supremo de Justicia Militar, al enfrentarse al presidente los consejeros togados José Barcina y Justo Carrero; la clasificación de mandos para los ascensos a los empleos del generalato; los estados de opinión recogidos en las unidades acerca de las sentencias recaidas en la causa del 23-F y el proyecto de ordenanzas militares para el Ejército de Tierra.

El enfrentamiento de los consejeros togados José Barcina Rodríguez y Justo Carrero Ramos del Ejército y la Armada, respectivamente, en términos gravemente irrespetuosos hacia el presidente en funciones, Federico Gómez de Salazar y Nieto, se saldó inicialmente con 8 y 14 días de arresto impuestos en aquella misma fecha y con decretos de cese publicados en el BOE del 29 de junio. En cuanto a la clasificación de mandos para los ascensos a los empleos del generalato, se subraya que es una de las competencias del Consejo, pero, frente a las afirmaciones de las agencias, queda fuera de sus atribuciones la designación del nuevo capitán general de Canarias que habrá de reemplazar a su actual titular Jesús González del Yerro cuando cese por pase a la situación "B" el 18 de agosto.La agencia Europa Press asegura que los estados de opinión recogidos en torno a la sentencia del 23-F reflejan gran malestar entre jefes y oficiales por las declaraciones de personalidades políticas al respecto. La remisión del anteproyecto de ordenanzas militares para el Ejército de Tierra al Consejo Superior no es preceptiva pero le habría sido remitido el borrador para información y sugerencias.

Las ordenanzas particulares de la Armada y de los Ejércitos de Tierra y Aire están pendientes desde la promulgación por Ley de 28 de diciembre de 1978 de las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. También siguen pendientes las normas sobre el régimen disciplinario de los Ejércitos y las previstas en la disposición final segunda de las reales ordenanzas, relativas al ejercicio de los deberes y derechos individuales, cuya redacción debió hacerse preceptivamente en tres meses.