Siguen sin desvelarse las irregularidades administrativas

El segundo pleno parlamentario sobre el síndrome tóxico no ha desvelado las irregularidades económico-administrativas que han influido en el origen de la intoxicación. La censura a la política de grasas no ha prosperado, como tampoco la reprobación a la actuación sanitaria. No obstante, la sesión de ayer estuvo polarizada por el enfrentamiento entre el socialista Sáez Cosculluela y el vicepresidente del Gobierno, García Díez. Desde la oposición se expusieron datos sobre la negligencia administrativa y desde el punto de vista gubernamental se justificaron las actuaciones.El diputado socialista Sáez Cosculluela recordó, entre los puntos más descollantes de sus denuncias, la contradicción de cifras entre Aduanas y Comercio sobre las importaciones de aceite de colza desnaturalizado en los primeros meses de 1981, que arroja una diferencia superior a los 200.000 kilos. A mayor abundamiento señaló que en contra de las informaciones del Gobierno sobre cifras de importación de este aceite, la revista Información comercial da cifras muy superiores (666.000 kilos en 1980, según el Gobierno, son 928.000 kilos según la citada revista; y los 771.000 kilos de 1981, son 912.000, según la misma revista).

Señaló también que Economía y Comercio pudo conocer el desvío ilegal realizado por RAPSA con haber hecho una simple llamada telefónica. El Gobierno vasco, ante el incremento de las importaciones de RAPSA, inspeccionó esta empresa por indicación de la Administración central y dio cuenta de que, según la empresa vasca, los destinatarios del aceite eran los habituales, es decir, empresas del sector siderometalúrgico, información ésta que conformó a Economía y Comercio. Los socialistas dicen que hubiese bastado una simple averiguación telefónica acerca de dichas empresas del metal para constatar que no compraban a RAPSA tal aceite, lo que hubiese señalado su desvío ilegal al uso alimentario. Además, en marzo de 1981 la Consejería vasca denunció a la Administración central la presencia en Bilbao de aceites de la empresa Producción y Consumo, con sede en Zaragoza, que contenían anilinas. Sin embargo, según los socialistas esta denuncia tampoco sirvió para alertar sobre el incremento de la importación de colza desnaturalizada que se estaba produciendo con desvío al consumo humano. El mismo diputado aludió también a irregularidades en algunas licencias de importación.