¿Quién pagara los platos rotos en Presur?

PARECE QUE los defensores y los beneficiarios de Presur obtendrán pronto la plena satisfacción de sus anhelos y un buen pellizco en favor de sus intereses. Los mineros de Fregenal, cuyo dramático encierro tan poderosamente contribuyó a que se encendiera la luz verde para el polémico e incierto proyecto, tendrán garantizado su modesto puesto de trabajo, y el confuso mundo de intereses que utilizó el hambre y la desesperación de los huelguistas en provecho de su propia estrategia podrán conseguir, con la generosa ayuda de los fondos públicos pagados por todos los contribuyentes, beneficios bastante menos modestos.En vísperas de las elecciones andaluzas el Gobierno ordenó que se afilaran los lápices de los analistas y unos consultores privados cargados de optimismo estimaron en un tiempo récord, junto con la firma alemana Lurgi y la Dirección General de Minas, la rentabilidad del proyecto. Las líneas de cálculo son relativamente sencillas, pero absolutamente discutibles. El positivo informe de los consultores parte de la hipótesis de que los precios y calidad de los pellets suministrados a Ensidesa serán los mismos, bien procedan de Presur, bien los reciba de su actual suministrador brasileño. Ensidesa, en todo caso, nunca pagaría por los pellets nacionales un precio mayor que el ofertado por firmas extranjeras. Para cumplir esta condición, Presur recibiría una subvención a fondo perdido de 5.000 millones de pesetas y una subvención de explotación, del 5% sobre el precio de venta durante los primeros cinco años de funcionamiento del complejo extremeño. Además, el Banco de Crédito Industrial facilitaría 1.500 millones de pesetas a un interés subvencionado. De este modo, el coste de las instalaciones, más los intereses, más los derechos de Minera de Andévalo (con un pasivo de 1.500 millones de pesetas), arrojaría un total situado entre los 16.000 y los 17.000 millones de pesetas.

Por otro lado, y para que la rentabilidad estimada del 12% de Presur no sea desde el comienzo una pura fábula, se supone que la inflación en España no superará el 9% anual durante el próximo lustro. Admirable propósito pero detestable pronóstico. También se da por sentado que la depreciación de la peseta respecto del dólar mantendrá un coeficiente del 1,32%; es decir, que por cada subida anual del índice de precios del 10%, la peseta se depreciaría en un 11,32%, supuesto enormemente arriesgado dado que, históricamente, nunca se ha producido esa correlación entre inflación y depreciación de la peseta. De añadidura, los costes de muchas empresas mineras y metalúrgicas durante los últimos años han ido normalmente por delante de los precios de venta. Obsérvese también que el mercado de pellets, y en general el mercado siderúrgico, se halla en recesión y que las plantas competidoras de la extremeña tienen por término medio una dimensión de tres millones de toneladas frente al millón de toneladas de Presur. En un mercado a la baja Presur estaría en condiciones de gran inferioridad.

Durante años, incluidos los del boom económico, el proyecto minero del suroeste no había ofrecido los atractivos suficientes para que el capital privado considerara atractiva su realización. En la década de los sesenta, una gran compañía minera hispano-inglesa adquirió el 15% de las acciones de Minera de Andévalo, en una operación en la que tampoco faltaron presiones políticas. Los directivos de la empresa compradora encargaron minuciosas prospecciones sobre la importancia y la calidad del yacimiento, pero los estudios de factibilidad sólo sirvieron para que la compañía adquirente se volviera atrás en sus planes y devolviera gratuitamente las acciones a los antiguos propietarios. Huelgan los comentarios.

Aunque parecía que la política de industrialización voluntarista, despilfarradora de recursos y antieconómica pertenecía ya al pasado, la marea negra del paro y el descenso de la rentabilidad de muchos sectores empresariales han creado el clima apropiado para que vuelvan a formularse, en la década de los 80 y en un régimen democrático, algunos de los desatinados planteamientos autárquicos de la primera época del franquismo. De nada ha servido que el informe de la OCDE de 1980 sobre España subrayase la negativa influencia que ejerce sobre nuestro elevado desempleo el peso muerto de algunos sectores industriales, concretamente el siderúrgico, en el conjunto de la economía española. El documento de la OCDE recomendaba el desarrollo de otras actividades con mayor futuro o, por lo menos, la no reincidencia en caminos empedrados de despilfarros y con salidas empinadas y angostas. Ni que decir tiene que estos consejos no han sido escuchados por quienes tienen a su cargo la estrategia industrial española. Tampoco ha servido de nada que nuestra industria siderúrgica, con una capacidad potencial de 18 millones de toneladas, sólo pueda producir, por falta de mercado, doce millones.

¿Acaso todos los que habían rehusado el proyecto Presur estaban equivocados, como parecen demostrar los nuevos estudios? Recordemos que la firma alemana Lurgi, que es el principal defensor privado del proyecto, participa con quinientos millones de pesetas en los 2.500 millones que constituyen el capital de Presur. Su asociado kuwaití aporta otros quinientos millones. Pero simultáneamente Lurgi promueve ventas de equipos con destino al proyecto por un valor estimado en unos 12.000 millones de pesetas. Los otros defensores a ultranza del proyecto Presur son el Ministerio de Industria y la Junta de Extremadura. Estos antecedentes aconsejarían que los interesados en que Presur salga adelante contra toda lógica económica queden al menos comprometidos respecto al buen fin del proyecto. La Junta de Extremadura -se nos ocurre- podría responder, a través de los cánones eléctricos que le proporcionará el suministro de energía, de los resultados negativos del proyecto en el caso de que fuesen necesarias subvenciones superiores a las acordadas. Lurgi, las consultoras y los suministradores de equipo deben sufrir una retención en sus pagos hasta que esa rentabilidad que garantizan sobre el papel quede demostrada en los hechos. En definitiva, pensamos que no está de más que quienes embarcan al Tesoro público en una aventura de dudoso interés y altos riesgos para la economía nacional acepten su cuota de peligrosidad y no se embolsen los dividendos políticos o económicos a base del dinero y el riesgo ajenos. Este tipo de salvaguardias, aunque no hayan sido adoptadas en otras aventuras parecidas, se justificarían en el caso de Presur por la cuantiosa inversión realizada en un sector con tan poco futuro como es el siderúrgico y con unos resultados tan escasos en términos de puestos de trabajo como son 800 nuevos empleos. Y también por la considerable presión de todo género a que el Estado y el Gobierno han sido sometidos a fin de tomar decisiones de industrialización de manera casi plebiscitaria, con la creación de un precedente hartamente peligroso.