El estado de necesidad

El autor argumenta que el establecimiento de un régimen democrático en España no ha servido todavía para reparar las injusticias y desigualdades cometidas en el período anterior. Más aún, sostiene que en esta circunstancia los privilegios de determinados grupos políticos y sociales permanecen indemnes. Ante ello juzga como un descarado sarcasmo que los inculpados en el juicio del 23-F hayan alegado en defensa de su intento golpista el estado de necesidad.

Creíamos que estaba bien claro que la llegada de la democracia, tras cuarenta años largos de dictadura, y nada débil por cierto, visto ahora el panorama con cierta perspectiva, se ha saldado con una inequívoca desigualdad de trato para los que lucharon por las libertades, por la igualdad, por los derechos humanos, frente a los que se opusieron a todo ello, y en la mayoría de las ocasiones por duras razones de bolsillo y avaricia, disfrazadas de patrioterismo y aderezadas de verborrea fascista.A los pocos días de rodaje de las Cortes democráticas, la sentida reivindicación de la amnistía de los militares de la Unión Militar Democrática, injusta, arbitraria y vergonzosamente expulsados del Ejército por el ejercicio del indeclinable derecho de lucha por la propia dignidad y la de las propias fuerzas armadas, chocaba con la intransigencia, y ahí sigue sin reparación esa situación que por sí misma constituye una luminosa denuncia contra lo actualmente existente.

Ni una sola depuración o revisión de auténticas actitudes delictivas en destacados funcionarios del Cuerpo de Policía, o del de Prisiones, que tienen sobre sus espaldas verdaderos crímenes, se ha producido ni siquiera solicitado al socaire del restablecimiento de un clima de reconciliación, convivencia y olvido. Vuelven a perdonar las víctimas y a sentirse resentidos los verdugos y sus auxiliares.

Las grandes estafas del régimen, cuyo eco aún no se ha apagado, realizadas con la participación de nombres bien conocidos de las altas finanzas, de altos cuerpos de la Administración del Estado, de conocidos príncipes de la milicia, han sido enterradas, y sin la menor reparación material ni moral a sus afectados, gentes bien modestas e indefensas, y alcanzando sus fraudes a la propia economía del país, han pasado ya al saco de la no conveniente reconsideración, para que no tengamos imagen de rencorosos o vengativos.

Funcionarios del partido único, de la Secretaría General del Movimiento, de la organización sindical vertical y de diversas instituciones del control y la represión política, que temblaban ante la nueva situación, y por cierto que tenían razón para ello con recordar su especial comportamiento, han saltado de la ilegalidad franquista del enchufe político, con el que se incardinaron en cien nóminas, a la estabilidad como funcionarios de escalafón por el artículo primero, sin oposiciones ni reciclajes democráticos, por generosidad política.

La quejosa y desestabilizadora Banca ha multiplicado por tres, cuatro o cinco sus beneficios a lo largo de los años 1977 a 1981, en plena crisis económica. Y los bancos debilitados o anémicos, montados generalmente sobre la inveterada práctica de la especulación, han sido amorosamente recibidos en el refugio de la solidaridad financiera del Estado, en la cloaca de las irregularidades, mientras sus avispados empresarios, mal llamados banqueros, se pasean tranquilamente por las playas de Marbella sin devolver un solo duro de lo estafado a accionistas y clientes, que se satisfará con fondos de los impuestos colectivos.

Jueces y fiscales que insuflados de patriótico ardor en la lucha contra la conspiración judeo-masónico-marxista se destacaron por su celo, a veces con ribetes de sadismo, continúan en el ejercicio de sus funciones sin que nadie pida su cabeza. Y aprovechan aún sus puestos para proteger a sus antiguos amigos del golpe-franquismo.

Pero hay funcionarios señaladamente progresistas que jamás alcanzarán los puestos que les corresponden por su capacidad y por su fidelidad democrática. Y profesores destacados nacional e internacionalmente a los que la Junta de Rectores les niega una cátedra por ser simplemente demócratas y haber hecho ostentación de ello.

Los piquetes de huelga van a la cárcel, so pretexto de la posible comisión de un delito de coacciones, que luego nunca aparece cometido, y los patronos que cierran las fábricas y desestabilizan intencionadamente la economía y la democracia se sientan en la directiva de la CEOE o aparecen en Televisión Española para dar ejemplo de cómo crear inseguridad, paro y crispación.

Los ex ministros de Franco, sus ex generales, todos sus variados ex, cobran regularmente sus pensiones, y bastante más actualizadas que las de las clases modestas, compatibilizadas con toda clase de privilegios que ellos llaman derechos adquiridos.

Cámara de silencio

Y si seguimos con este desigual balance veremos cómo hasta la figura del dictador, sobre la que hay mucho y muy malo que decir, ha entrado en una especie de cámara de silencio para no herir susceptibilidades, mientras algunos de sus familiares no recatan sus gestos involucionistas.

La democracia en España ha dejado impune el tráfico de influencias, la corrupción, el abuso de poder, los delitos contra el elemental derecho de gentes, y aún ha llegado a más, ha constitucionalizado los privilegios de una Iglesia oscurantista, del monopolio bancario, de una Administración corrompida, haciendo sus cargos tan compatibles con todo que resultan incompatibles con el servicio al pueblo. Y ante este hiriente panorama para el progreso y la justicia, un puñado de golpistas, nostálgicos de la dictadura, alegan ¡el estado de necesidad! Si no fuera repugnante se pensaría que tal alegación quiere ser una simple broma, una macabra broma.

Los culpables del nacimiento en este país del terrorismo, por su ceguera histórica, los que precisamente nos han dejado esta macabra herencia, los fabricadores del paro y de la injusticia, los que representan la inseguridad ciudadana de la arbitrariedad y del nepotismo, de la evasión de capitales, de la inmoralidad como sistema, los agiotistas de la corrupción, cogen ahora el cuadro que ellos pintaron en cuarenta años y quieren con su deformada y chafarrinesca obra justificar su imperdonable actitud de levantarse contra el nuevo intento pacífico de este pueblo de ir solucionando sin rencores ni venganzas los problemas que ellos y sus ocultos cómplices nos han legado, cuando además se ha tenido la cívica elegancia de no haberles pedido cuentas.

A lo mejor ese ha sido nuestro error y deberemos pagarlo.

A lo mejor la necesidad del Estado, de un Estado democrático, exige, visto lo ocurrido, que por el auténtico estado de necesidad de los parados, de los afectados por la colza, de los expulsados del Ejército, de los privados de pensiones, de los carentes de subsidio de desempleo, de los privados de escuelas y hospitales, de los condenados por muchísimo menos graves supuestos, abandonemos al fin estas ingenuas actitudes que, so pretexto de no ser rencorosos, nos convierten simplemente en imbéciles hoy, y mañana, otra vez, en víctimas.

es diputado del PSOE por Cáceres.