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Las sentencias del 23-F pueden ser inferiores a la petición fiscal

El Consejo Supremo de Justicia Militar se reunió ayer para continuar las deliberaciones sobre la sentencia, que deberá dar a conocer como muy tarde el próximo día 3 de junio, respecto al juicio a los 33 procesados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.En medios políticos y castrenses se detectaba ayer expectación, no exenta de cierta preocupación, ante la posibilidad de que las penas solicitadas por el ministerio fiscal hayan sido sensiblemente rebajadas por el tribunal.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, general José Manuel Claver, sostuvo la calificación de rebelión militar para los hechos del 23-F y mantuvo, con ligeros retoques, las condenas solicitadas para los encartados en su escrito inicial de acusación. La petición fiscal para los principales implicados fue, de treinta años para el teniente general Jaime Milans del Bosch, el general de división Alfonso Armada y el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. Para el general Luis Torres Rojas, el fiscal togado solicitó quince años de privación de libertad, al igual que para los coroneles José Ignacio San Martín y Diego Ibáñez Inglés y el comandante Ricardo Pardo Zancada.

Según las noticias que circularon ayer, sin confirmación, el tribunal de oficiales generales que constituye el Consejo Supremo de Justicia Militar puede dictar una sentencia que rebaje las penas solicitadas para cada uno de los encausados, estableciendo serias diferencias entre el teniente coronel Tejero y los demás encausados.

Pasa a la página 19

Editorial en la página 12

El tribunal tiene ya perfilada la sentencia por el 23-F

Viene de la página primeraEspecial preocupación suscitan las consecuencias que una eventual rebaja de las penas de privación de libertad signifiquen respecto a la permanencia o no de los procesados en las Fuerzas Armadas. A este respecto, se recuerda que las condenas de privación de libertad superiores a doce años llevarán consigo, como penas accesorias, la pérdida de empleo y la inhabilitación por el tiempo de la condena; las que excedan de tres años producirán la separación del servicio; y las de un año y seis meses ocasionarán la suspensión de empleo.

Tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, el portavoz oficial del Gobierno, Ignacio Aguirre, anunció la posibilidad de que el Gabinete celebre la próxima semana una reunión extraordinaria, dedicada a analizar la sentencia del juicio por el 23-F. Sólo una vez conocido el contenido de la misma, el Ejecutivo decidirá si debe dar o no instrucciones al fiscal para recurrir al Tribunal Supremo.

Las reuniones del Consejo Supremo de Justicia Militar se vienen celebrando en su sede de la calle Fortuny desde el pasado martes, 25 de mayo. Es probable que mañana, lunes, se reúna de nuevo para estudiar, entre otras cuestiones, el procedimiento de comunicación de la sentencia, cuyo fallo quedó ayer casi en su totalidad perfilado, según Europa Press. Se considera muy probable que la sentencia sea comunicada casi simultáneamente al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor -quien informaría al Rey-, ministro de Defensa -quien informaría al jefe del Gobierno- y los abogados de los encausados.

La agencia citada da cuenta de que durante estos días se han reforzado las medidas de seguridad del edificio del Consejo Supremo de Justicia Militar. La vigilancia del exterior corresponde a la Policía Nacional y la custodia interior es desempeñada por la Guardia Civil.

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