Posturas previas a la reunión

En el problema de la central nuclear de Lemóniz son cuatro las partes especialmente interesadas: Iberduero, la sociedad propietaria de la central; los bancos Bilbao y Vizcaya, tradicionales tutores de aquella compañía eléctrica, y que históricamente se han turnado en la presidencia de Iberduero; el Gobierno autónomo vasco, implicado en la solución de Lemóniz a partir de los acuerdos de Vitoria firmados el pasado mes de abril, por los que se constituyó una sociedad pública vasca para la gestión de la central nuclear; y, por último, la Administración central, sujeto activo de las negociaciones para encontrar una solución pactada a la central nuclear, que tiene un interés especial en la puesta en marcha de la citada central para que se cumplan los objetivos del Plan Energético Nacional (PEN), y destinataria en última instancia del desafío terrorista etarra.Las cuatro partes acudían a la reunión de hoy con posiciones divergentes y postulaban soluciones aparentemente distintas para la central, que en definitiva, se resumen en dos: continuar las obras y poner la central en funcionamiento en el plazo más breve posible (Gobiernos de Madrid y Vitoria), o cerrar la central y negociar el pase al sector público de las instalaciones (Iberduero y los bancos).

Individualizando estas posiciones, se podría estimar que Iberduero se muestra abiertamente favorable a una suspensión de las obras. Los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETAm en la persona de dos de sus técnicos más cualificados, las persistentes amenazas para el resto de sus ingenieros destinados en la central, y los constantes atentados contra las instalaciones, le están suponiendo a la empresa una sangría tanto humana como económica que le han llevado a ver en el cierre la mejor salida.

Como fondo de esta actitud se dibuja, según medios del sector, el interés de Iberduero por ceder la titularidad de la futura planta nuclear al sector público. Esta operación resultaría altamente beneficiosa para la compañía que, por una parte restaría a ETA sus actuales argumentos para continuar con su campaña de atentados y, por otra, consiguiría restablecer su propio equilibrio financiero, un tanto maltrecho tras los ingentes esfuerzos que le está suponiendo la continuación de la obra de Lemóniz.

Una inversión de 250.000 millones de pesetas

Actualmente, la compañía eléctrica puede tener comprometida una cifra próxima a los 250.000 millones de pesetas en las obras de construcción de Lemóniz y a ella habría que sumar los gastos de reparación de sus instalaciones, que han sido objeto de frecuentes atentados.La posibilidad de que la obra fuese reemprendida bajo la responsabilidad de técnicos extranjeros ha sido calificada reiteradamente, en medios próximos a la empresa, como "difícilmente realizable" y sobre todo estos mismos medios han manifestado una pregunta: "¿Y después de concluidas las obras, qué?".

Por su parte, el interés de las entidades bancarias que más directamente participan en la gestión de Iberduero, los bancos Bilbao y Vizcaya, convergen con el de la propia sociedad, al estar interesados de alguna forma en el traspaso de la titularidad de Lemóniz al sector público.

La participación bancaria en el capital de Iberduero es asombrosamente pequeña, en relación con el exhaustivo control político que ejercen sobre la sociedad. En diversos medios financieros se estima que la suma de participaciones de los dos bancos no supera en ningún caso el 10% del capital de la compañía eléctrica. Las cajas de ahorro y posiblemente más cien mil pequeños accionistas, componen el grueso del tejido accionarial de la empresa. No obstante, el riesgo que tienen ambas entidades bancarias en Iberduero es muy alto, en función de los préstamos y avales concedidos a la compañía.

Según los últimos datos facilitados por la empresa, la deuda total de Iberduero a finales del mes de noviembre pasado superaba los 210.000 millones de pesetas, lo que supone un incremento apreciable con relación a las cifras de años anteriores, y lógicamente una buena parte de esta financiación externa ha debido ser reconducida al proyecto de Lemóniz que representa más de un 50% del activo de la sociedad.

El paso de la central al sector público, conllevaría la asunción de la deuda por parte del nuevo titular. En definitiva, es más seguro como deudor el Estado que Iberduero en sus actuales circunstancias. Esta es al menos la conclusión que cabe desprenderse de los comentarios que expertos bancarios vienen realizando los últimos días en relación al futuro de Lemóniz.

El tercer elemento inmerso en el problema de Lemóniz es el Gobierno vasco. El órgano ejecutivo autonómico está en manos del Partido Nacionalista Vasco y, por tanto, sigue sus líneas maestras en materia energética. Está interesado en la reanudación de las obras de la central y en su posterior puesta en fuilcionamiento. La producción de los dos grupos de la central nuclear de Lemóniz puede representar aproximadamente el 80% del consumo eléctrico en Euskadi.

A pesar de que algunas voces dentro del propio PNV habrían señalado que el desgaste político que representa un apoyo abierto a la central no guarda correlación con su importancia estratégica real, ya que Euskadi pasaría a depender casi exclusivamente de la energía nuclear para la producción eléctrica, el ejecutivo vasco firmó recientemente, un acuerdo "político" con el Gobierno de Madrid y otro con Iberduero, para la constitución de una sociedad pública vasca que se encargase de la gestión de Lemóniz. A cambio, el Ejecutivo vasco, a través de esta sociedad, percibiría una cantidad anual bastante elevada de dinero, en concepto de pago de servicios, y que en algunos medios se ha establecido en torno a los novecientos millones de pesetas anuales. Por su parte, la Administración central traspasó al Gobierno de Vitoria una parte de las competencias en la distribución de gas natural en el País Vasco, así como en la explotación de yacimiento de gas de Bermeo. A esto se sumó un convenio de intercambio y cooperación tecnológica entre los dos ejecutivos.

Lo que auténticamente se esperaba del PNV, a cambio de estas transferencias, es que el Partido Nacionalista se constituyese en algo parecido a un paraguas lo suficientemente amplio y consistente como para dar cobijo del terrorismo etarra, tanto a los técnicos que trabajan en el diseño y construcción de la central, como a la propia instalación nuclear.

Este escudo se mostró a los pocos días de su constitución demasiado poco consistente y los terroristas de ETA se cobraron una nueva víctima en la persona del ingeniero Manuel Pascual Mújica, a los pocos días de que los técnicos, fiándose fundamentalmente de esta protección y atendiendo a los requerimientos de la empresa, se hubiesen reincorporado a sus puestos de trabajo.

En la nueva situación creada tras el asesinato del técnico de Iberduero Angel Pascual Mújica, el Gobierno vasco ha explicitado firmemente su deseo de que las obras de la central salgan adelante. No obstante, en medios próximos al mundo empresarial vasco se estimó que la acción del PNV tras el asesinato del ingeniero de iberduero no había sido lo suficientemente contundente, e incluso se señala la posibilidad de que el ejecutivo de Vitoria intente arrancar alguna nueva compensación a cambio de firmar los acuerdos a los que se llegue para poner en marcha Lemóniz. Estas mismas fuentes citan como ejemplo la demanda de la cesión de las competencias en materia de policía que recientemente se realizaron desde Vitoria.

Por último, aparece la Administración central metida de lleno en la negociación. Para el Gobierno de Madrid no es, desde ningún punto de vista, admisible el aceptar la suspensión de las obras y, sobre todo, el abandono del proyecto. Esto constituiría un peligroso precedente político, constituyéndose en el primer Estado que pierde la batalla nuclear, aparte del importante tanto que se apuntaría la organización terrorista ETA. Además, desde medios próximos a la Administración central se insiste en que la solución que podía estar buscando tanto Iberduero como los gruppos bancarios que le apoyan -es decir su paso al sector público- no es en ningún caso aceptable, pues representaría el primer paso a la nacionalización de la producción eléctrica de origen nuclear en nuestro país.

La solución que llevaba el representante del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo ha sido la de contratar técnicos extranjeros en el caso de que los de Iberduero se nieguen a continuar en sus puestos de trabajo. Además sostiene que la titularidad de la central debe permanecer en Iberduero. No obstante, medios próximos a las negociaciones señalaron que algunas de las tesis barajadas apuntaban la posibilidad de medidas tan drásticas como militarizar la zona.