La Junta considera perjudiciales las nuevas resoluciones de la subsecretaría de Pesca

La Junta de Canarias aprobó en su último pleno, con la abstención de un consejero de Coalición Democrática (CD) exigir al Gobierno la no aplicación en el archipiélago de una reciente resolución de la subsecretaría de Pesca, de carácter nacional, por la cual no podrán entrar en ningún puerto español barcos pesqueros procedentes de caladeros pertenecientes a países sin convenio pesquero con España.

La Junta considera que tal resolución atenta contra el régimen económico fiscal de las islas y que es lesiva para los intereses económicos de las mismas. Esta decisión del órgano preautonómico canario se produce en medio de una fuerte polémica en los sectores políticos, sindicales y económicos del archipiélago, sobre el tema. La UCD canaria se ha definido, asimismo, contraria a dicha resolución y ha solicitado una entrevista con el vicepresidente primero del Gobierno, Martín Villa, y el secretario general del mismo partido, Iñigo Cavero, para intentar buscar una solución al contencioso.Esta medida de la subsecretaría de Pesca es considerada perjudicial, porque, al ser el puerto de La Luz de Las Palmas la principal base de las flotas extranjeras que faenan en los caladeros norteafricanos, dicho requisito supone, según fuentes empresariales, un duro golpe para el sector.

"Gendarme marroquí"

El PSOE señaló, en el citado pleno de la Junta, que dicha resolución se enmarca en una estrategia orientada a eliminar el sector pesquero y portuario de Canarias, del que viven alrededor de cinco mil personas. Los socialistas calificaron al Gobierno, a raíz de esta medida, como "gendarme marroquí" y censuraron la política de la subsecretaría de pesca, definiéndola como nefasta. Por otra parte, el portavoz de CD, que se abstuvo en la votación, consideró que la resolución serviría para luchar contra la piratería en el sector pesquero.La coordinadora para la defensa del puerto de La Luz de Las Palmas, base principal de las flotas extranjeras en Canarias, ha anunciado que las pérdidas de dicho puerto si se aplicara la citada resolución pueden ascender a unos 40.000 millones de pesetas. Por otra parte, parlamentarios de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria han amenazado con no asistir, a partir de la próxima semana, a las sesiones del Congreso y el Senado si el Gobierno no acuerda antes revocar esta resolución en lo relativo a las islas.