El Gobierno proyecta invertir 2,3 billones de pesetas en ocho años para armamento de las FAS

El proyecto de ley de Dotaciones Presupuestarias para Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Armadas, que ha sido enviado al Congreso por procedimiento de urgencia y que será debatido en el Pleno aproximadamente en el plazo de dos meses, ha abierto una fuerte polémica en los principales partidos de la oposición, quienes piensan que el texto enviado a la Cámara, donde se propone la mayor inversión armamentista que haya conocido España -alrededor de 2,3 billones de pesetas en los próximos ocho años-, no define claramente los objetivos de esta inversión, que es solo para armas y no incluye, por tanto, las retribuciones de personal. Este importante programa de rearme ha sido criticado por estos partidos y por los expertos en temas militares consulta dos por EL PAIS, quienes opinan que este plan debería posponerse a un debate parlamentario para aclarar la política de Defensa española. Hasta el momento han sido presentadas quince enmiendas al proyecto, cuando faltan aún por formularse las del PSOE, PCE y AP.

La dotación prevista por la ley para 1983 es de 230.689 millones de pesetas, que se elevarán a 309.845 en 1990, siempre sobre la base de mantener el esfuerzo de defensa en el 2,04% del Producto Interior Bruto.El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de dotaciones presupuestarias para las FAS ha sido prorrogado hasta el próximo día 29 de este mes, por lo que, sin duda, tendrá que esperar más de un mes para que el texto llegue a la comisión de Defensa del Congreso, antes de procederse a su debate en el Pleno. Hasta el momento han sido presentadas quince enmiendas al proyecto, de las cuales catorce fueron formuladas por el diputado Ramón Tamames, del Grupo Mixto, y la restante, por el también diputado de este grupo Fernando Sagaseta. Este último presentó una enmienda a la totalidad.

Ramón Tamames ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto y trece más a los artículos, por si no prosperase la primera. Tamames basaba su postura, según manifestó a este periódico, en que este proyecto "implica un proceso de planificación que hasta ahora no se ha realizado, supone una autorización para elaborar un programa, y si quieren eso necesitamos que nos presenten el programa, ya que en el texto no se especifica, y además, en mi opinión, también supone un privilegio a un determinado sector".

Aunque el Partido Socialista Obrero Español no ha redactado aún las enmiendas a la citada ley, ya que sus expertos se encuentran todavía estudiando el tema, el diputado Luis Solana adelantó a este periódico que el texto presenta importantes y, graves defectos de forma y "la cuestión de fondo consiste en que, aunque la ley es necesario que exista, no da a conocer cuál es el volumen de recursos para las FAS ni permite conocer su objetivo".

La cuestión fundamental es que el Gobierno ni siquiera ha presentado unas líneas; maestras de su política de Defensa, y sin conocer este mínimo esquema es muy difícil poder aceptar una ley que no especifica el objetivo de la fuerza que. se pretende conseguir y para qué. El proyecto define el volumen de dinero que se va a utilizar -alrededor de 2,3 billones de pesetas, a pagar en ocho años-, pero no aclara concretamente en qué se va a invertir tal cantidad de dinero.

Control parlamentario

Luis Solana manifestaba, en este sentido, que "la cifra no me parece disparatada, pero siempre y cuando sepamos lo que vamos a comprar, cosa que hasta ahora es un misterio". El diputado socialista hizo hincapié en que su partido no pretende dar un cheque en blanco al Gobierno en este tema, y apuntó que ellos exigirán, por todos los medios, un control parlamentario año a año del desarrollo de la ley. Preguntado por si el texto, al ser remitido al Congreso recientemente por procedimiento de urgencia no era una táctica del Gobierno para tranquilizar a los militares en estos momentos, en que todavía queda largo tiempo para que finalice el juicio por el intento de golpe de Estado del 23-F, Luis Solana apuntó que "simplemente es una coincidencia, porque el plazo de vigencia de la anterior ley expira este año".

Por otra parte, el diputado socialista presentó una pregunta al Congreso de los Diputados en la que demanda qué criterios están siendo utilizados para evaluar las decisiones sobre el programa FACA (Futuro Avión de Combate), respecto al cual se mantiene un absoluto misterio; quiénes son las personas que están estudiando estas compras de aviones, cuyo presupuesto asciende a 300.000 millones de pesetas, y la necesidad de que se informe al Parlamento sobre todo este asunto.

Solana también ha formulado otra pregunta a la Cámara en reIación con la ayuda militar de Estados Unidos a España. En el escrito manifiesta que el pasado día 3 el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, anunció que España recibiría en 1983 más de 415 millones de dólares en material militar. Esta cifra triplica la que hasta ahora se venía recibiendo, motivo por el que Solana pregunta si el Gobierno español conoce el acuerdo de Estados Unidos y si nuestro Gobierno ha negociado esa cantidad. Asímismo pregunta qué relación existe entre el proyecto de ley de dotaciones a las FA S y la materialización de esta ayuda militar norteamericana.

No se especifica que se va a comprar

Algunos expertos en temas de Defensa consultados por este periódico consideraron que este proyecto supone un despilfarro, dada la situación económica del país y teniendo en cuenta, especialmente, que en el texto no se especifica lo que se va a comprar. Estas fuentes coincidieron al afirmar que esto significaba "dar un cheque en blanco a los militares". Dicha inversión, que sin ninguna duda es la más importante realizada en España para compra de armamento, es duramente criticada cuando, siempre según estas fuentes, no existe una política militar clara y, consiguientemente, tampoco una política de Defensa. Asimismo añaden la posibilidad de que esta inversión nos hipoteque durante los próximos ocho años.

Dos enmiendas de AP

El secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, manifestó que su partido presentará dos enmiendas a este proyecto de ley. La primera, contra el artículo séptimo, en el que se pide que la adjudicación directa de contratos, obras, suministros, etcétera, en, lugar de concederse por el Ministerio de Defensa, se haga a propuesta de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La segunda se presentará

ntra el artículo octavo, en el que se pide que la garantía de los adjudicatarios nacionales o extranjeros de asistencia técnica y de responsabilidad solidaria, en vez de discrecional, sea obligatoria.

Jorge Verstrynge comentó, en torno al texto global del proyecto, que el objetivo primordial del mismo, hoy, es la creación de una política de empleo, principalmente en aquel sector en que el Estado tiene una total capacidad de disposición, como ocurre en este programa. La preocupación fundamental del secretario general de AP consiste en que "este programa, con un plazo de ocho años y un cuantioso volumen de inversiones, debe asegurar la creación de em-

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