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Tribuna:

Los juicios de Bilbao sobre el aborto

Se celebra hoy en Bilbao el juicio contra once mujeres acusadas de haber interrumpido voluntariamente su embarazo. El autor de este artículo reflexiona sobre la necesidad de regular el derecho al aborto en nuestro país y alerta a la izquierda política sobre los problemas que afectan a los ciudadanos en su vida familiar y en el conjunto de las relaciones personales, ámbito donde, ineludiblemente, debe incidir y hacerse patente la vigencia de un régimen democrático.

Los costes físicos, sociales y psicológicos que están pagando las ciudadanas españolas con los abortos clandestinos son graves y conocidos por la opinión pública y por la clase política. Tenemos una normativa que no sólo no elimina el problema, sino que pone en peligro la vida de miles de mujeres, que discrimina a las más débiles económicamente y que, para colmo, sólo se aplica, ejemplificadoramente, a aquéllas que lo han sufrido en las peores condiciones. Tal es el caso del juicio de las once mujeres de Bilbao, modelo de lo que podemos llamar el delito de las pobres.Este desfase entre la realidad y la norma no se puede seguir manteniendo. El caso de las afectadas por el síndrome tóxico es realmente elocuente y pone de manifiesto las dificultades para acceder a la anticoncepción adecuada que evite las posteriores interrupciones del embarazo como recurso único y obligado para tantas mujeres.

Estamos ante un problema social y de calidad sanitaria, resuelto en los demás países occidentales como desarrollo lógico de una legislación democrática laica, que impide la imposición de pautas morales y religiosas a los ciudadanos. Y en este caso no olvidemos que la imposición conlleva además sanción penal.

No se trataría tampoco de despenalizar el aborto, dejando al libre mercado, una vez más, la salud de las mujeres. Hay que regularlo ya; hay que garantizar la asistencia sanitaria a todas las que quieran interrumpir su embarazo en los plazos que se determine, al mismo tiempo que se establece una eficaz red de información y atención anticonceptiva, que haga posible situar el aborto como el último recurso frente a un embarazo no deseado.

Sin embargo, el debate sobre la legalización del aborto no puede reducirse al problema social y sanitario que conlleva.

Y ahí es donde los hombres de izquierda debemos reflexionar; y digo los hombres, porque somos los que, por ahora, tenemos el monopolio de la política...

El movimiento feminista está planteando elementos que van más allá de la mera discusión sobre el aborto mismo. Su objetivo es, sin duda, evitar que sea un medio de control de natalidad, como lo es hoy tristemente en este país, y su legalización la entienden como parte de una lucha más global: hacer de la maternidad una opción libre y no una imposición que conlleva marginación social, laboral, etcétera. Exigen, en definitiva, la libertad de disponer sobre sí mismas. Conscientes, con una lucidez que nos asusta, del derecho a ser dueñas de su cuerpo, alienado durante siglos de historia en nombre de principios divino/naturales o de intereses de Estado. Romper esa alienación, fundamento de su opresión en todos los aspectos de la vida, ese es su verdadero objetivo.

No es sólo la separación de la sexualidad y la reproducción, la exigencia del derecho al placer, lo que las feministas nos plantean, principios que son fácilmente asimilables en las sociedades más civilizadas y menos machistas que la nuestra. Detrás de ello subyace toda una crítica al sistema, a las estructuras fundamentales de nuestra sociedad: división sexual del trabajo, relación hombre/mujer, cultura sexual dominante...

Es hora de que desde los partidos de izquierda reflexionemos sobre el modelo de sociedad que queremos construir, porque en nuestra oferta, querámoslo o no, subyacen los privilegios de unos y la marginación de otras.

Mientras miles de mujeres en diferentes sitios del Estado español salen estos días a la calle pidiendo la amnistía para las que van a ser juzgadas por delito de aborto y exigiendo una normativa que nos equipare al resto de los países de la Comunidad Europea, el Gobierno de UCD ignora la situación, y partidos de izquíerda -PCE y PSOE- temen llevar el problema a las instituciones, como si el derecho de la mitad de la población española a la salud, a la justicia y a la libre decisión sobre sus vidas fuesen a poner en peligro el proyecto democrático. La retirada temporal del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo por parte del PCE y la polémica levantada en el seno del PSOE en torno a la moción del Ayuntamiento de Madrid son hechos que, lejos de ahuyentar el peligro golpista, sirven para debilitar la democracia, abriendo aún más la brecha entre las instituciones y la sociedad civil, entre la alta política y los problemas de los ciudadanos comunes.

Debemos preguntarnos sobre el concepto que tenemos de la política para precisar cuál es la esfera de intervención de un partido que se diga revolucionario. La realidad nos demuestra que la política se ha ido perfeccionando como práctica separada y separable de la sociedad civil, se ha reservado a especialistas, a técnicos.

Tenemos que salir de esa trampa y recoger el viejo deseo de emancipación reavivado después del 68 por diferentes movimientos sociales que, desde fuera de los partidos, vienen a recordarnos que es preciso acercar la política al campo de la vida cotidiana, abriéndonos sin reservas a las nuevas formas de conflictividad social; romper, en definitiva, la distinción que arrastran los partidos de izquierda entre lo que es privado y los grandes hechos públicos que configuran el mundo de lo político.

La estructura de la familia, las relaciones que se crean en su interior, la propia subordinación de la mujer, y todas las relaciones entre los seres humanos, no son opciones individuales y fuera de la historia, sino que están estrechamente ligadas a la estructura de la sociedad, a las relaciones de clase existentes, a las instituciones, ideologías, formas jurídicas... Las funciones que hoy se realizan dentro del ámbito familiar son funciones sociales no reconocidas, y eso es lo que quieren hacernos comprender también las feministas cuando rechazan la maternidad y el trabajo doméstico como funciones impuestas naturalmente.

Necesitamos una gran renovación teórica que permita comprender el carácter realmente político de estas nuevas problemáticas, entendiendo que la propia lucha por modelos avanzados de libertad y socialismo se produce fundamentalmente en el seno de la sociedad civil, a la que no se le puede dar la espalda o sacrificarla por intereses de Estado, porque lo único que estamos logrando es escepticismo.

El juicio del 23 de febrero y el del 16 de marzo han de hacernos reflexionar en profundidad sobre el valor de la democracia y el esfuerzo colectivo por mantenerla y ampliarla al mundo de las relaciones interpersonales, donde existen, a no dudarlo, formas de fascismo cotidiano -y el negar el derecho al aborto es una de las más patentes-.

es miembro de la dirección de Euskadiko Ezkerra (Izquierda para el Socialismo).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de marzo de 1982

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