¿Hasta cuándo el paro agrario?

En estos momentos en que se trata la sustitución del empleo comunitario por algo que parece mantener la misma filosofía, es necesario reflexionar sobre algunos temas. Andalucía tiene unas estructuras socio-económicas indicadoras de subdesarrollo y dependencia, tal y como se ha señalado en más de una ocasión. El paro en general, y el agrario en particular, son una manifestación muy grave de esta situación crónica y en gran parte estructural. Medidas de tipo coyuntural son necesarias, pero sin perder de vista cuáles son las verdaderas causas y, por tanto, qué soluciones a medio y largo plazo conviene arbitrar.Habría que situar, por tanto, el análisis en tres aspectos: Uno, soluciones a los problemas de fondo; dos, medidas inmediatas que aseguren la supervivencia, y tres, que estas últimas se contemplen en las primeras. Esto es, las medidas inmediatas no tienen por qué ser algo separado de las soluciones de fondo, sino que deben ser avances y parte de aquéllas.

Hasta ahora no ha sido así por la sencilla razón de la inexistencia de las primeras, y por eso las segundas (el empleo comunitario y probablemente cualquier sustitución que no considere el fondo del asunto) no conducen a nada. O, mejor dicho, traen funestas consecuencias económicas, sociales y éticas.

Cada vez hay más datos que confirman el papel de colonia interior de Andalucía por una distribución de funciones dentro del Estado, cuando nuestra tierra y nuestro pueblo poseen capacidad, aptitud y deseo de actividades más acordes con la realidad. La cuestión de fondo es si es posible, conveniente y, sobre todo, si se quiere cambiar esta situación. La respuesta a esos interrogantes determinará la puesta en marcha, o no, de las soluciones que atajen el mal de raíz.

Sobre la posibilidad, puede decirse que estamos en un período de crisis y las inversiones deben medirse muy cuidadosamente. Eso es cierto, pero no se tiene en cuenta que Andalucía supone la quinta parte del Estado y, además, que poner en marcha el motor andaluz con el empujón de las inversiones públicas puede tener efectos multiplicadores de la economía en general. Y no hablamos en es,ta ocasión de injusticia o de agravios históricos que para nosotros son de más peso, sino cuestiones pragmáticas.

En este terreno situamos la conveniencia, que en parte viene contestada por lo dicho antes, es decir, la rentabilidad, añadiendo que el papel de reserva y la espera de la emigración cada vez será más difícil de mantener en un pueblo tan sangrado por el éxodo y tan marcado por los costes sociales e individuales del mismo. Además, la emigración que llega a las cotas de la andaluza se convierte claramente en causa del subdesarrollo. De la posibilidad y conveniencia podría deducirse la nítida voluntad política de la realización, pero eso hasta ahora no se ha demostrado, sino que, por el contrario, parece que algunos andaluces, pocos todavía, tienen que arrancar con esfuerzo al Estado algo de lo que nos corresponde.

Si hubiera voluntad de arreglar los problemas mediante todo lo que ya se sabe (reforma agraria, ordenación de cultivos, redes comerciales, aumentos de regadíos, repoblación forestal, potenciación de la ganadería, industrialización, etcétera), se irían realizando ya medidas encaminadas a la consecución de metas, con la que se conseguiría el tercer objetivo propuesto al principio.

Medidas concretas

Las medidas concretas, pues (y esto sería la sustitución del empleo comunitario), estarían en unir las necesidades de infraestructuras existentes (viarias, culturales, sanitarias, viviendas, etcétera), la mano de obra disponible y las inversiones. El resultado sería ir cubriendo esas necesidades que mejoren la vida rural y sean la apoyatura de otras inversiones (que contemplen también los aspectos sociales), generando desarrollo. El sistema podría ser reunir todas las partidas de diferentes organismos, controladas por la Junta de Andalucía (que, dicho sea de paso, debería tener una mayor iniciativa en todo este asunto), con base en la planificación comarcal, y la participación amplia de sindicatos, organismos, partidos, etcétera. Es decir, lo que puede denominarse el sistema de Fondo de Empleo Rural.

A la vez, podrían ensayarse distintas experiencias, como estímulo estatal para el arrendamiento de tierras en cooperativas, explotaciones comunales de pastos, fondos del Estado para las adquisiciones de fincas, etcétera. Habría que aplicar de una vez por todas la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, si es que se considera de utilidad. Si no es así, ¿por qué no se cambia por otra ley más eficaz?

Se trataría, pues, de cubrir el paro dignamente a cambio de trabajos (incluidos en proyectos rentables de planificación general a escala comarcal) que creen la infraestructura necesaria para mejorar el nivel de vida actual y sirvan a la vez para potenciar el desarrollo.