Conmoción en Argentina por el secuestro y asesinato de una joven militante socialista

El secuestro y asesinato de una militante socialista argentina, Ana María Martínez, que estaba embarazada, recuerda el más puro estilo de la sangrienta represión de la Junta Militar. Este asesinato ha conmocionado al país, mientras las organizaciones que defienden los derechos humanos en Argentina han acusado al Gobierno de ser responsable directo del caso.La Coalición Multipartidaria, de la que forman parte los cinco principales partidos de la oposición, publicó el miércoles pasado un comunicado en el que reclama una encuesta exhaustiva sobre este trágico suceso, que ocupa un lugar importante en la Prensa. Se trata del primer secuestro político que concluye en asesinato del que se tiene noticia en los dos últimos años.

Ana María Martínez, joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores, prohibido por el régimen militar argentino, fue secuestrada el 4 de febrero por un grupo de hombres armados, cerca de su domicilio, en los suburbios de Buenos Aires. Fue introducida en un automóvil sin matrícula, similar a los que utilizan los servicios de seguridad. Su cadáver fue descubierto el 12 de febrero e identificado el miércoles pasado por la policía, que hasta el momento se ha negado a hacer comentarios.

El diario Convicción, que refleja en líneas generales los puntos de vista de la Marina, cuyos representantes forman parte de la Junta Militar, acusó el jueves veladamente a un sector de los servicios de seguridad de ser responsable de tal acción.

Bajo la firma de su director, el periódico califica de asesinos y "verdugos retrógrados" a los autores del hecho, para preguntarse a continuación: "¿Quién quiere derrocar al Gobierno? ¿Quién quiere cerrar el camino hacia la democracia? ¿A quién interesa sabotear la moderación? ¿A quién beneficia esta Argentina leprosa de la que se apartan otras naciones? Queremos conocer el nombre de los asesinos".

El periódico no responde directamente a estos interrogantes, pero a juicio de los observadores parece evidente que la Marina, favorable a la apertura de vías políticas hacia la democratización, repudia un hecho especialmente grave que no va en la dirección deseada por este sector de las fuerzas armadas.

Se señala que el mismo día que fue conocido el asesinato, el Gobierno hizo una demostración de fuerza ordenando el cerco por la policía de la sede de la Central General de Trabajadores (CGT), donde Iban a reunirse sus dirigentes, y recordando que a raíz del golpe de Estado de 1976 está prohibida toda actividad sindical.

Aunque la policía no llegó a intervenir, los dirigentes sindicales, que ya habían concluido su reunión para elaborar un proyecto de movilizaciones, aprovecharon ese inhabitual despliegue de fuerza para acusar duramente al Gobierno de "exhibir su incoherencia y su voluntad represora".

Las organizaciones que defienden los derechos humanos en Argentina acusaron el jueves al Gobierno, en el curso de una conferencia de Prensa, de ser el responsable del secuestro y asesinato de la joven. En la rueda de Prensa estuvo presente el esposo de Ana María Martínez, que expresó temor por su seguridad personal y denunció que sus padres fueron detenidos durante diez horas por la policía y sometidos a intensos interrogatorios.

Los convocantes leyeron una declaración en la que repudian el silenció mantenido por las autoridades sobre este asesinato.

Por otro lado, el grupo de abogados que se ocupa de este suceso denunció presuntas irregularidades de la policía que, tras el hallazgo del cadáver, cortó las manos de la joven y ordenó enterrarla ese mismo día.