Las intoxicaciones inquietan al Gobierno ante el juicio del 23-F

Medios gubernamentales centran en estos momentos sus preocupaciones en tres aspectos relacionados con el próximo comienzo del juicio contra los procesados por el 23-F: la atención informativa que algunos medios de comunicación están prestando a los prolegómenos del proceso, la posibilidad de que el terrorismo inicie un nueva ofensiva y la sospecha de que la extrema derecha pudiera poner en marcha una nueva campaña de intoxicación con fines desestabilizadores.Estas preocupaciones coinciden con la aparición en Madrid de una nuevo rotativo de extrema derecha, llamado La Voz del Progreso, cuyo número cero fue puesto a la venta el pasado sábado en los quioscos. Este periódico está dirigido por Julio Merino, ex director del diario El Imparcial y hoy día al frente del semanario ultraderechista Heraldo Español, medio en el colaboran habitualmente los abogados Angel López-Montero y Adolfo de Miguel, defensores de algunos de los procesados por el 23-F, entre ellos Antonio Tejero y Juan García Carrés.

Fuentes próximas al Gobierno consultadas por este periódico desconfían en cierto modo del pacto a que llegaron días pasados el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, y el conjunto de defensores del 23-F en el sentido de canalizar, a través del primero, cuantas informaciones requieran los abogados. En estos días algunos de los abogados de los procesados están manteniendo continuas reuniones con periodistas extranjeros destacados a Madrid para informa del juicio, a los que se transmiten versiones intoxicadoras de los hechos.

Los partidos políticos parlamentarios han comenzado, por otra parte, la designación de sus representantes, en condición de abogados, para asistir al juicio. Los primeros designados son los diputados Emilio Attard y Joaquín Satrustegui (UCD), Antonio Carro y Juan Luis de la Vallina (AP), y Josep Soler Barberá y Fernando Pérez Royo (PCE).