El Gobierno fijará las tasas, y el Ministerio, la política de becas

El Gobierno fijará las tasas académicas de las universidades públicas, y el Ministerio de Educación y Ciencia será quien determine la política de becas, créditos y ayudas al estudio, según se establece en el artículo 23 del proyecto de ley orgánica de Autonomía Universitaria, último de los dictaminados ayer por la comisión de Educación del Congreso, que continuará sus trabajos sobre este proyecto el martes.

La redacción de los cuatro apartados de este artículo, fruto de enmiendas transaccionales de UCID y PSOE, contó con la oposición de las minorías nacionalistas y del grupo comunista, aunque por diferentes motivos. Ignacio Aguirre, del Grupo Parlamentario Vasco, defendió sin éxito una enmienda que intentaba reservar al gobierno de las comunidades autónomas la potestad legislativa en materia de tasas y de becas cuando se trate de sus propias universidades. Carles Gasóliba, portavoz de la Minoría Catalana, llevó la objeción del representante del PNV al ámbito concreto de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, recordando que en la misma se les atribuye la potestad de señalar las tasas de los servicios a ellas transferidos.Por su parte, la diputada comunista Eulalia Vintró propuso un texto que preservase al mismo tiempo la potestad del Estado y de las comunidades autónomas en esta materia, pero volcó todos sus argumentos sobre este artículo en favor de una redacción que atribuyese a los legisladores la regulación de los criterios para la fijación de las tasas, dejando al Gobierno la fijación de la cuantía en cada momento.

En defensa de la posición de la enmienda transaccional socialista intervino Alfonso Lazo, quien argumentó a favor de un texto que, en su opinión, es congruente con la defensa del principio de igualdad de oportunidades; supera la primitiva idea del Gobierno de que las tasas deberían tender a cubrir los costos reales de la enseñanza, y deja suficientemente claro que los incrementos que aquéllas experimenten en el futuro no van a implicar la reducción de las subvenciones del Estado a sus universidades, como ha estado sucediendo a lo largo de los últimos años.

Por su parte, el portavoz centrista Gómez Angulo, que calificó este artículo como uno de los más importantes de la ley, dejó "expresa constancia de que está en la ideología de nuestro grupo el que las tasas deben tender a cubrir los costos reales de la enseñanza", y dio a entender la posibilidad de defender en el pleno la incorporación de esta idea, que, por otra parte, no debe significar que todos los estudiantes tengan que abonar las mismas tasas, y de ahí que se esté por una política de becas, créditos y ayudas que garantice la igualdad de oportunidades.

El artículo 23 es el cuarto de los que integran el título tercero de la ley, que regula el régimen económico de las universidades y cuya redacción cabría calificar como provisional, a tenor de las manifestaciones de los portavoces de los dos grupos mayoritarios coincidentes en valorar la trascendencia de este título y la perfectibilidad del mismo. Ambos anunciaron, ante la perplejidad del grupo comunista, según la textual expresión de su portavoz, la posibilidad de revisar con detenimiento este título en el trámite del Senado.

El debate sobre el artículo que regula los departamentos universitarios, reprodujo en parte el mantenido en la sesión del miércoles sobre si los directores de estas entidades deben ser o no catedráticos. Los socialistas no lograron que prevaleciera su propuesta de que este cargo se atribuya a los profesores permanentes. La victoria de la tesis centrista, favorable a los catedráticos, estuvo compensada por la promesa de su portavoz, Antonio Fontán en esta ocasión, de mantener, cuando la comisión estudie el título sobre el profesorado, el criterio de exigir la máxima dedicación a la universidad para todos los profesores que hayan de ostentar cargos unipersonales.